Camisea: mendigando lo nuestro

Por Humberto Campodónico

El decreto supremo publicado ayer, disponiendo el abastecimiento de gas del Lote 88 para la Región Sur, así como las cartas cursadas en los últimos días entre Perupetro y el Consorcio Camisea, establecen con certeza que ha tocado fondo el ordenamiento jurídico establecido a partir de la Ley 26221 de 1993.

En las últimas semanas, sin embargo, quien ha estado negociando es el ministro de Energía y Minas, pero también ha “metido su cuchara” el Primer Ministro. Hace unos días por fin apareció Perupetro dando su interpretación del contrato, conminando al contratista a ampliar la cantidad de reservas de gas del Lote 88 destinadas a abastecer al mercado interno.

Pero anteayer, en Arequipa, el Presidente de la República dio “la noticia” de que un flamante decreto supremo, el 068-2009-EM, “establece la obligación del contratista del Lote 88 de abastecer la demanda del sur del país con un volumen de reservas no menor a un trillón de pies cúbicos de gas natural” (Art. 1).

Todo parece indicar que este DS pretende “bajar la tensión” en las regiones sureñas, que ahora pueden demostrar el “éxito” de sus gestiones. En verdad el DS patea el problema al próximo gobierno pues dice que el MEM “le comunicará al contratista en su debida oportunidad la fecha a partir de la cual se iniciará el suministro, tomando en cuenta la demanda y la infraestructura de transporte correspondiente”. Faltan por lo menos 3 años para esa “debida oportunidad”.

Lo mismo sucede con la reciente carta de Perupetro al consorcio del Lote 88 donde se dice que, de acuerdo al acápite 5.11 del contrato, las reservas que se deben destinar al mercado interno son 6.63 TCF y no los 4.631 TCF del Informe de Reservas Gaffney Cline. En otras palabras, Perupetro le dice al consorcio Camisea que al Perú le corresponden dos (2) TCF adicionales.

Si bien algunos pueden considerar un “logro” que el mercado interno tenga “alguito más” de reservas, lo que se pasa por alto es que en el contrato del 2000 el 100% de las reservas del Lote 88 (que revirtieron gratis al Perú) eran para el mercado interno. Este contrato fue renegociado ilegalmente en enero del 2006 (Alan García dice que hubo delito) lo que permitió que se exporten sus reservas.
No se trata, entonces, de mendigar las reservas del Lote 88, actuales y futuras. Se trata de anular la renegociación del 2006 y regresar al contrato del 2000. Está en juego el desarrollo energético en el largo plazo, cuestión estratégica fundamental en el siglo XXI.

El problema de fondo es que la política energética debe trazarse objetivos de largo plazo –por lo menos 20 a 30 años– que permitan la puesta en marcha de la matriz energética que mejor satisfaga el desarrollo nacional. Pero ese plan no existe porque la Ley 26221 le deja el campo libre a “las fuerzas del mercado”, lo que significa que en el campo energético la voz cantante la llevan las empresas privadas, que “hacen negocios” con nuestros recursos, pero cero de planificación energética.

Como no se toma el toro por las astas para modificar esa política, lo que pasa por recuperar la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, el negociador ministro de Energía y Minas consigue 150 millones de pies cúbicos diarios por aquí para tapar un hueco y por allá consigue que “no se exporte gas del Lote 88 por 5 años”.

De su lado, Perupetro pide 2 TCF más del Lote 88, pero sin cuestionar que siguen vigentes los cambios ilegales del 2006 que establecen que esas reservas se pueden exportar –a precio vil– dejando al mercado interno sin el gas que se necesita.

Por eso, todo lo hasta ahora “negociado” son solo parches que no van más allá del corto plazo y que apuntan a decir que el problema “se está solucionando” cuando eso no es cierto. ¿Hasta cuándo?

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