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Jon Cordero
El precio de la luz bate récords históricos prácticamente a diario en España. Este jueves se pagan en el mercado mayorista, donde las distribuidoras «compran» la energía eléctrica, 188,18 euros por cada megavatio/hora, el precio más caro de la historia un día más, un 9 por ciento más que el día anterior, también récord histórico, y un 33 por ciento más que hace una semana.
El precio enfila la barrera psicológica de los 200 euros y queda ya lejos la tarde del 24 de enero cuando se superaron los 100 €/MWh (euros/megavatio hora).
La cuestión tiene consecuencias directas para los ciudadanos, abre los programas informativos del país desde hace semanas y se convirtió en tema central de la agenda en este comienzo del curso político.
EL ORIGEN, EL GAS
El origen de esta escalada de precios está en la subida de los precios del gas en los mercados internacionales y el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español.
Para establecer los precios del mercado mayorista español se celebra diariamente una subasta en la que se fijan los precios del día siguiente. Esa subasta está formada por todas las fuentes de energía disponibles en el país. En un primer momento se echa mano de las energías más baratas, las renovables, que se generan prácticamente a un coste cero.
El hecho de que este verano fuera especialmente escaso en la generación de viento llevó a que los molinos repartidos por toda la geografía española surtieran de menos energía de la esperada. En caso de que las renovables no cubran la demanda, se recurre a otras fuentes de energía que precisan gas para generar electricidad, como por ejemplo las centrales de ciclo combinado.
El sistema, tal y como está establecido, paga a todos los ofertantes el precio de la última fuente de energía a la que haya habido que recurrir y es ahí donde viene el problema: estas «últimas» energías utilizan gas y los precios del gas están disparados.
Según se informa en el último boletín de la asociación Gas Industrial, que agrupa a los consumidores industriales de esta materia prima, «la primera semana de este septiembre 2021 los mercados ya han superado los 58€/MWh. Y hoy —refiriéndose a este jueves— nuevamente hemos batido otro récord con ¡69,58 €/MWh!», enfatizan.
Su presidenta, Verónica Rivière, reconoce en conversación con la agencia Sputnik que «son unos precios nunca vistos» y que la situación se está viviendo «con preocupación», pese a que se espera que «sea puntual, simplemente un momento crítico de tensión», según explica.
Una opinión avalada por los precios de las compras que se están haciendo estos días por los consumidores industriales para el año que viene que rondan los 40 €/MWh, algo que para Jorge Sanz, el director en España de la consultora internacional Nera, hará que la situación no sea «tan dramática, pese a que este nivel es ya ligeramente superior al nivel medio de los últimos años».
EL GOBIERNO INTERVIENE
Dado el malestar generado entre la ciudadanía por los efectos que estas subidas vienen teniendo desde hace meses en la factura eléctrica, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adelantó el pasado lunes, en una entrevista en horario de máxima audiencia en la televisión pública, una serie de medidas que se hicieron efectivas en el Consejo de Ministros de la mañana siguiente.
La principal maniobra consiste en reclamar a las eléctricas los beneficios que obtienen por acabar vendiendo energía más barata al precio de la más cara, dado el sistema de fijación de precios español. Se los conoce con el eufemismo «beneficios caídos del cielo» y corresponden al otro apartado que hace subir el recibo: la tasa por emitir CO2.
Las energías más caras emiten CO2 en su generación y deben pagar por ello una tasa de naturaleza europea por contaminar, una tasa que va incluida en el precio. Un precio que cobran todas las energías, emitan o no CO2 y ahí es donde aparece el Gobierno para «detraer», usando su terminología, ese dinero a las no emisoras.
Con este presupuesto, el Gobierno español pretende limitar el precio del gas, o «toparlo», como afirmó el presidente del Gobierno, y blindarlo frente a los precios altos que se mantendrán este invierno.
Ambas medidas estarán vigentes en los dos próximos trimestres, cuando se prevé que el gas permanezca en precios altos, y desde el Gobierno se apeló a la urgencia de la situación. Además, se aprobaron una serie de reducciones o eliminaciones de impuestos que afectan al recibo de la luz.
AVISO DE LAS NUCLEARES
En la tarde de ese mismo martes, el Foro Nuclear, la asociación que representa los intereses de la industria nuclear española, emitió un duro comunicado en el que ponía sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares, en caso de que saliera adelante la medida referente al CO2, que se tramita por vía de urgencia.
Las centrales argumentaron que «la excesiva presión fiscal» que soportan, junto con los «3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035» en un escenario de precios a la baja les llevaría a «su inviabilidad económico-financiera y (…) al cese anticipado de la actividad».
Las nucleares no emiten CO2, pero contaron para diseñar sus inversiones futuras con los ingresos que supone en el precio de la electricidad el pago de sus derechos de emisión, los famosos «beneficios caídos del cielo». Según datos del Foro Nuclear, las cinco centrales españolas que suman siete reactores, generan cada año más del 20 por ciento de la electricidad consumida en el país.
El analista Jorge Sanz, que presidió en 2018 la Comisión de Expertos de Transición Energética, comenta en conversación con la agencia Sputnik que «si de hoy al final de vida de la planta, el margen de explotación que quede no es suficiente para recuperar esas inversiones, lo razonable es que las empresas no las hagan» y añade que, en caso de que no hicieran esas inversiones, fundamentalmente en sistemas de seguridad, «no hace falta que cierren, el Consejo de Seguridad Nuclear no las va a dejar funcionar (…) La posibilidad de que eso ocurra es real», señala.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró el comunicado del Foro Nuclear como una «primera reacción en caliente» y se dio unos días para hablar con las operadoras de las centrales, las compañías eléctricas, que comienzan a ser señaladas por la ciudadanía como las culpables de la situación, dados sus altos beneficios.
Habrá que ver cómo resuelve finalmente el Ejecutivo español este complejo asunto que ha pasado a ocupar buena parte del debate público y que podría ser uno de los que más pese en los futuros sondeos de intención de voto.
Con información de Sputnik
