Exportación de gas sin riesgo

Por: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

Si tenemos en consideración que las reservas de gas natural y líquidos fueron descubiertas en años anteriores por la transnacional anglo holandesa Shell, las referidas al lote 88 datan de 1984 y recién se explotan comercialmente desde agosto del 2004; las reservas del lote 56 también descubiertas por la Shell datan de 1999-2000, cuyos líquidos de gas natural se extraen comercialmente desde setiembre del 2008 mientras el gas natural extraído se reinyecta. Podemos afirmar por tanto que el proyecto de exportación del gas licuefactado con el gas proveniente de los lotes 56 y 88 no ha asumido riesgo alguno que justifique las altas utilidades por obtener de la exportación a México.

En términos absolutos no es el caso en el proyecto de exportación de gas natural licuefactado hacia México, por más importantes que sean los montos de inversión. Las reservas de gas natural de los lotes 88 y 56 que representaron fuertes inversiones de riesgo en las inversiones de exploración fueron asumidas por la Shell, que al retirarse del país transfirió las reservas, instalaciones y equipo al Perú.

Por ello, en 1998 el ex presidente Alberto Fujimori decía ante el retiro de la Shell-Mobil que “el Perú era 500 millones de dólares más rico”. En tal sentido, las modificaciones legales y el propio contrato del lote 56 firmado en el 2004 para justificar la exportación, es propio del comportamiento rentista identificado con el mercantilismo. ¡Se esperan grandes utilidades sin asumir riesgos, gracias a la cercanía del poder del Estado!

Siempre hemos sostenido que debiera ser política de Estado en materia de energía propender a la autonomía energética, fomentar la eficiencia con precios relativos racionales que fomenten la inversión privada, con la mayor responsabilidad ambiental y social. A este respecto también sostenemos que el explosivo crecimiento de la demanda interna de gas natural tiene su explicación en la baratura de su precio, que no debiera ser justificación para un uso irracional y el despilfarro en la generación de electricidad en plantas de generación de ciclo simple.

Por ello, esta debiera ser una oportunidad para sincerar los precios extremadamente bajos del gas natural proveniente del lote 88, por un mecanismo más eficiente que permita su preservación, uso racional, mayores regalías para el fisco y por tanto más canon gasífero para el Cusco y FOCAM para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Región Lima, y Ucayali.

En tal sentido, la subasta en la compra/ venta del gas natural proveniente del lote 88 y otros podría ser un mecanismo válido pero insuficiente sino se aseguran las reservas del referido lote para el mercado interno hasta el agotamiento comercial de las mismas. Por ello, un límite de cinco años para no utilizar las reservas del lote 88 en la exportación demostraría una “tibia negociación” del gobierno ante el gran poder de las transnacionales.

Hemos afirmado también que constituye un generoso subsidio para las empresas eléctricas que utilizan el gas barato de Camisea como también  las industrias que queman el gas en sus hornos y calderos. De allí la necesidad de sincerar los precios del gas natural, para superar las distorsiones en los precios relativos que encarecen proyectos alternativos como la generación hídrica y eólica. Al margen que el gas del lote 88 en algún momento se agotará, de allí la necesidad de fomentar la actividad exploratoria para incrementar las reservas probadas.

Siempre hemos sostenido que las reservas del lote 88 debieran estar destinadas al mercado interno pues constituye nuestra garantía de autosuficiencia energética, pero no para que sea malbarateada a precios bajos. Si bien en la presente coyuntura el referente del precio internacional, el Henry Hub, está deprimido por debajo de los 3 dólares el millón de BTU en razón de la recesión norteamericana, el promedio en el 2008 estuvo por los 9 dólares el millón de BTU. Mas incluso a ese precio no resultaría conveniente para el país en razón que los costos (Net Back) son absolutamente manejados por las empresas interesadas.

En tal sentido, somos críticos de la exportación de gas natural hacia México como somos críticos de la exportación de materias primas como la minería con un mínimo grado de elaboración, con poco o nada de valor agregado. Sin embargo, no se puede desconocer que el proyecto de exportación de Perú LNG es un proyecto importante desde el punto de vista de la inversión, más de 3,700 millones de dólares que en principio debiera “caminar” con sus reservas propias provenientes del lote 56.

El “gran embrollo político y social” del gobierno está en la debilidad en la negociación con las empresas transnacionales, algo que reproduce en el pasado Jorge Bravo Bresani en su ensayo “Gran Empresa Pequeña Nación”. Donde lamentablemente la política energética en el Perú en última instancia está bajo responsabilidad de las empresas transnacionales, y el Estado está a merced de una serie de lobbys que han hecho uso y abuso de la normativa para favorecer un proyecto de exportación que debió asumir sus compromisos de inversión con las reservas de gas descubiertas por las propias empresas interesadas: Repsol/YPF, Hunt Oil, SK de Corea y Marubeni.

Lo razonable es que las exportaciones de gas natural licuefactado se lleven a cabo con las reservas del lote 56 casi 2 trillones de pies cúbicos de gas natural, más las reservas del lote 57 operado directamente Repsol/YPF, donde en enero del 2010 se debieran confirmar más de 2 trillones de pies cúbicos como reserva. Esta sería la lógica capitalista, lo otro es puro mercantilismo, pillaje y rentismo que el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA) debe corregir.

Si se tiene presente que las empresas que resultan accionistas en el lote 88 y 56 son mayoritariamente  las mismas que están en el Consorcio Perú LNG y también en el gaseoducto algo parecido a la tríada cristiana del “padre, hijo e espíritu santo” lo que debiera interesar es el principio de la realidad. De allí que desde el punto de vista jurídico sólo sea una formalidad afirmar que el Consorcio Perú LNG no tiene ninguna relación contractual con el Estado peruano.

La seguridad y autonomía energética del Perú no pueden depender de las decisiones de empresas transnacionales que seguramente tienen un mayor poder económico que el propio Estado pero que alimentan el radicalismo político a la boliviana, de allí la necesidad de superar una “tibia negociación” para garantizar la gobernabilidad y democracia.

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