Por Humberto Campodónico
La quimera de la integración energética de los países sudamericanos, y de toda América Latina y el Caribe, siempre ha estado presente. Quizá el punto inicial más avanzado fueron los proyectos hidroeléctricos binacionales de Salto Grande (Argentina-Uruguay), Yacyretá (Argentina-Paraguay) y la hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú (Brasil-Paraguay). A principios de los 70, el Grupo Andino se planteó la integración eléctrica, pero todo quedó en intenciones.
Esta fue la Iniciativa Energética Hemisférica (IEH), lanzada en 1994 en la Cumbre de Miami. Su planteamiento era bastante simple: de un lado, los países latinoamericanos tienen enormes reservas de hidrocarburos pero carecen de la capacidad de inversión para desarrollarlas.
De otro, EE. UU. tiene que importar hidrocarburos (de fuentes “inseguras”, como los países árabes) para satisfacer su consumo, por lo cual está deseoso de financiar la expansión de la producción latinoamericana. Parafraseando a Monroe, diríamos: el petróleo americano para los americanos.
El vehículo para lograrlo sería el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que en su Agenda incluía medidas para promover la desregulación, la privatización de las empresas estatales, la apertura comercial y la libre circulación de servicios energéticos.
Sucedió, sin embargo, que la privatización no llegó al sector petrolero de los países más importantes, pues ninguno aceptó perder la renta petrolera: México, Venezuela y Brasil (en ese orden), seguidos de Colombia y Ecuador. Las excepciones fueron Argentina, Bolivia y Perú. Sucedió, también, que las crisis financieras del sudeste asiático, seguidas por Rusia, Brasil y Argentina dejaron en claro el fracaso del Consenso de Washington, lo que tuvo su correlato en el abandono de la IEH, ya desde el 2001.
Desde entonces los Estados han tomado mayor protagonismo, como lo demuestran los acuerdos energéticos de la Comunidad Sudamericana de Naciones del 2005 y sus ratificaciones posteriores. La cuestión es que existen enfoques divergentes, como lo demuestra la iniciativa de Venezuela para formar Petroamérica, es decir, la unión de todas las empresas estatales, lo que no ha prosperado. También han “regresado” algunas iniciativas binacionales, como el Tratado de Integración Energética Perú-Brasil (que incluye la varias centrales hidroeléctricas, entre ellas, Inambari).
También han aparecido “nuevos actores” energéticos, como los biocombustibles (cultivo de caña de azúcar para el etanol), apoyados por Lula y Bush desde el 2006, pero criticados por Chávez. El mayor objetivo de EE. UU. es abastecerse de etanol producido en la Región, lo cual ya está siendo promovido por varios gobiernos de la Región, incluido el Perú.
Otro actor es la importación de Gas Natural Licuado que ha desplazado la integración vía gasoductos (hubo un evidente fracaso entre Argentina y Chile). Ya existen plantas de regasificación en México, República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile. Pero en verdad estos son simples acuerdos de suministro pues el gas se importa de Qatar, Egipto Noruega y Nigeria. El único país de América Latina que exporta GNL es Trinidad y Tobago, al que se sumará Perú este año, cuando exporte el gas de Camisea (dejando de abastecer la demanda interna; increíble).
Hacen falta nuevos marcos regulatorios, armonización de políticas de precios y claros compromisos entre la inversión privada y la estatal para promover la integración energética regional. De otra manera, el panorama seguirá como está ahora: sombrío y difuso.
(1) Las negociaciones internacionales del sector energético y sus implicancias para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2009. www.cepal.org.
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