La captura del regulador: el Shinno no dijo la verdad

Contaminación minera,  río de Moquegua

Jorge Manco Zaconetti

El martes 15 de setiembre pasado se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que preside la diputada Yenifer Paredes de “Juntos por el Perú”, el ministro del sector, Ing. Guillermo Shinno Huamaní, que es todo un caso representativo del fenómeno de las “puertas giratorias” en el poder; donde de ser funcionario de Estado, desde el 2001 hasta febrero del 2017; pasó a ser gerente general de la Mra. Aruntani del grupo minero de Guido del Castillo, importante productor, exportador de oro con graves denuncias de contaminación ambiental, para ser luego ministro de Energía y Minas desde el 28 de julio de 2026 en el gobierno de la Sra. Keiko Fujimori.

Es decir, el Ing. Shinno es un hijo putativo de la “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” en un régimen que he denominado como el gobierno del Gran Capital, en especial en la minería, donde se están aplicando las políticas punitivas y de destrucción del capital contra la llamada “minería informal e ilegal”, las mismas que fracasaron desde el 2012 cuando fue viceministro de Minas por más de cinco años; es más, fue el responsable del cuestionado REINFO, el llamado “Registro Integral de Formalización Minera” durante el gobierno de PPK, que ha resultado todo un fracaso, que ha sido prorrogado varias veces pues no resuelve el problema principal.

Contaminación de minera Aruntani, Moquegua

En su presentación ante el Congreso de la República señaló que la situación de los inscritos en el REINFO constituyen 31,572 expedientes, de los cuales se han formalizado apenas 2,343; sin embargo esta realidad deja fuera a miles de pequeños productores artesanales y productores de las comunidades que explotan yacimientos auríferos, con altos índices de contaminación, inseguridad e informalidad.

Es más, se debe recordar que cuando el ministro del sector era el inefable Jorge Merino Tafur el gran responsable de la errática privatización de Centromín Perú 1996/1997, otro representante de las “puertas giratorias” durante el gobierno de la corrupta “pareja presidencial Humala $ Heredia”, el viceministro de minas era el Ing. Shinno Huamaní donde se publicaron una serie de Decretos Legislativos como N.º 1100 del 18 de febrero de 2012 donde se declaraba de necesidad pública y de interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal.

Con la evidencia de la realidad los objetivos perseguidos en esta norma de febrero del 2012 no fueron alcanzados a pesar que los precios internacionales del oro eran de US $ 1,669 dólares la onza, lejos de los precios promedio de enero/julio del 2026 que llegaron a ser de US $ 4,579 dólares la onza. Si la producción de minería “informal e ilegal” se incrementa se explica por la falta de reconocimiento de las leyes del mercado y la acumulación del capital. El incentivo perverso del precio internacional del metal amarillo supera cualquier regulación y persecución punitiva.

Al respecto recuerdo que la producción aurífera de Madre de Dios declarada ante el ministerio de energía y minas superaba en el 2012 las 500 mil onzas, para años después disminuir a menos de 90 mil onzas anuales, lo cual supone que importantes volúmenes del metal amarillo fugaban a Bolivia y Brasil.

También cuando el Ing. Shinno era vice de Minas se promulgó el Decreto Legislativo 1101 que establecía medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo contra la minería ilegal. Por el contrario, la contaminación de la minería formal e ilegal aumentó. De allí los graves pasivos mineros, entre ellos del grupo privado de Guido del Castillo y herederos.

Es más, como si la interdicción contra la llamada minería “informal e ilegal” no fuera suficiente, se promulgó el Decreto Legislativo 1102 del 24 de agosto del 2017 que incorpora al Código Penal los Delitos de Minería Ilegal. Al igual que todo lo anterior asimilar las actividades de la minería “informal e ilegal” al Código Penal de poco ha servido. Por el contrario, las diferencias entre los volúmenes de las exportaciones auríferas registradas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y los volúmenes de oro declarado ante el ministerio de energía y minas, son cada vez más divergentes.

En el largo historial, después de agosto de 2017 al servicio del sector privado, como gerente general de la empresa minera del Grupo de Guido del Castillo, que tiene una serie de empresas vinculadas como Utunsa Minas SAC; Anama Valeria SAC; Apumayo Mines SAC; Anabí SAC; Apumayo SAC; Anubia SAC; Rillo SAC. Por ello señalamos que una Nueva Ley General de Minería debe incorporar la definición de Grupo Económico para una lectura realista de la contribución minera, pues con las empresas vinculadas y relacionadas se licuan los excedentes y reales utilidades, y se abonan menores impuestos. ¡Es decir, todo queda en familia!

Las empresas del Grupo de Guido del Castillo, que tiene como empresa de bandera a la minera Aruntani, tiene graves acusaciones fiscales de contaminación de los ríos en las alturas de Puno, Moquegua y Arequipa. En especial en la cabecera de cuenca del río Tambo a más de 4,000 metros de altitud, son recurrentes el vertimiento de aguas tóxicas. Al respecto existen varias denuncias de la OEFA el Organismo de Evaluación Ambiental creado en el 2008, curiosamente creado por la presión del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica antes de la firma del Acuerdo del Tratado de Libre Comercio.

La suelta de aguas tóxicas aguas arriba del río Tambo explica en parte la oposición de la población del valle del Tambo al proyecto “Tía María” que se está levantando a una menor altitud, con las medidas de seguridad ambiental por parte de la Southern Perú Copper Corporation (SPCC); pero el problema persiste ante la debilidad de la fiscalización ambiental.

Ello se agrava con el nombramiento como ministro del sector a un ex gerente general de la Mra. Aruntani.

INSEGURIDAD ENERGÉTICA
En verdad, en la parte de hidrocarburos el ministro Shinno Huamaní sorprendió a los miembros de la Comisión de Energía y Minas, pues presentó un listado de contratos de explotación que no producen un barril de petróleo ni una molécula de gas natural. En verdad, como expresión palmaria del proceso de privatización de PetroPerú desde 1992 pero sobre todo con la entrega de los lotes X de Talara y 8 de la selva nororiental, en el país se explotaban un promedio de 125 mil barriles diarios, y en el 2025 el promedio de la producción de crudo estuvo por debajo de los 40,000 barriles diarios.

Por tanto, en el presente el mercado de combustibles en el Perú se satisface con un promedio de 300 mil barriles diarios fuera de los 1,100 millones de pies cúbicos diarios provenientes de los lotes 88 y 57 del Gran Camisea. Por tanto con una producción interna menor a los 40,000 barriles diarios, prácticamente más del 92 % de los derivados del petróleo que se consumen es importado, es decir se compra en exterior sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Planta de Camisea

Por ello resulta una burla que presente a los lotes 39, 67, 192, y 64 todos en la Selva Norte, que tendrán contratos de explotación pero de los cuales no se extraen ni un barril de crudo. En el caso del los lotes 39 y 67 donde la empresa francesa Perenco se retiró en octubre del 2022 por fuerza mayor a pesar de encontrar reservas comerciales a los precios actuales.

En el caso de los lotes 192 y 64 fueron lotes transferidos a PetroPerú que tuvo que asociarse en el lote 192 con una empresa pirata denominada Altamesa que tenía el 60 % de participación en dicho lote, pero al no tener los capitales suficientes ni poder cumplir con los compromisos de inversión hizo abandono de las operaciones de manera intempestiva, dejando a sus trabajadores impagos, y proveedores y las deudas y arrugas por más de US $ 60 millones de dólares las tuvo que asumir PetroPerú.

El caso del lote 64 fue transferido a PetroPerú por la canadiense Talismán Energy que descubrió crudo de alta calidad por más de 40 millones de barriles como reservas, pero que en el 2014 hizo abandono el lote.

Luego pasó por allí GeoPark con el 75 % de participación y el restante 25 % para PetroPerú. Pero también se retiró del referido lote.

Pero lo más grave es lo que acontece con el lote 58 bajo responsabilidad de la empresa estatal china CNPC, que todavía no extrae una molécula de gas natural, pues se proyecta que recién en noviembre de 2026 inicie operaciones comerciales utilizando las instalaciones del Campo Malvinas, enajenando las reservas de gas natural más de 4 trillones de reservas al denominado Gasoducto del Sur o SITGAS. Es decir, el Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna no gozarán del consumo vía gasoductos del gas natural.

Desde junio de 2004 en que empezó la explotación comercial de Camisea al 2025 se han consumido casi 5 trillones de pies cúbicos de gas natural del lote 88, un gas natural que tiene precio regulado, es decir barato. En cambio, el gas natural del lote 57 donde la transnacional Repsol es la operadora, y que apuntala el proyecto de exportación de Perú LNG y a futuro del lote 58 reforzarán el proyecto de exportación dejando de lado el abastecimiento del mercado interno que solamente cuenta con las reservas del lote 88 que están consumiendo sin la reposición debida.

Tanto el gas natural de los lotes 57 y 58 al margen de abonar una tasa de regalía del 5 % a diferencia del lote 88 que paga el 37.24 % de regalías con precios regulados; el gas natural de los 57 y 58 tienen pactados en sus contratos precios del gas natural fijados por la oferta y demanda; es decir sus precios los fija el mercado que en la presente coyuntura mundial están presionados al alza.

Si se tiene conocimiento de que las reservas de gas natural del lote 56 dedicado a la exportación del gas naturallicuefectado (gas natural convertido en líquido) bajo responsabilidad del Consorcio Perú LNG se han agotado prácticamente y sus reservas no han sido repuestas, un promedio de 2.1 trillones de pies cúbicos, se han consumido; se infiere que las reservas de gas del lote 57 y 58 reforzarán el proyecto de exportación en detrimento del mercado interno, del abastecimiento al Gasoducto del Sur y dejando de lado las posibilidades de desarrollar la petroquímica básica para obtener un mayor valor agregado, transformando el gas metano con la producción interna de urea para la agricultura y nitrato de amonio como explosivo.

Se impone una negociación estratégica con las empresas transnacionales que están en los lotes 88, 56, 57 y 58 en el Gran Camisea, para descubrir nuevas reservas de gas natural, pues las reservas del lote 88 solamente aseguran el consumo para los próximos 12 años a lo mucho ¡El Perú no puede repetir el síndrome de Bolivia que no tiene gas natural ni para el propio consumo!

Diario Uno, 19.09.2026