Las protestas ocurridas en las semanas precedentes en la provincia de La Convención (Cusco), no son más que un síntoma de la molestia que se extiende por el sur del país en relación a las reservas de gas. En la artificiosa distinción entre reservas “probables” y “probadas”, causa preocupación que sean éstas las destinadas a la exportación, sin claridad de cómo se resolverá la demanda del mercado interno. Aunque el oficialismo haya calificado como inviables los pedidos de los cusqueños, lo cierto es que la protesta tiene un trasfondo mayor que al gobierno le cuesta reconocer: la cómoda venta de recursos naturales a favor de las transnacionales.
Mientras al gobierno peruano le cuesta fijarle al empresariado los requisitos de una participación responsable en la actividad extractiva y energética —bajo la desgastada excusa de no ahuyentar la inversión— somos testigos de cómo diversas economías extractivas en el mundo asumen como algo lógico y necesario fijar impuestos a las sobreganancias de las empresas mineras, petroleras y gasíferas, tendencia que es respaldada hasta por el Fondo Monetario Internacional, aunque nuestros “liberales” locales se empeñen en hacer aparecer esta demanda como una bandera “antisistema”.
Este problema cobra hoy fuerte actualidad, puesto que estamos en el último año de vigencia del “aporte voluntario” que realizan las empresas en virtud del acuerdo con García, que, una vez en el poder, dejó de lado su promesa de candidato respecto a gravar las citadas sobreganancias. Con un par de proyectos por ventilarse en el Congreso de la República, el poderoso lobby minero ya se encuentra en acción, mientras los principales voceros del gremio han iniciado su campaña a favor de la idea de renovar este acuerdo con el Estado.
La ambigua posición del gobierno frente a los empresarios contraste con las cerradas posiciones con las que enfrenta las movilizaciones ciudadanas alrededor del gas. Sólo tras dos semanas de paralización el gobierno se comprometió a asegurar algo tan elemental como homologar con las tarifas de Lima el precio del balón de gas doméstico en la provincia de La Convención. Sólo tras enfrentamientos entre pobladores y policías el gobierno aceptó dos de las legítimas demandas del Frente de Defensa: que se construya la planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato y que se instale una comisión técnica que busque una ruta alternativa para el ducto que pretendía atravesar el Santuario Natural de Megantoni. Sólo en la profusa imaginación del Premier Velásquez Quesquén quienes levantaban estas demandas podían ser tomados como tontos útiles, manipulables por fuerzas políticas “externas”.
¿Sacará lecciones el gobierno de este legítimo levantamiento ciudadano? ¿Hará público su compromiso de no exportar los recursos del lote 88? Desde ya, respecto a este último punto, está advertido de que ya existe una convención y convicción en la Macro Región Sur.
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