Los constantes aplazamientos de parte del gobierno para reactivar la construcción del gasoducto sur, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), han dado sus frutos: una incontenible indignación que se hará visible este 6 de junio con una protesta masiva en el sur.
En una de sus últimas declaraciones en Moquegua, el presidente Martín Vizcarra anunció que están viendo la forma de separar la parte legal (que aparentemente tiene entrampado el proyecto) con la parte técnica y económica. Al finalizar, confirmó los rumores que hace tiempo vienen circulando por esta parte del país «…hay fuerzas que se oponen a este tipo de proyecto».
¿Quiénes se oponen? ¿Por qué? Podemos ensayar varias respuestas; pero primero hagamos un breve repaso de las idas y venidas del proyecto. En el 2008 se otorgó la concesión a Kuntur Transportadora de Gas por US$ 1330 112 124. En el 2011 Odebrecht compra Kuntur y el 2012 se declara caducado el contrato de concesión. En el 2013 ProInversión la vuelve a licitar, pero ahora por US$ 3600 millones, y en el 2014 se adjudica por US$ 7328 millones al consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS), integrado por ENAGAS (25%) Odebrecht (55%) y Graña y Montero (20%). Con la explosión del caso Lava Jato, en el 2017 se resuelve el contrato por incumplimiento financiero y se da por terminada la concesión. El consorcio GPS pagó una penalidad de US$ 262 millones por incumplir con el cierre financiero estipulado en el contrato; sin embargo, al siguiente año, al no llegar a un acuerdo con el Estado peruano, ENAGAS optó por plantear el inicio de un arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial por el monto de US$ 500 millones.
Todavía no tenemos muy claro cómo se encareció tanto el proyecto entre el 2011 y el 2014 y, además, afrontamos una demanda por un monto mayor que la primera vez que se concesionó el proyecto. Este sería el entrampamiento legal al que se refiere Martín Vizcarra.
Regresando al tema de las fuerzas que se oponen al proyecto, tenemos que desde el 2012 el Ministerio de Energía y Minas comenzó con la idea de iniciar en paralelo diversos gasoductos virtuales (abastecimiento de gas en cisternas) y desestimó la petroquímica como parte integral del proyecto, quitándole así rentabilidad al propio proyecto. Y ahora mismo, Proinversión ya habría recibido las alternativas de ruta del SIT Gas que le encargaron a la consultora Mott MacDonald para reactivar el proyecto. Así las cosas, es el propio gobierno el que hasta ahora no puede garantizar el respeto por el trazado original, por el sur, y tampoco avalar la construcción de la petroquímica en esta parte del país, a pesar de que diversos especialistas coinciden en que contaríamos con las reservas para ponerla en marcha y que la riqueza de su composición, haría viable su edificación.
Un gasoducto, con la petroquímica incluida, repuntaría el sector industrial del sur y bajaría el costo de vida de los pobladores. El sur sería más competitivo, y eso va contra los intereses económicos de muchos. De allí que durante este tiempo se han publicado diversos artículos de opinión poniendo en entredicho su viabilidad.
Es ante esta situación, que los gremios están llamando a una marcha. Sería pertinente, en estas circunstancias, que los gobernadores regionales del sur se pronuncien, y que las organizaciones civiles y los colegios profesionales del sur (inconsultos hasta ahora) también alcen su voz. Necesitamos con prontitud un cronograma real de la licitación; que se incluya la petroquímica como componente del proyecto, y que el proceso de licitación se realice con participación de especialistas propuestos por los gobiernos regionales del sur peruano para evitar nuevas corruptelas. Tiene que haber, de una vez por todas, una coincidencia entre el discurso público del Presidente y las acciones de todo el aparato estatal en este tema. Es ahora o nunca.
desco Opina – Regional / 31 de mayo de 2019
