A inicios del presente mes, y luego de marchas y contramarchas de algunas bancadas, el Congreso de la República aprobó por mayoría un proyecto de ley que autoriza a Petroperú a ingresar a la explotación del lote 192, que pocos días antes había sido entregado en concesión a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy.
La decisión dividió a la bancada nacionalista, pues un sector de ésta votó a favor de una ley que el Premier Cateriano, la ministra de Energía y Minas y el mismo ministro de Economía habían rechazado previamente. El fujimorismo dio varios bandazos, para terminar finalmente votando a favor, alineándose con su candidata que pocos días antes, y en inocultable cálculo electoral, había manifestado su respaldo a Petroperú. Más allá de esto, es innegable que se está ante una decisión histórica pues por primera vez en 25 años, se autoriza a una empresa pública a incursionar en la explotación de hidrocarburos, rompiendo el molde vigente.
Desde la aprobación de la ley, el gobierno tiene un plazo, que se le está agotando, para promulgarla o no. Las implicancias de su decisión, en cualquiera de sus opciones, abren un escenario complejo e imprevisible, que podría desatar una nueva crisis política. Si el presidente Humala decide promulgar la ley, es altamente probable que su premier y los ministros antes citados presenten su renuncia, precipitando así la caída de todo el gabinete, obligando a una recomposición imprevista, en un contexto en el cual el nacionalismo carece de figuras de peso y pocas personalidades fuera del partido se arriesgarían a ocupar un cargo de tal responsabilidad a estas alturas de la gestión. El menú de opciones es más bien reducido y es muy probable, de ser el caso, que deba apelarse a tecnócratas sin visión política o incluso a aventureros sin escrúpulos, lo que agravará sin duda la desorientación y falta de rumbo en que se encuentra el gobierno.
Si, por el contrario, el Presidente decide no promulgarla, el Congreso dispone del mecanismo de insistencia para hacerlo, superando el veto presidencial. Ello, sin embargo, puede incrementar los enfrentamientos Ejecutivo-Legislativo, y el gobierno corre el riesgo de que el Congreso interpele a sus ministros, rechace sistemáticamente sus iniciativas y se genere una pugna de poderes que podría durar hasta julio del próximo año, agravando la inestabilidad política del país. La otra implicancia de esta decisión tiene que ver con la reacción que el Frente Patriótico de Loreto y demás organizaciones regionales tendrían ante la negativa del gobierno, pudiendo reiniciarse las movilizaciones en Iquitos.
Esta situación es en el fondo producto de la improvisación y desmanejo del Ejecutivo y de la negativa de sus tecnócratas a escuchar las demandas de la población; también expresa los desencuentros con su propia bancada y el oportunismo electoral de ésta y del fujimorismo, que por primera vez desde el 2000 siente que sus posibilidades de acceder a la presidencia son reales.
En estos días, el gobierno ha estado presionado por los medios, y seguramente también por otras vías, para decidir en un sentido u otro. Destacan las declaraciones desde el sector empresarial y la tecnocracia neoliberal, que auguran grandes males para la economía, la inversión privada y el estado de derecho en caso se promulgara la ley. Entre quienes están a favor de la norma, destacan el fujimorismo y algunos congresistas del nacionalismo, que apuestan a mantener o ampliar su futura clientela electoral en la Amazonía, y otros sectores políticos que ven en esta iniciativa un punto de inflexión en el modelo neoliberal. En este grupo también hay que contar a las organizaciones sociales, las autoridades y a un amplio sector de la población loretana, movilizada por expectativas de mantener y ampliar los recursos recibidos del canon petrolero y por un innegable sentimiento nacionalista.
En cualquiera de los casos, el gobierno saldrá más golpeado y desacreditado y la estabilidad política del país afectada. Un tema pendiente es la reacción en Loreto. Hasta hoy, incluso los más decididos partidarios de la ley afirman que Petroperú debería esperar que se cumplan los dos años del contrato con Pacific Stratus antes de ingresar a trabajar el lote 192, pues la Constitución no contempla la rescisión de un contrato con privados a través de una ley. El problema es cómo se entenderá esto en Iquitos y cómo negociará el gobierno la aplicación de la ley.
La salida a este impasse debe ser incuestionablemente política, y debe cautelar no sólo los intereses de la empresa canadiense, evitando así eventuales juicios que obliguen al pago de millonarias indemnizaciones, sino también, las demandas de la población y los intereses estratégicos del país cuyo Estado, durante los últimos 25 años, ha sido visto como una entidad meramente subsidiaria a la cual había que desmontar y mantener en su mínima expresión.
No menos importante será considerar las demandas de las poblaciones indígenas. Más allá de si Petroperú va o no, su exigencia fundamental es la de la remediación ambiental de los destrozos causados por Pluspetrol, pero también en el pasado por Petroperú. Como es obvio, el Estado tiene que darles respuesta, con lo que en sentido estricto tiene dos frentes de problemas que se vinculan, pero no son lo mismo.
desco Opina / 18 de setiembre de 2015
