Por Carlos Miguélez Monroy*
Por un acuerdo extrajudicial, la petrolera holandesa-británica Shell pagará 15.5 millones de dólares como compensación por el asesinato del escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa y otros 14 detractores de la multinacional y del gobierno. Los activistas denunciaban el encubrimiento de violaciones de derechos humanos por parte de la petrolera y daños medioambientales en Nigeria, décimo productor y exportador de oro negro en el mundo.
El acuerdo llegaba días antes de que la multinacional se sentara en un Tribunal de Nueva York. Se le atribuía el aprovisionamiento de armas al gobierno represor y participación en ejecuciones sumarias, torturas y detenciones sin pruebas. Shell niega los hechos y califica el acuerdo de “gesto humanitario” con las familias de los activistas asesinados.
Los demandantes invocaron la Ley de Reclamación contra Agravios contra Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII y que se utiliza cada vez más para llevar demandas a los tribunales norteamericanos por violaciones de derechos humanos en el extranjero.
Hace cinco años, la Corte Suprema fallaba por seis votos contra tres que los extranjeros pudieran llevar a cortes norteamericanas casos relacionados con crímenes contra la humanidad, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Las cortes han abierto el abanico de acusados que pueden aparecer ante las cortes a las grandes corporaciones trasnacionales.
Hasta ahora, ninguna de estas empresas ha sido declarada culpable. Chevron salió indemne de las acusaciones de complicidad por ataques armados contra civiles que ocuparon un depósito de petróleo en protesta contra las políticas laborales y medioambientales de la empresa.
En 2004, la petrolera californiana Unocal fue acusada de esclavitud en la construcción de un oleoducto en Birmania en la década de los ’90, pero todo concluyó con un acuerdo extrajudicial cuyos términos no se hicieron públicos.
El caso Shell también se ha resuelto antes de que llegara a los tribunales, pero se plantea el papel de las multinacionales en casos de responsabilidad por actos ilícitos, como ya queda reflejado en el caso de los Estados. El proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos está pendiente de aprobación. Las grandes corporaciones sólo conocen hasta ahora de códigos de conducta no vinculantes, sin mecanismos que tutelen el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
A algunas de esas empresas se les ha atribuido el apoyo, la participación y el encubrimiento de violaciones de derechos humanos y en atentados contra el medioambiente.
La globalización de los mercados, la liberalización de las economías, así como las revoluciones tecnológicas y de la comunicación, le han dado al Estado, responsable de de proteger y hacer respetar los derechos humanos, un papel cada vez más subsidiario frente a los grupos de poder económico. Las empresas multinacionales cuentan con capacidades adquisitivas que les permiten financiar campañas políticas y presionar en espacios políticos para promover sus intereses, en muchas ocasiones opuestos al respeto de derechos humanos y del medioambiente.
Uno de los ámbitos más desafiantes desde el punto de vista de la responsabilidad internacional lo plantea la privatización de la guerra por medio de empresas como Blackwater, asociada con abusos, violaciones de derechos humanos y asesinatos. La Corte Penal Internacional se creo para que los Estados respondieran por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad de sus fuerzas militares estatales, pero no queda claro quién ni ante quién responden empresas privadas de seguridad.
La justicia internacional estaría en jaque si esos casos se llevaran sólo al terreno del derecho internacional privado, al margen de las instituciones internacionales públicas vinculadas al sistema de Naciones Unidas que los Estados han consentido para buscar la paz.
El problema radica en la confusión terminológica entre ‘paz’ y ‘seguridad’, que justifica el crecimiento exponencial de la industria armamentística para imponer la seguridad y no la paz, fruto de la justicia. Las empresas armamentísticas están detrás de masacres, de violaciones de derechos humanos y de invasiones ilegales en derecho internacional.
La destrucción de las armas abre mercados para empresas como Halliburton, que ganó el contrato estatal para la reconstrucción de Irak tras la invasión norteamericana. Esta sospechosa compenetración entre grandes poderes hace un llamamiento al sistema de Naciones Unidas para debatir sobre la creación de mecanismos ante los que respondan las empresas multinacionales, al margen del poder que acumulen.
* Periodista
ccs@solidarios.org.es
