Jorge Manco Zaconetti
Solamente la ceguera ideológica de PROINVERSIÓN y los perversos intereses privados de terceros pueden estar interesados en la privatización de lo que resta de PetroPerú por medio de la concesión; empresa que al primer semestre de 2026 con menores ingresos por ventas en relación a períodos similares desde 2019 a 2026, ha generado importantes utilidades, salvo el año maldito de la “Crisis del Covid” cuando el valor de la producción de bienes yservicios (PBI) se contrajo en un 11%.
Las utilidades operativas antes de impuestos y otros pagos han sido de US$337 millones de dólares, que han sido posibles de obtener, a pesar que la Moderna Refinería de Talara, el activo
más valioso de PetroPerú ha operado al 50 % de su capacidad, pues sin capital de trabajo ni liquidez suficiente, pues ha sido prácticamente limitada por la intervención indebida de PROINVERSIÓN, amparada en el ilegal Decreto de Urgencia 010-2025, el cual el próximo martes 25 será debatido por el Tribunal Constitucional, pues la misma Defensoría del Pueblo ha considerado su carácter anticonstitucional.
Cómo explicar las utilidades positivas operativas y netas (US$121 millones) en relación con períodos similares de los años anteriores, operando a “media caña” la Moderna Refinería de Talara, en una empresa que tiene un capital de trabajo negativo, es decir, en rojo, de US$1,427 millones, sin acceso al crédito bancario local. Con una grave disminución en su participación en el pequeño pero rentable mercado de combustibles. Esto se debe en razón que las deudas y pasivos de PetroPerú en el corto plazo (1 año) son mayores a los activos corrientes, caja, bancos, cuentas por cobrar entre otros. En realidad, en lospasivos corrientes al primer semestre, que suman los US$2,992 millones, la cuenta más importante es la deuda con los proveedores extranjeros de crudo y derivados como el diésel 2, gasolinas. La arruga por este concepto es de US$793 millones. También le debe a proveedores locales pero la deuda es menor, US$132 millones. De allí, las limitaciones para la compra de petróleo crudo y derivados para abastecer el mercado interno, en especial de la Amazonía.
En verdad, a pesar de operar a “media máquina” pues PROINVERSIÓN no le transfiere los US$2,000 millones de dólares de préstamos privados, de bancos gringos que le hacían a la petrolera estatal durante la gestión del expresidente del directorio Roger Arévalo, préstamo que le costó la renuncia al cargo, pues era un endeudamiento propio de la empresa sin comprometer los recursos fiscales, y se salía del libreto de PROINVERSIÓN.
En el primer semestre de 2026, y sobre todo en agosto, por las tensiones geopolíticas relacionadas con el Estrecho de Ormuz y las bravatas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump por apropiarse de la referida vía, por donde se transporta más del 20 % del petróleo y 25 % del gas natural de la demanda mundial, en especial de Japón, Corea del Sur y Europa. Si a ello se agrega los problemas de la transición energética, la escasez global de suministro y la proximidad del frío invierno en el hemisferio norte; todo ello explica el incremento de los precios internacionales, de la renta petrolera para los países productores, pero también se han disparado los márgenes de refinación.
Ello significa que las refinerías a nivel mundial y en especial en los Estados Unidos de Norteamérica están ganando más que nunca. Incluso para julio y agosto de 2026 los márgenes de refinación, es decir, la diferencia entre el precio del petróleo y los precios de los derivados como el diésel o las gasolinas, están volando incluso por encima de los márgenes de febrero, marzo, abril de 2022 producto de la guerra Rusia y Ucrania.
En los Estados Unidos el margen entre el petróleo crudo y el diésel limpio es de casi US$100 dólares por barril; y el diferencial en el caso de las gasolinas es del 50 %; los márgenes de refinación superan el 60 % algo inusual. Ello explica en el fondo las utilidades obtenidas de PetroPerú, a pesar de operar a “media caña”.
Ello significa también que si el gobierno anterior hubiese apoyado a la petrolera estatal, las utilidades serían mucho mayores y no habrían los problemas de desabastecimiento, sobre todo en la Amazonía y en la región Macro Sur, por la interrupción del transporte de carga.
Por ello el Congreso de la República en su rol fiscalizador debe citar al ministro de Economía y finanzas (MEF) y al ministro de energía y minas (MINEM), en especial la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados sobre las medidas a tomar respecto al alza de precios de los combustibles y las limitaciones del subsidio focalizado en Lima-Callao y en provincias para los tres meses futuros.
¿UN FONDO SIN FONDO?
El ministro de economía y finanzas, Elmer Cuba ejecutivo con licencia de la empresa de Consultoría Macroconsult especializada en el asesoramiento a las grandes empresas, en especial del sector de energía y minas, banca, AFP, gran industria. Es decir, expresión del más puro lobbismo en nuestro país, era de la opinión de reestablecer el “Fondo de Estabilización a los Precios de los Combustibles”, un mecanismo utilizado desde 2004, cuando los precios del petróleo superaban los US$40 dólares el barril. Ahora los precios del crudo se han incrementado como también los márgenes de refinación, con utilidades extraordinarias para las empresas integradas, como la petrolera estatal Ecopetrol de Colombia, que produce más de 700 mil barriles diarios y tiene modernas refinerías. La paradoja es que antes de los años noventa del siglo pasado PetroPerú superaba a Ecopetrol. En la realidad, gracias a la privatización del gobierno de Alberto Fujimori, que fue una transferencia de riqueza desde el patrimonio del Estado para favorecer a las grandes empresas transnacionales y los Grupos de Poder, que Macroconsult representa.
Un análisis serio demostraría que el restablecimiento del “Fondo de Estabilización a los Combustibles” era el instrumento adecuado de política económica para paliar y amortiguar la subida de los precios de los combustibles y su transferencia a los consumidores del país, en especial en las provincias que no se benefician del gas natural de Camisea, como lo hace Lima-Callao y parte de Ica.
En realidad, las refinerías como La Pampilla de Repsol, las importadoras de combustibles como Valero, Pluspetrol Perú Corporation y la misma PetroPerú se han retirado del Fondo de Estabilización, pues el ministerio de Energía y Minas, conjuntamente con el ministerio de Economía y Finanzas, deben a las empresas más de S/ 900 millones de soles.
Ante este incumplimiento de parte del Estado las empresas se han retirado del Fondo de Estabilización y el gobierno de la Sra. Keiko Fujimori ha optado por la opción del subsidio Focalizado, que no será efectivo en razón de la grave informalidad de las actividades económicas en nuestro país. Ello significará mayores conflictos sociales, pues no se tiene un padrón a nivel nacional de los taxistas, mototaxistas, de aquellos que en la selva amazónica se trasladan en “peque peques”, por no mencionar a los cientos de pescadores artesanales, que utilizan combustibles para sus actividades cotidianas.
Las protestas sociales serán tan agudas pues se combinan una serie de factores tales como los efectos del “Fenómeno del Niño”, los recurrentes temblores, cierre de carreteras en la Panamericana Sur, las limitaciones de abastecimiento de PetroPerú en la Amazonía por sus limitaciones financieras; a ello debe sumarse los recortes presupuestales que el Congreso de la República anterior aprobó por medio de leyes que el fujimorismo promovió.
En verdad, el gobierno no tiene una visión global de la crisis energética que sacude al mundo y en especial a los países altamente dependientes de las importaciones del petróleo y de los combustibles como el diésel 2 limpio, el gas licuado de petróleo (GLP) donde la producción doméstica viene en caída libre en razón de una dramática disminución de los líquidos de gas natural (LGN) proveniente de los lotes de Camisea.
En verdad, si hubiese una política de Estado en materia energética los gobiernos en el Perú debieran fortalecer a la petrolera estatal PetroPerú por seguridad energética, en especial en el abastecimiento de la Amazonia y en las provincias andinas gracias a la distribución de sus Plantas de Venta a nivel nacional, que no la tiene la competencia, que privilegia la ciudad capital, la costa y los grandes consumidores como las mineras.
Para ello la Sra. Presidenta de la República debiera saber que el propio ministerio deEeconomía y Finanzas (MEF) con los estados financieros de PetroPerú al 30 de junio del presente año le debe solamente por concepto de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) la friolera de S/ 3,668 millones de soles. Con tales recursos podría comprar petróleo crudo; pagar los adeudos a los proveedores internacionales de petróleo y combustibles.
Pero lo más importante es la disponibilidad de PetroPerú al servicio de las Fuerzas Armadas como fue el conflicto de 1995, en la guerra del Cenepa con el Ecuador, donde la petrolera estatal dispuso de sus instalaciones, y de combustibles para la aviación, los buques de guerra de la marina y del ejército de tierra. De manera similar ante el terremoto de 2007, que sacudió al país con un grado de 7.9 en la escala de Mercalli con la ruptura de las carreteras PetroPerú puso a disposición los combustibles para movilizar por vía aérea la ayuda a los afectados.
Como hemos señalado en anteriores artículos, PetroPerú tiene reservas probadas de petróleo en los lotes 192, y lote 64 en la Selva Nororiental que a un precio conservador de US$80 dólares el barril tiene más de 165 millones de barriles como reservas lo cual determina un valor de más de US$14 mil millones de dólares de riqueza potencial, que más de una transnacional quisiera explotar por el mínimo riesgo que ello conlleva.
Con una política nacional de seguridad energética PetroPerú puede ser socio minoritario de una inversión con una rentabilidad asegurada.
Esta crisis energética se ha de profundizar por una serie de razones y el futuro crecimiento económico del país depende de un abastecimiento seguro y oportuno, que solamente PetroPerú puede asumir, para ello debe tener un directorio profesional con la mínima intervención de los gobiernos de turno, como lo tiene Enap de Chile o Ecopetrol de Colombia.
Resulta inaceptable que un organismo del Estado como PROINVERSIÓN que no tiene la experiencia en la actividad de hidrocarburos adopte las principales decisiones en su gestión para privatizarla por partes; y tenga que contratar a una empresa norteamericana como Deloitte como asesora, y el bolsillo de todos los peruanos tengan que asumir dichos gastos.
Diario Uno, 22.08.2026
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