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"El ministro de Economía Diego Borja destacó que el espíritu de la ley es restablecer el equilibrio económico de los contratos petroleros pues, debido a condiciones externas, el precio se ha incrementado en niveles no esperados, ni siquiera por las propias compañías petroleras; y el Ecuador tiene el derecho de participar, como dueño del recurso petrolero, de manera equitativa, del 50% de las ganancias extraordinarias, no previstas, de la producción de crudo".
Clarísimo. Si cuando el precio estaba, digamos, en US$ 20/barril y eso era rentable para la contratista, entonces si el precio sube a US$ 60/barril, las ganancias extraordinarias tienen que repartirse 50-50. Continúa el Comunicado:
"El Ministro indicó que el proyecto de ley es un tema de justicia pura. Recordó que, de acuerdo a cálculos de expertos, la tasa de utilidad de las empresas petroleras, medida por la Tasa Interna de Retorno (TIR), oscilaba en el orden del 19 al 23% cuando se hicieron los contratos; y, hoy, con el incremento de los precios, el TIR de las compañías subió entre el 119 y el 200%; por lo que reafirma que el Ecuador tiene que entrar a participar de este incremento".
Lógico. Si el Ecuador es dueño del petróleo, ¿por qué no es el principal beneficiario del aumento de precio? ¿Por qué toda la ganancia extraordinaria va a ser para el empresario? Los neoliberales dicen que así debe ser, porque eso fue lo que se firmó. Lo llaman "santidad de los contratos", no se les puede tocar. Si el país no percibe más por su recurso natural, qué piña. Además, "no hay que ahuyentar la inversión extranjera".
Pero lo que no dicen es que, en el caso peruano, de los 245 contratos-ley firmados, 65 han sido modificados, cambiándose las condiciones contractuales originales ¿Cómo? ¿No es que eran intocables? Depende. Todas esas modificaciones fueron a pedido de la empresa privada. En ese caso, la "santidad" no vale un pepino. No sucede lo mismo, sin embargo, cuando es al revés, cuando el Estado pide (si lo hace) la renegociación.
En el Ecuador, los contratos no están incorporados en la Constitución, como sí sucede en el Perú (Art 62). Este "blindaje" ha sido utilizado por el gobierno de García para decir que no se pueden renegociar. Pero no es más que una excusa pues no ha tomado ninguna iniciativa para derogar ese artículo y sigue negociando nuevos contratos de estabilidad, como lo acaba de hacer con Majaz.
En Ecuador, la Constitución dice que "son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo". Sobre esa base, el Presidente Correa ha llevado más lejos la Ley 2006-42, elevando la participación del 50 al 99% de las ganancias extraordinarias por aumento de precios del petróleo, hoy a US$ 80/barril. Se calculan ingresos adicionales por US$ 800 millones anuales, lo que equivale a 2.1% del PBI de US$38,000 millones.
El triunfo abrumador en la Constituyente de Alianza País configura un nuevo y radical escenario. Cambio es lo que la gente quiere. Es en ese marco más amplio, que se producen las modificaciones petroleras de Correa. Como los poderosos no quieren que nada cambie, la situación se puede complicar. Pero, ¿Quién dijo que gobernar para el cambio era fácil?
(*) SUNAT, "Estimación de los efectos de los Convenios de Estabilidad Jurídica sobre la recaudación", www.sunat.gob.pe/publicaciones/index.html
Todo los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
Petróleo: Ecuador quiere cambio
| Rafael Correa |
Por Humberto Campodónico
Para entender lo que está sucediendo en Ecuador, ahora que el presidente Rafael Correa ha anunciado nuevas condiciones a las petroleras, es importante, primero, tener en cuenta que el petróleo representa el 60% de las exportaciones y el 25% de los ingresos tributarios. Segundo, que el nuevo sentido común mayoritario considera necesaria una participación adecuada de la renta que genera su principal recurso natural.
Un comunicado de marzo del 2006 del Ministerio de Economía, cuando aún era presidente el Dr. Alfredo Palacio, explica bien los argumentos que justificaron la Ley 2006-42, Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos, hoy profundizada por Correa:
"El ministro de Economía Diego Borja destacó que el espíritu de la ley es restablecer el equilibrio económico de los contratos petroleros pues, debido a condiciones externas, el precio se ha incrementado en niveles no esperados, ni siquiera por las propias compañías petroleras; y el Ecuador tiene el derecho de participar, como dueño del recurso petrolero, de manera equitativa, del 50% de las ganancias extraordinarias, no previstas, de la producción de crudo".
Clarísimo. Si cuando el precio estaba, digamos, en US$ 20/barril y eso era rentable para la contratista, entonces si el precio sube a US$ 60/barril, las ganancias extraordinarias tienen que repartirse 50-50. Continúa el Comunicado:
"El Ministro indicó que el proyecto de ley es un tema de justicia pura. Recordó que, de acuerdo a cálculos de expertos, la tasa de utilidad de las empresas petroleras, medida por la Tasa Interna de Retorno (TIR), oscilaba en el orden del 19 al 23% cuando se hicieron los contratos; y, hoy, con el incremento de los precios, el TIR de las compañías subió entre el 119 y el 200%; por lo que reafirma que el Ecuador tiene que entrar a participar de este incremento".
Lógico. Si el Ecuador es dueño del petróleo, ¿por qué no es el principal beneficiario del aumento de precio? ¿Por qué toda la ganancia extraordinaria va a ser para el empresario? Los neoliberales dicen que así debe ser, porque eso fue lo que se firmó. Lo llaman "santidad de los contratos", no se les puede tocar. Si el país no percibe más por su recurso natural, qué piña. Además, "no hay que ahuyentar la inversión extranjera".
Pero lo que no dicen es que, en el caso peruano, de los 245 contratos-ley firmados, 65 han sido modificados, cambiándose las condiciones contractuales originales ¿Cómo? ¿No es que eran intocables? Depende. Todas esas modificaciones fueron a pedido de la empresa privada. En ese caso, la "santidad" no vale un pepino. No sucede lo mismo, sin embargo, cuando es al revés, cuando el Estado pide (si lo hace) la renegociación.
En el Ecuador, los contratos no están incorporados en la Constitución, como sí sucede en el Perú (Art 62). Este "blindaje" ha sido utilizado por el gobierno de García para decir que no se pueden renegociar. Pero no es más que una excusa pues no ha tomado ninguna iniciativa para derogar ese artículo y sigue negociando nuevos contratos de estabilidad, como lo acaba de hacer con Majaz.
En Ecuador, la Constitución dice que "son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo". Sobre esa base, el Presidente Correa ha llevado más lejos la Ley 2006-42, elevando la participación del 50 al 99% de las ganancias extraordinarias por aumento de precios del petróleo, hoy a US$ 80/barril. Se calculan ingresos adicionales por US$ 800 millones anuales, lo que equivale a 2.1% del PBI de US$38,000 millones.
El triunfo abrumador en la Constituyente de Alianza País configura un nuevo y radical escenario. Cambio es lo que la gente quiere. Es en ese marco más amplio, que se producen las modificaciones petroleras de Correa. Como los poderosos no quieren que nada cambie, la situación se puede complicar. Pero, ¿Quién dijo que gobernar para el cambio era fácil?
(*) SUNAT, "Estimación de los efectos de los Convenios de Estabilidad Jurídica sobre la recaudación", www.sunat.gob.pe/publicaciones/index.html
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