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Víctor Flores García
Entre la docena de reformas emprendidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su partido en el Congreso, la más decisiva es la que modifica las leyes del sector energético, entre fricciones con inversionistas que comenzaron a calentar la relación con EE. UU.
«La preocupación de los empresarios petroleros está fundada en lo que califican como falta de certeza jurídica, por la aplicación de las nuevas sanciones que puedan aplicar las autoridades mexicanas del sector energético, amparadas en las recientes reformas legislativas», dijo a Sputnik el consultor en energía Alexis Juárez Cao, analista del portal especializado Petroleumworld.
Las modificaciones aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso han sido impugnadas ante jueces de competencia económica por empresas privadas que firmaron contratos con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), endeudada con más de 110.000 millones de dólares.
Los jueces llegaron al grado de congelar con orden de «suspensión definitiva» las nuevas leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, originadas en contrarreformas que revierten la Reforma Energética de 2013, que puso fin a ocho décadas de monopolio de la petrolera estatal.
Las sanciones que pueden abolir contratos pueden ocurrir «por errores involuntarios a las reglas de operación que puedan existir en las instalaciones de los permisionarios y que constituyen un riesgo latente para sus activos, y que den pie a una expropiación por el Gobierno esgrimiendo alguna falta o error de operación», explica el experto, posdoctorado en Energía por el Instituto Tecnológico de Monterrey.
LITIGIOS A LA VISTA
Las intervenciones de dos jueces de competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza Figueroa, han congelado las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica por ser «inconstitucionales» y violar principios básicos de la libre competencia, que atentarían contra el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).
Juárez Cao afirma que esos litigios «no solo han puesto en jaque al Gobierno federal, sino que (además) dan respiro a las empresas del sector energético, y tiempo para que las autoridades de EE. UU. puedan dialogar y negociar para persuadirlas a sus pares de que desistan de su intento de desmantelar las inversiones privadas y extranjeras en hidrocarburos, en favor del monopolio estatal».
Las primeras conversaciones comenzaron esta semana entre los tres países de Norteamérica, a 10 meses de entrada en vigor del nuevo T-MEC, abriendo un compás de espera en vísperas de las cruciales elecciones legislativas mexicanas, que cambiarán la correlación de fuerzas en el Congreso federal.
En ese lapso, las cámaras del sector energético ejercen presión sobre los defensores de cambios al marco legal que podrían ahuyentar las inversiones.
Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la Chamber of Commerce de EEUU, ya fijó su postura ante las reformas.
«Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa» dijo Herrington en una misiva antes de los diálogos trilaterales.
El Gobierno mexicano arguye que el capítulo sobre energía fue eliminado la renegociación del antiguo pacto de 1994, en tratativas que duraron casi dos años
Sin embargo, el especialista de Petroleumworld estima que «renegociar el T-MEC, sería equivalente a abrir una caja de Pandora, porque los resultados pueden ser impredecibles y muy riesgosos para México».
Lo mismo puede ocurrir con las empresas de origen europeo: podrían recurrir a reclamos por la vía del Tratado de Libro Comercio con los Unión Europea.
«Las demás compañías extranjeras pueden entablar conflictos diplomáticos de sus países de origen, argumentando costosas violaciones a las reglas de la Organización Mundial de Comercio», estima Juárez Cao.
T-MEC BAJO ESCRUTINIO
Esta semana fue evidente el nuevo tono de las relaciones entre Washington y México, y tensión es creciente a media que se alejan de los temas migratorios y se adentran en las espinosas controversias comerciales y de inversiones.
Todo comenzó cuando la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, solicitó al Gobierno de México revisar una demanda de trabajadores de la empresa automotriz estadounidense General Motors, por supuestas violaciones a libertades sindicales.
Aunque esa queja fue desactivada, López Obrador contragolpeó con una carta al secretario estadounidense de Trabajo, Martin Walsh, para denunciar supuestas violaciones de leyes laborales en EEUU: falta de pago del tiempo extra, carencia de condiciones sanitarias adecuadas y denuncias de violencia y acoso sexual.
Las querellas ante las nuevas leyes de la industria energética pueden escalar al ámbito internacional en el marco del T-MEC, y podría enredarse con un asuntos más candente: el crimen organizado trasnacional.
Poco a poco, la nueva diplomacia estadounidense del presidente Joe Biden traerá de nuevo a la mesa bilateral asuntos incómodos que eludió su antecesor, Donald Trump: a cambio de un muro migratorio de guardias mexicanos, relegó la compleja trama del tráfico ilegal de armas y drogas.
Con información de Sputnik
