El pasado 27 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley 2145-2017, que pretende modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el fin de “promover la industria de hidrocarburos en el país” e incentivar “el desarrollo de las actividades de exploración y explotación” de los recursos de dicho subsector en el territorio nacional.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la propuesta pretende modificar 23 artículos de la Ley 26221, lo cual ayudaría a incrementar las inversiones de este sector.
“Resulta indispensable realizar medidas reactivadoras que incentiven la mejora de la productividad del Subsector para sostener la producción de hidrocarburos, asegurar el abastecimiento interno y garantizar la sostenibilidad del sector energético”, señala el MEM en su exposición de motivos.
Opinión legal
Sobre esta iniciativa del Ejecutivo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió una opinión legal al Congreso, en donde señala que si bien era necesario una actualización de la Ley 26221 (aprobada en 1993), esta no debe centrarse solo en regular los aspectos vinculados al fomento de la actividad sino que debería ser una oportunidad para mejorar las condiciones ambientales y sociales existentes, especialmente al tratarse de una actividad como la hidrocarburífera.
En el proyecto de ley, el MEM señala que la problemática ambiental es uno de los factores determinantes que “ha bloqueado el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”. Sin embargo, la SPDA considera que ello no ha quedado acreditado y que no se debe olvidar el historial de los reiterados derrames ocurridos en los últimos años en la Amazonía por el funcionamiento del Oleoducto Norperuano, la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 o, más recientemente, el derrame de gas en Cusco.
[Descarga el informe legal de la SPDA respecto a la propuesta del Ejecutivo]
“El Estado y el sector privado deben asegurar que las actividades de hidrocarburos se ejecuten, no sólo en cumplimiento de las obligaciones legales ambientales y sociales establecidas en el marco legal, sino que deberán hacerlo con completa diligencia a fin de recobrar la confianza por parte de las poblaciones y del Estado, garantizar el derecho a un ambiente saludable y a su bienestar, y asegurar el desarrollo sostenible del país”, señala la SPDA.
Asimismo, propone la inclusión de temas claves referidos al uso de información producto de la Evaluación Ambiental Temprana realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el impulso del proceso de consulta previa a cargo de PerúPetro, la prórroga y término de contratos de explotación y su vinculación a los EIA, la creación de un Fondo de Asistencia Técnica para las poblaciones para la participación ciudadana, la remediación de pasivos ambientales y el término anticipado de los contratos por incumplimientos ambientales, entre otros.
La SPDA considera que, todas estas propuestas ayudarán a nivelar el estándar ambiental, a garantizar inversiones sostenibles y a mejorar la defensa de los derechos de las poblaciones impactadas por los proyectos así como las condiciones de relacionamiento entre los actores.
Cambio climático
Finalmente, para la SPDA resulta también cuestionable que una Ley de Hidrocarburos del año 2018 no incluya una sola mención al cambio climático y a la necesidad de reducir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por una apuesta por las energías renovables.
“Mientras muchos países del mundo, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, ya han incorporado en sus normas y planes esta perspectiva, el Perú plantea en este proyecto de ley mas bien ampliar los plazos de exploración y explotación hasta por 50 años, sin considerar las consecuencias internacionales, ambientales y económicas de esta decisión”, agrega la institución.
Lee el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso:
Propuesta de Modificación a La Ley de Hidrocarburos-PL 2145-2017 by spdaactualidad on Scribd
