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Por Xavier Caño Tamayo*
La Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado que la abogada Lina Malagón Díaz ha recibido amenazas de muerte y sido declarada “objetivo militar” por los paramilitares Águilas Negras, que la insultan llamándola “puta guerrillera que defiende a sindicalistas”.
Docenas de defensores de derechos humanos colombianos han recibido amenazas de muerte.
En septiembre de 2008, en el depósito de Ocaña, a 610 kilómetros de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Uribe calificó a esos jóvenes muertos como delincuentes "que no estaban precisamente recogiendo café en una finca", pues, según la fiscalía general, eran guerrilleros "muertos en combate". Pero Mario Iguarán, fiscal general, dijo ignorar quienes eran y como habían muerto.
Amnistía Internacional denunció que “a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”.
Sólo en Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero las denuncias superaron los 50. El ejército pretendió que eran reclutados por las FARC y abatidos en combate. Pero la policía averiguó que reclutadores paramilitares recorrían barrios pobres ofreciendo contratos de trabajo a jóvenes desocupados. Los llevaban engañados a zonas de guerra e indicaban al ejército su ubicación para que los mataran y exhibieran como "trofeos de guerra". Canallada posible por el sistema de recompensas del ejército. Las bajas de guerrilleros son "positivos" en jerga militar y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, son “falsos positivos”.
El escándalo forzó al Gobierno a expulsar a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Pero sólo los expulsó. Esos homicidios son la punta visible de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia como práctica generalizada y sistemática. Y Navi Pillay, comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, declaró que las ejecuciones extrajudiciales "parecen ser" una práctica "difundida y sistemática" en Colombia. También dijo haber "expresado al gobierno de Colombia mi preocupación por el gran nivel de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno se ha comprometido a investigar las denuncias”. Ya son 1.483 ejecuciones extrajudiciales denunciadas los últimos años.
Durante octubre y noviembre de 2008, las comunidades indígenas de Colombia se manifestaron contra las constantes violaciones de derechos humanos por defender su tierra. Según Amnistía Internacional “autoridades estatales, fuerzas de seguridad y gobierno tacharon estas manifestaciones como subversivas. Y a esas acusaciones a menudo siguieron homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de muerte por parte de paramilitares y fuerzas de seguridad”.
Según el presidente Uribe, su gobierno “ha desmontado el paramilitarismo”, pero organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que, como mínimo, 12.000 paramilitares continúan guerreando. Extorsionan a campesinos, indígenas y descendientes de esclavos negros, les arrebatan tierras y los asesinan. O matan sindicalistas. El sindicato Comisiones Obreras de España asegura que "tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos".
Para mostrar estar contra los paramilitares, Uribe pregunta retóricamente “¿quién iba a pensar hace pocos años que 13 ó 14 jefes paramilitares estuvieran en cárceles de EEUU, extraditados?”. Pero no dice que han sido juzgados y condenados por narcotráfico. En Colombia ningún jefe o soldado paramilitar ha respondido ante la justicia por crímenes de guerra cometidos.
El informe de Amnistía Internacional “¡Déjennos en paz!”, sobre Colombia, aporta datos escalofriantes. En 2007 hubo en Colombia 1.400 homicidios de civiles (1.300 en 2006). De éstos, las fuerzas de seguridad fueron responsables de 330 homicidios, los paramilitares de 300 y los grupos guerrilleros de 260. Unas 305.000 personas fueron forzadas a desplazarse en 2007 (220.000 en 2006). Y al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada por fuerzas de seguridad y paramilitares o secuestradas por grupos guerrilleros (180 en 2006).
Amnistía Internacional mantiene que estos crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados en Colombia no deben quedar impunes. Los responsables han de responder ante los tribunales de justicia en Colombia, tribunales de otros Estados por el principio de jurisdicción universal o tribunales penales internacionales.
Y, entre tanto, como dice María Mc Farland, responsable del informe de Human Rights Watch sobre Colombia: “Estados Unidos y la Unión Europea están demasiado callados en los últimos años”.
Es hora de difundir la realidad de los derechos humanos en Colombia.
* Periodista y escritor
www.solidarios.org.es
