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En la provincia de Salta se registraron siete fallecimientos de menores pertenecientes a la comunidad nativa. Además, hay una decena de pequeños internados en hospitales con «deshidratación».
Siete niños de la comunidad aborigen wichí han muerto en lo que va del año en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Todos por la misma causa: desnutrición.
El último caso ocurrió el pasado sábado, y describe a la perfección cómo el Estado llega a destiempo. Una niña de cinco años murió en el hospital tras estar 48 horas internada con un cuadro de vómitos, diarrea y deshidratación. En la sala estaba la ministra de Salud, la médica pediatra Josefina Medrano, quien se acercó al lugar a interiorizarse sobre la situación de decenas de niños que padecen lo mismo. Están muriendo de hambre.
La pobreza extrema, la marginalidad de cientos de familias que viven en casas de paja, con pisos de tierra, sin trabajo ni acceso al agua, no es una novedad. Cada tanto, las muertes en cadena ocurridas por la falta de alimentación llaman la atención de las autoridades, como ocurrió la semana pasada, cuando el gobernador Gustavo Sáenzdeclaró la emergencia socio-sanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán. A esa altura ya habían fallecido seis menores.
El año pasado, el anterior mandatario local, Juan Manuel Urtubey, firmó un decreto, —a tres días de la muerte de un niño wichí— que autorizaba a cazar para comer iguanas coloradas, un animal que abunda en la zona del noroeste salteño. La práctica, aunque no estaba regulada, ya era habitual en las comunidades ante la escasez de alimento.
Entre los wichís, todos apuntan a una misma causa: el avance de la frontera agropecuaria destinada al monocultivo de soja sobre los territorios del chaco norteño, en la zona que limita con Paraguay y Bolivia, está dejando sin recursos a estas comunidades.
«Un proyecto de exterminio»
Octorina Zamora es referente wichí y está en el hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, acompañando y asistiendo a «los hermanitos que están internados y sus familiares».
«Hay un proyecto de exterminio que se está llevando a cabo día a día. Y que comenzó desalojándonos de nuestros territorios, autorizando los grandes desmontes, que no nos benefician en nada a nosotros, porque la soja ni siquiera la consumimos, pero sí beneficia a las grandes empresas, locales y multinacionales», señala Octorina a RT.
De acuerdo a la dirigente, los recursos naturales son cada vez más escasos, por lo que la pesca y la caza ya casi no existen. Tampoco hay fuentes de trabajo. «Antes, los peones rurales, como trabajadores ‘golondrina’, iban de una finca a la otra y se dedicaban a cosechar el tomate, el pimiento. Ahora, con la soja, todo lo hacen las máquinas», dice Zamora. «Es una situación trágica a la que nos han sometido».
En la localidad de Santa Victoria Este, en el límite con Bolivia, están las comunidades más olvidadas. Pero también se dan situaciones de marginalidad y pobreza en ciudades más grandes como Embarcación, Orán o Tartagal.
Sin agua, sin comida y sin salud
Para estos pobladores, el acceso a la salud tampoco es un derecho garantizado. Muchas veces en los lugares de atención no hay médicos, solo hay enfermeros. «Los centros de salud comunitarios no tenían ni siquiera aspirinas, los agentes sanitarios están mal pagos, o no están preparados. Recién ahora comienzan a llegar algunos recursos», dice Octorina. Y se queja de que los funcionarios «esperan que muera gente para aparecer».
Desde sus redes sociales, el gobernador Sáenz aseguró que está haciendo «lo humanamente posible» para cambiar «la realidad que viven los salteños hace mucho tiempo». También afirmó que «solo los miserables pueden hacer política con la muerte de un niño».
El agua también es un bien escaso para estas comunidades. En la mayoría de las colonias no hay pozos ni redes sanitarias. Y si se hace una sima, lo más probable es que el líquido que fluya esté contaminado por el uso de agrotóxicos en la zona.
El desmonte indiscriminado ha arrasado también con el algarrobo, cuyo fruto, la algarroba, es un alimento principal para el pueblo wichí. «El árbol de la vida», le llama Octorina Zapata. Pero las empresas, con la venia estatal, han arrasado esa especie por el uso de la madera con la que se fabrican muebles.
Modesto Rojas es cacique de la comunidad wichí Kilómetro 5, y es además coordinador de las diferentes poblaciones originarias que habitan la zona de la ruta 86, que atraviesa Tartagal.
«El Estado está ausente. No hay trabajo y tampoco ayuda», asegura Rojas a este medio. Y afirma que el padre del último niño que murió desnutrido sigue sin trabajo y sin recursos.
Hace dos semanas, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había adelantado un viaje programado a Salta, tras la muerte de un bebé wichí de 14 meses por desnutrición.
Arroyo se reunió con el gobernador Sáenz y prometió la entrega de 65.000 tarjetas alimentarias, lanzadas por el Gobierno como parte de su Plan Integral Argentina Contra el Hambre. Pero las primeras fueron repartidas en la capital.
Modesto Rojas, integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), asegura que Arroyo «no ha dialogado con los dirigentes comunitarios», que son los que conocen mejor la situación de las zonas más vulnerables de la provincia.
La semana anterior estuvo visitando a las comunidades wichí la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien tomó nota del cuadro preocupante en el territorio y se comprometió ante 150 caciques a brindar ayuda.
«Ellos están padeciendo la falta de agua desde hace mucho tiempo, producto de la deforestación y el desmonte indiscriminado», dijo la titular del INAI, según reporta el diario Página/12. «Regresamos con una angustia y la necesidad de volver, porque realmente hemos recorrido comunidades donde hay niños en situaciones muy vulnerables», reconoció.
La realidad que atraviesa la provincia de Salta, sobre todo en el noroeste, es alarmante, y ha llamado la atención incluso de la comunidad internacional. Representantes de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) se reunieron el jueves con el gobernador Sáenz, y le ofrecieron colaboración.
Pero para la referente Octorina Zapata, en este punto de la grave crisis, la ayuda estatal, provenga desde donde provenga, no resuelve los problemas estructurales de este colectivo.
«Nos quieren dar de comer en la boca, pero esa no es la respuesta para un pueblo. Si pudiéramos trabajar, nos ganaríamos nosotros mismos el alimento. Porque después nos discriminan, nos llaman vividores del Estado», sostiene la mujer wichí.
Y agrega: «Consideramos como pueblos indígenas que no somos pobres, nunca los fuimos, somos personas empobrecidas. Nos quieren ver muertos, desaparecidos, pero no lo van a lograr. Vamos a seguir luchando por la salud, por la educación y por el territorio».
Emmanuel Gentile
RT, 11.02.2020
