Miguel Ángel Rodríguez Mackay
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha sido despojado de su inmunidad; es decir, ya no goza de la protección jurídico-política que en su calidad de jefe de Estado le correspondía, conforme la Constitución de su país. Perder la inmunidad significa que el Mandatario, que personifica a la nación, a partir de ahora se convierte en una persona jurídicamente vulnerable porque podrá ser procesado y hasta condenado si se demuestra culpabilidad en la comisión del delito de corrupción aduanera que oportunamente la fiscalía había denunciado requiriendo que sea sometido al antejuicio y no se podía hacer mientras contaba con el referido privilegio político por su alta investidura.
El Presidente, entonces, será tratado judicialmente como cualquier otro ciudadano colocándose en la verdadera cuerda floja, pues el juez de la causa puede ordenar que afronte una investigación en libertad o con arresto domiciliario, o lo que sería su final, disponer su detención preventiva debiendo pasar la Presidencia a las manos del vicepresidente Alejandro Maldonado, que seguramente llevará las riendas del país hasta el final del mandato en enero de 2016. Así las cosas, la situación política interna se vuelve mucho más crítica de lo que ya está, más aun cuando el próximo domingo habrá elecciones presidenciales.
Está claro que Otto Pérez no pudo escapar a la montaña de evidencias sobre su responsabilidad llevando a que tirios y troyanos en el Congreso le arranquen abrumadoramente y sin oposiciones la referida prerrogativa. En desamparo político, su suerte ahora dependerá de lo que decida el Poder Judicial de Guatemala.
Correo, 03.09.2015
