Por Amy Goodman
¿En qué se relacionan 500 millones de huevos y la democracia? El masivo retiro del mercado de huevos infectados con salmonelosis, el retiro más grande en la historia de Estados Unidos, nos permite ver el poder que las grandes corporaciones tienen, no sólo sobre nuestra salud, sino también sobre nuestro gobierno.
El brote de salmonelosis es sólo el episodio más reciente de una serie de episodios que muestran a una industria alimenticia desenfrenada. Patty Lovera, sub-directora del grupo por la seguridad alimentaria Food & Water Watch, me dijo: “Históricamente, siempre ha habido resistencia por parte de la industria a todo tipo de norma de seguridad alimentaria, ya sea dictada por el Congreso o por otros organismos gubernamentales. Existen grandes asociaciones comerciales para cada sector proveedor de nuestros alimentos, desde los grandes productores agroindustriales hasta las tiendas de comestibles.”
Los huevos contaminados con salmonelosis provenían de sólo dos granjas factoría, Hillandale Farms y Wright County Egg, ambas de Iowa. Detrás de este brote está el emporio del huevo de Austin “Jack” DeCoster. DeCoster es propietario de Wright County Egg y también de Quality Egg, proveedora de pollos y de alimentos para pollos de las dos granjas de Iowa. Patty Lovera afirma que: “DeCoster es un nombre que se escucha mucho cuando uno empieza a hablar con conocedores de la industria del huevo o con personas que provienen de los estados de Iowa, Ohio o de los otros estados en que DeCoster opera. Por eso creemos que DeCoster es el claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos este tipo de concentración y producción a gran escala. No se trata sólo de seguridad alimentaria o sólo de daño ambiental o del trato que reciben los trabajadores. Cuando estamos frente a este tipo de producción masiva, responsable de tantos de nuestros alimentos, se trata de un paquete completo de efectos colaterales negativos.”
La agencia de noticias Associated Press brindó un resumen de las violaciones a las normas sanitarias, de seguridad y laborales presentes en las operaciones de DeCoster con huevos y cerdos en varios estados. En 1997, la empresa DeCoster Egg Farms acordó pagar una multa de dos millones de dólares luego de que el entonces Ministro de Trabajo Robert Reich calificara su granja de “tan peligrosa y opresora como cualquier empresa maquildora.” En 2002, la compañía de DeCoster pagó un millón y medio de dólares para llegar a un acuerdo en referencia a una demanda legal presentada por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades Laborales en representación de mujeres mexicanas que informaron haber sido sometidas a acoso sexual, incluso violación, abusos y represalias por parte de sus supervisores. Este verano, otra compañía vinculada a DeCoster pagó ciento veinticinco mil dólares al Estado de Maine por acusaciones de trato cruel contra los animales.
A pesar de todo esto, DeCoster ha prosperado en el negocio de huevos y cerdos, lo que lo pone a la altura de otras grandes corporaciones, como BP y los grandes bancos. El derrame de petróleo de BP, el más grande en la historia de este país, estuvo precedido por una larga lista de hechos criminales y graves violaciones a las normas que datan de varios años, una de las más conocidas: la gran explosión de la refinería de la ciudad de Texas que cobró la vida a quince personas en el año 2005. Si BP fuera una persona, habría ido a prisión hace mucho tiempo.
La industria financiera es otro delincuente crónico. Poco tiempo después del mayor desastre financiero mundial desde la Gran Depresión, bancos como Goldman Sachs, llenos de dinero tras el masivo rescate financiero gubernamental, interfirieron en el proceso legislativo que intentaba controlarlos.
El resultado: un nuevo y ampliamente ineficaz organismo gubernamental de protección al consumidor, además de una implacable oposición a la designación, para la dirección de este organismo, de la defensora de los derechos del consumidor Elizabeth Warren, quien supervisaría a los bancos tanto como el nuevo organismo se lo permitiera. Este es el motivo por el cual se oponen a su designación los banqueros, entre ellos, Timothy Geithner y Larry Summers, a quienes el Presidente Obama nombró como Secretario del Tesoro y Asesor Económico, respectivamente.
Se permite a las corporaciones internacionales operar prácticamente sin supervisión ni regulación. Se permite que el dinero de las grandes empresas ejerza influencia sobre las elecciones, y por ende, sobre la conducta de nuestros representantes. Luego de la decisión de la Corte Suprema en el caso presentado por el grupo de derecha Citizens United, que permitirá donaciones corporativas ilimitadas a las campañas, el problema va de mal en peor. Para ser electos y mantenerse en el poder, los políticos deberán satisfacer más y más a sus donantes empresariales. Se podría decir que el zorro vigila al gallinero (y a los huevos podridos que hay en él). Sin embargo, hay esperanza. Existe un creciente movimiento para reformar la constitución de Estados Unidos, para quitar a las corporaciones el estatus legal de “persona jurídica”, concepto por el cual las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas normales.
Esto haría que las corporaciones estuvieran sujetas a la misma supervisión que existió durante los primeros cien años de la historia de Estados Unidos. Pero para que las personas sean las únicas con derecho a la participación política será necesario un verdadero movimiento de base, dado que el Congreso y el gobierno de Obama parecen no ser capaces de implementar ni siquiera los cambios más básicos. Como dice el refrán: “si quieres hacer un omelet, tienes que romper algunos huevos”.
