Por John Wight
Según una reciente encuesta realizada por el grupo de reflexión palestino, Policy and Survey Research, la mayoría de los palestinos en Cisjordania apoyan un retorno a la lucha armada contra la ocupación israelí. Teniendo en cuenta su situación, nadie debería de extrañarse por ello.
Existe en nuestro mundo algo que se llama justicia natural y cuando un pueblo oprimido se ve obligado a luchar por sus derechos contra un opresor, la justicia natural nos dice que tiene el derecho de hacerlo por todos los medios necesarios.
Tal es la situación en la que se encuentra hoy en día al pueblo palestino: 1,8 millones de palestinos se creen encerrados en la mayor prisión del planeta, conocida como la Franja de Gaza, y más de 3 millones viven bajo ocupación militar en Cisjordania.
Su sufrimiento constituye un acta de acusación contra una comunidad internacional que, más que intervenir para poner fin a la injusticia que sufre este pueblo de una forma cotidiana, ha contribuido más bien a facilitarla.
Lo que no puede refutarse es que no asiste ninguna base legal y moral para la ocupación, que dura ya muchas décadas, desde 1967, de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel. Ninguna. Por el contrario, el tratamiento de los palestinos por parte de Israel refuta la idea de que el Derecho Internacional se aplica de manera legal, sin favoritismos.
Para algunos estados, el Derecho Internacional es una opción eventual que vale cuando conviene a sus intereses, pero que es ignorado cuando busca defender a los débiles y los vulnerables.
Casi 100 puntos de control militar son mantenidos por los soldados o guardias de seguridad armados israelíes en toda la invadida Cisjordania, lo que perturba la vida de sus habitantes. Largas filas de personas que intentan pasar a través de estos puntos de control son constantemente humilladas, e incluso abatidas, por los soldados o los guardias de seguridad israelíes.
Numerosos informes dan fe de que muchos hombres y mujeres ancianos son sometidos a rigurosos cacheos. Mujeres embarazadas tienen que acostarse en un lado de la carretera porque su acceso al hospital ha sido impedido y a otras personas se le niega el derecho de paso por las razones más simples.
La expansión de los asentamientos, todos ilegales y exclusivamente judíos, en el territorio palestino jamás cesa, lo que, junto al robo de los recursos palestinos, deja poca dudas sobre el hecho de que Israel se parece más a una gigantesca mafia criminal que a un estado.
Un informe de B’Tselem no deja ninguna duda sobre la amplitud del problema. “La existencia de los asentamientos produce violaciones de la mayor parte de derechos humanos de los palestinos, incluido el derecho a la propiedad, la igualdad, un nivel de vida digno y la libertad de movimiento. Los cambios radicales impuestos por Israel en el mapa de Cisjordania excluyen toda posibilidad real de establecer un estado palestino independiente y viable en el marco de la aplicación del derecho a la autodeterminación”.
Está también la cuestión de los presos palestinos. Según el grupo de apoyo a los presos palestinos Addameer, en agosto de 2015 se hallaban detenidos en las prisiones israelíes un total de 5.520 presos políticos palestinos. Entre ellos, 153 eran niños, mientras que 350 se hallaban en una situación de detención administrativa, que en realidad significa un encarcelamiento de duración indefinida fuera de todo marco legal.
Para agravar todavía más la injusticia sufrida por los palestinos, hay que citar los esfuerzos desmesurados del gobierno israelí y sus partidarios para presentar a Israel como una “víctima” en medio de este brutal status quo. Para los opresores, sería su existencia la que está amenazada y sus derechos los que son violados y las medidas brutales israelíes estarían dirigidas a responder a esta “amenaza” y a proteger sus “derechos” por lo que serían totalmente “justificables”.
La montaña de mentiras, de disimulos y de oscurantismo utilizados en el marco de esta cuestión no es sólo un obstáculo a la justicia para el pueblo palestino, sino también un impedimento para la estabilidad, la seguridad y el progreso dentro del propio Israel. Nelson Mandela nunca fue más convincente que cuando dijo: “Sólo los hombres libres pueden negociar. Un prisionero no puede concluir acuerdos”.
El mundo no puede esperar a que el pueblo palestino acepte la humillación cotidiana y espere tranquilamente la desaparición de la ocupación. Sí la paz es el objetivo, entonces hace falta dar a los palestinos el derecho de recurrir a la justicia, por medios pacíficos y jurídicos. Su rechazo a este recurso significaría privar a los palestinos de su propia humanidad y empujarlos a la violencia.
La continuación del status quo no es una opción, sobre todo cuando ello implica la continuación de la realidad cotidiana de los puestos de control mencionados en toda Cisjordania. Esta situación ha hecho imposible la libre circulación, el desarrollo económico, el crecimiento y la estabilidad.
En el curso de los años han existido innumerables iniciativas de paz, pero todas han fracasado frente al veto de los gobiernos israelíes, enrocados en su intransigencia y su rechazo a la paz. Sin embargo, la solución a esta crisis es muy simple: la aplicación del Derecho Internacional bajo la pena de sanciones económicas.
La ausencia de justicia para los palestinos es un ejemplo doloroso de los dobles raseros que utilizan Washington y sus aliados. Ésta es la razón por la cual, si una tercera intifada acaba por estallar, la responsabilidad no incumbirá a aquellos que se sublevan sino a los que no han dejado a los palestinos otra opción.
Al-Manar, Beirut 19-12-2015
http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=110075&cid=23&fromval=1&frid=23&seccatid=30&s1=1
