Por Esteban Beltrán*
Siete estudiantes palestinos acababan de salir de una escuela dirigida por Naciones Unidas en Gaza y se dirigían a sus casas cuando una bomba del Ejército de Israel los sepultó para siempre entre cascotes y escombros.
Estos niños vivían probablemente de la ayuda internacional, como la mayor parte del millón y medio de los habitantes de Gaza: la cárcel informal más grande del mundo desde junio de 2007.
A finales del siglo pasado, sólo el 10% de la población vivía de la ayuda internacional. Hoy, el 80% de la población de Gaza se ve obligada a sobrevivir mediante ayuda externa. Además, aproximadamente el 90% de la industria que existía entonces —incapaz de importar materias primas, de exportar productos y sin combustible para que funcione la maquinaria— ya ha cerrado. Las pocas fábricas abiertas funcionan a una mínima parte de su capacidad.
El Gobierno de Israel actúa como si toda la población palestina tuviera que pagar por los aproximadamente 25 israelíes muertos por los cohetes lanzados por grupos armados palestinos a ciudades y pueblos del sur de Israel desde 2007. Este bombardeo debe terminar, es ilegítimo y ocasiona sufrimiento y zozobra a los israelíes que lo padecen, pero en ningún caso puede justificar el encarcelamiento de facto de cientos de miles de inocentes. Un ejemplo de este castigo colectivo es la restricción a la franja de entrada de combustibles que ha provocado, desde abril del año pasado, la clausura de al menos 15 pozos que utilizaban generadores diésel para bombear el agua. La consecuencia es que 150.000 personas no tienen acceso regular a agua potable en la ciudad de Gaza y en el centro de la franja.
En ese mismo mes de abril, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) tuvo que suspender la distribución de alimentos a 650.000 personas durante cuatro días, también debido a la falta de combustible.
Desde junio de 2007 más de 50 personas han muerto porque se les impidió salir de la franja cuando necesitaban recibir tratamiento y atención médica de urgencia no disponible en los hospitales locales.
Testimonios como el de la Sociedad Atfalouna para Niños Sordos ilustran al detalle la vida en esta cárcel de tierra en que se ha convertido Gaza. Esta es la única escuela para personas sordas en la franja. Presta servicio a 275 alumnos y alumnas de entre 4 y 17 años. Su directora dijo a Amnistía Internacional: “Proporcionamos audífonos y baterías al alumnado, pero desde hace más de seis meses no podemos conseguir baterías; a la última remesa se le impidió la entrada en Gaza… Y, desde mediados de abril, nos hemos visto obligados a cerrar la escuela porque no hay combustible para los autobuses que traen a los niños y niñas de toda la franja.”
Después del bombardeo, Israel no deja entrar a testigos independientes, como periodistas y trabajadores humanitarios, que puedan documentar lo que está ocurriendo.
El bombardeo de viviendas y edificios civiles supone un ataque indiscriminado y desproporcionado y, por tanto, ilegítimo, contra la población civil palestina y debe cesar. Hamás debe terminar también con el lanzamiento de cohetes a ciudades de Israel; nada justifica esta violación de las leyes de la guerra.
Del mismo modo, es inaceptable que Israel continúe privando deliberadamente de alimentos y otros productos indispensables a 1,5 millones de personas. Se debe permitir a los heridos el acceso a los hospitales israelíes y a los hospitales palestinos de Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania. Y las autoridades egipcias también deben recibir en los hospitales de su país a quienes necesiten atención médica.
La comunidad internacional deben trascender las meras palabras y tomar medidas concretas para presionar a ambos bandos en el conflicto para que pongan fin a los abusos contra el derecho internacional.
La cárcel está siendo bombardeada por quien tiene las llaves, sin testigos incómodos, sin permitir huir a la población y sabiendo que, si se produce la invasión de Gaza por tierra, no habrá un lugar seguro donde puedan esconderse los civiles.
* Director de Amnistía Internacional en España, Centro de Colaboraciones Solidarias
