El ordenador ‘hackeado’ es el del revisor general de la Santa Sede, jefe directo del religioso ahora detenido, que se enfrenta hasta a 8 años de cárcel. Entre los documentos robados está la reforma estructural que quiere hacer el Papa: quitar a los obispos de puestos clave para acabar con la «casta episcopal»
Jesús Bastante
Ángel Lucio Vallejo Balda, detenido este lunes por la Gendarmería vaticana acusado de sustracción y filtración de documentos secretos del Vaticano, es un hombre dicharachero, atento, preparado, según quienes le conocen. Tenía todo en su mano para convertirse en uno de los hombres de confianza del Papa Francisco, quien le nombró secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, el organismo desde el que el español pudo pilotar la reforma de las finanzas de la Santa Sede. Sin embargo, la designación del cardenal australiano George Pell como «superministro» de Economía vaticano, acabó condenando a este sacerdote, prelado de honor de Su Santidad.
Ahora, Vallejo Balda (Villamediana de Iregua, La Rioja, 1961), miembro del Opus Dei, podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y ocho años de prisión por su «traición», en palabras del portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi. Está acusado de robar documentos referentes a la economía y los planes de reforma de Francisco.
El trasfondo de la polémica, que algunos ya dibujan como una reedición del famoso Vatileaks que concluyó con la dimisión de Benedicto XVI, parecería propia del escritor Dan Brown, si no fuera por su incontestable verosimilitud. Una feroz lucha de poder entre dos concepciones de Iglesia, el Opus Dei y los jesuitas; los sectores más reaccionarios de la Curia y los vientos aperturistas que Bergoglio trajo de Argentina.
Una cuestión de dinero, pero también de poder. En el Vaticano a nadie se le escapa que los que cayeron este lunes son peones en una batalla en el seno del Vaticano. Además de Vallejo Balda, fue detenida la italiana Francesca Chaouqui. Es una brillante economista, consultora de Ernst&Young y que en el pasado ya fue relacionada con el periodista Gianni Nuzzi, que utilizó la información del mayordomo de Benedicto XVI para hacer explotar el escándalo de Vatileaks. Chaouqui ha quedado en libertad tras colaborar en la investigación iniciada por las autoridades vaticanas.
Con todo, este escándalo de revelación de secretos es solo un movimiento más dentro de la encarnizada lucha en el interior de la Curia romana entre los detractores y partidarios de Francisco. Unos enemigos que ya filtraron en su día al periodista Sandro Magister -el mismo que perdió su acreditación ante la Santa Sede por adelantar la encíclica Laudato Si- la carta de 13 cardenales criticando la metodología del Sínodo, o que hicieron circular el falso rumor de que Francisco tenía cáncer de cerebro.
Austeridad y descabalgar altos cargos
Según ha podido saber eldiario.es, dos de los grandes objetivos de la reforma curial propuesta por el Papa chocan frontalmente con los intereses de los sectores más reaccionarios de la Curia. En primer lugar, por la apuesta por la austeridad, ya que Francisco quiere que se controle cada euro que sale de las arcas vaticanas. En segundo término, por la eliminación de cargos curiales, y de su rango.
En un futuro, el deseo del Papa es que los trabajadores de los organismos vaticanos no sean obispos, para eliminar la «casta episcopal» de la que Bergoglio ha hablado en más de una ocasión. Y eso, en una estructura tan jerárquica como la de la Iglesia romana, supondría el final de los privilegios de los grupos más conservadores. Especialmente del Opus Dei, quien vivió sus años de mayor influencia durante el pontificado de Juan Pablo II y que ahora vería mermada su relevancia en beneficio de la Compañía de Jesús.
No hay que olvidar que el actual Papa es el primer pontífice jesuita de la historia. La Obra, de hecho, no ha tardado en desvincularse del eclesiástico español en uncomunicado, en el que muestra su «sorpresa y dolor», ante la noticia, al tiempo que asegura que la orden «no dispone de ninguna información sobre el caso».
Lucio Ángel Vallejo Balda, acusado de filtrar documentos relacionados con las reformas económicas y la modificación del aparato curial, estaba en una suerte de «limbo» laboral, después de que las competencias de la Prefectura de Asuntos Económicos fueran asumidas por la Secretaría de Economía, dirigida por Pell. Ello causó una profunda desazón en el religioso, quien en febrero de 2014 difundió que iba a ser nombrado número dos del «superministerio» vaticano creado por el Papa para ocuparse de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede, algo que no se produjo.
Una lujosa comida
En mayo de 2014 participó en un lujosa comida a la que asistieron religiosos, empresarios y periodistas italianos en la azotea de la prefectura vaticana de Asuntos Económicos durante la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, un acto que no contó con la simpatía del Papa Francisco, según se hicieron eco entonces los medios italianos.
Desde entonces, el actual superior jerárquico del sacerdote español era el revisor general de la Santa Sede, Libero Milone, cuyo ordenador fue hackeado hace unos días. La investigación de este caso ha llevado a descubrir que los documentos, además serían publicados en dos libros que verán la luz la próxima semana. Se trata de ‘Avarizia’, de Emiliano Fittipaldi, periodista de L’Espresso, y ‘Via Crucis’ de Gianluigi Nuzzi.
El Vaticano ha recordado en un comunicado de prensa que la divulgación de noticias y documentos es un delito previsto en la ley del Vaticano y ha resaltado que «publicaciones de este tipo no ayudan de ninguna manera a establecer claridad y verdad, sino más bien generar confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas».
Asimismo, ha señalado al respecto que estos robos de documentos «también esta vez, como ya en el pasado, son fruto de una grave traición de la confiada del Papa y, por lo que se refiere a sus autores, de una operación para obtener beneficio de un acto gravemente ilegal de entrega de documentación reservada, operación en la que las implicaciones legales y posiblemente sanciones están bajo estudio de la Oficina del promotor, en vista de las posibles medidas adicionales, recurriendo, si es necesario, a la cooperación internacional».
http://www.eldiario.es 02.11.2015
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