Víctor Flores García
El nuevo poder de los militares en México es notable en grandes obras de infraestructura, como el recién inaugurado Aeropuerto Internacional (general) Felipe Ángeles y el combate al crimen organizado, pero su fortaleza presupuestal y política se extiende a escala nunca vista en décadas.
Lisa Sánchez, directora general de la organización ciudadana México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dijo en entrevista con la Agencia Sputnik que «han transcurrido tres años de aceleración de la participación política y funcional de los militares en el Gobierno», pero aún van «tres sexenios o más de transferencia de poder a las Fuerzas Armadas».
CUATRO SEXENIOS EN ASCENSO
La experta en políticas de seguridad y justicia recuerda que ese empoderamiento se remonta al Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Los miliares han asumido diversos papeles a distintas velocidades, pero ahora ya no se limita a la seguridad pública y el combate al narcotráfico .
La especialista, posgraduada por la Universidad de La Sorbona de París y la Escuela de Economía Política de Londres, indica que durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) comenzaron los operativos militares contra delincuencia organizada.
Su sucesor, Felipe Calderón (20006-2012), elevó la escala militar y volvió al declarar una «guerra frontal» contra el crimen organizado, y con Enrique Peña Nieto (2012-2018) las acciones militares se extendieron a todo el país.
La sorpresa fue que al asumir la presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador decidiera eliminar a la Policía Federal, que consideraba «corrupta».
Promovió una reforma legislativa que le permitió reemplazarla por una Guardia Nacional (GN) uniformada de verde olivo, encargada de la seguridad pública, con 60 por ciento de militares en sus filas.
El gobernante planea un paso más: una reforma constitucional para convertir a la GN en una rama de la Defensa Nacional.
MILITARES EN LA VIDA CIVIL
La directora de la organización que integra el Colectivo Seguridad Sin Guerra, con más de 200 organizaciones ciudadanas, considera que el avance de los militares a esferas distintas al combate al crimen organizado ya es una tarea gigantesca.
Las Fuerzas Armadas trabajan en la construcción de obras emblemáticas como el aeropuerto en la principal base aérea del país; construyen el turístico Tren Maya, y erigen 2.700 sucursales del Banco del Bienestar que reparte programas sociales.
Los militares construyen la remodelación de 32 hospitales, reparten y aplican vacunas contra la pandemia, y construyen cientos de cuarteles de la nueva GN.
Además, son efectivos castrenses los que dirigen la capacitación de policías locales, reparten programas sociales, transportan gasolina en cisternas contra el robo de combustible, y en los viveros de los cuarteles se siembran millones de árboles para el programa estrella: Sembrando Vida.
Los nuevos roles de los militares son preocupantes por dos motivos, dice Sánchez: primero, «empiezan a afectar el equilibrio de la relación cívico-militar; y no sabemos hasta qué grado erosiona la subordinación del poder militar al poder civil».
La especialista observa que es un fenómeno extenso de «acumulación de poder de los militares, donde el poder civil puede o no estar de acuerdo; pero quien manda es el poder militar».
En segundo lugar, «cada función pública asignada permite acumular más recursos y opacidad».
El principal retroceso está en la rendición de cuentas: «A las Fuerzas Armadas se le han perdonado todas las obligaciones de transparencia, han dejado de ser sujeto obligado a rendir cuentas».
Los jefes castrenses tienen un poder discrecional: «clasificar toda la información de sus operaciones como sensible, y cerrar los expedientes», impidiendo el escrutinio público.
Sánchez se pregunta sobre cuáles van a ser los impactos de ese giro histórico, que sacó a los militares de los cuarteles, donde permanecieron desde finales de los años 30, después del triunfo de la Revolución Mexicana de 1910.
Un Gobierno civil democráticamente electo, con funciones civiles estratégicas, en manos de militares plantea una pregunta cardinal: «¿Estamos pasando de la militarización al militarismo? dónde los militares deciden, no solo la operación de obras públicas, sino (también) la estrategia nacional», se pregunta la experta.
Un dato refleja la confianza que el presidente tiene en las Fuerzas Armadas para proyectar gobernabilidad: el funcionario que más veces aparece en las conferencias del presidente es el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional.
Un cable del sitio de filtraciones WikiLeaks recién publicado revela que, cuando López Obrador era candidato presidencial en la primera de sus tres campañas, le planteó al entonces embajador de EEUU en México, Tony Garza, su idea acerca del rol de los militares en el Gobierno.
El documento, fechado el 31 de enero del 2006, lo publicó la revista Expansión a finales de febrero pasado: propuso otorgarle más poder a los militares «porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y puede ser la más efectiva», dice el cable.
Sánchez comenta: «No cabe duda que en sus campañas pudo darle al ala civilista de su movimiento un mensaje consistente, que hacía pensar que en funciones cambiaría esta tendencia militarista, pero no lo hizo».
Con información de Sputnik
