A raíz de la crisis que vive el servicio público de electricidad en Venezuela, debido en buena parte a la ineficiencia, muchos han terminado por convencerse de que los servicios prestados por el Estado de forma subsidiada no tienen ni tendrán jamás la calidad de aquellos a cargo de empresas privadas. En este sentido se advierte que la distribución de la electricidad, del agua potable y del gas licuado, por ejemplo, se debería manejar en todos partes como otro negocio capitalista. Ahora bien, ¿la corrupción y la ineficiencia son delitos-vicios-deficiencias necesariamente inherentes a las instituciones públicas, tal como asumen fervientemente los defensores de que prácticamente todo en la vida pertenezca al ámbito privado-capitalista? La respuesta es un contundente no, pues aunque en un organismo estatal-público no se manejen abundantes recursos, no significa per se que no haya la voluntad, la capacidad, la ética, la disciplina, la motivación y el deseo para que todo funcione bien, y mucho menos significa que haya corrupción, dilapidándose el escaso dinero disponible.