De manera creciente se están perpetrando diversos delitos, desde asaltos hasta asesinatos, por sujetos que se hacen pasar por repartidores motorizados “delivery” en Lima y otras ciudades, incluso recientemente uno de estos delincuentes asesinó a un policía en el distrito limeño de Jesús María.
Diversas alcaldías han propuesto regulaciones, otras las han aplicado, sin embargo han encontrado la oposición del Indecopi, que declara barreras burocráticas solicitarles el uso de uniformes, la colocación de stickers con el número de placa del vehículo en la caja de reparto o que cuenten con un certificado de registro otorgado por la municipalidad.
Un repartidor no puede limitarse a un distrito, por lo tanto en una ciudad grande como Lima las normas deberían aplicarse a todos por parte de la municipalidad de Lima, que está mostrando indiferencia ante esta situación.
En el Congreso hay dos proyectos que duermen, además, son deficientes, pues se limitan al registro, identificación, a posibles sanciones por la conducta de los usuarios etc.
La necesidad de que cuenten con uniforme e identificación individual y visible desde sus cajas es necesaria en la lucha contra la delincuencia, pero no es suficiente. La empresa debe estar obligada a realizar al menos filtros básicos para evitar que personas con antecedentes policiales o penales figuren en sus nóminas de repartidores.
En vista de las modalidades de seguimiento de los delincuentes se requiere mayor regulación. Estos sujetos suelen disfrazarse de repartidores y se estacionan solos o en grupo en diversos puntos de la ciudad, desde donde hacen reglaje a ciudadanos de bien. Donde ellos comienzan a estacionarse coincidentemente aumentan los delitos.
Además, en los sitios que ocupan estacionados arrojan desperdicios, escupen (por lo general la mayoría de venezolanos tiene la asquerosa costumbre de escupir a menudo en las calles), a veces hasta orinan y ocupan estacionamientos reservados para clientes de establecimientos comerciales (que sí pagan impuestos nacionales, municipales y arbitrios), que no pueden brindar esta comodidad a sus compradores porque los repartidores están instalados allí. Y las municipalidades son las que tiene que limpiar estos espacios ocupados por ellos.
Deben alquilar cocheras
Varias de las empresas dedicadas a este rubro son transnacionales que están eludiendo normas tributarias, laborales y municipales: unas no pagan tributos por cada reparto, no pagan beneficios laborales ni tienen autorizaciones municipales de operación, sin embargo, ocupan y ensucian espacios en los distritos.
Parte de estas empresas cotizan en bolsas internacionales por las ganancias que tienen explotando a los repartidores, por ello debe obligárseles a alquilar cocheras o espacios en cocheras donde los repartidores estacionen sus vehículos a la espera de nuevos servicios.
No sólo por higiene deben tener sus cocheras con baño, sino porque desde una cochera ya no pueden fácilmente realizar seguimiento a sus posibles víctimas. Consecuentemente, debe disponerse la prohibición de estacionar en las calles, parques y estacionamientos comerciales, de lo contrario debería ser multada la empresa.
El alcalde de Lima no ha hecho nada por ordener el servicio de “delivery”
Además, debe prohibirse que lleven cascos con la careta negra, ésta debe ser transparente para facilitar su identificación.
La norma también debe establecer se otorgue a los trabajadores de estos servicios una modalidad apropiada de beneficios sociales, pues no tienen un horario regular sino que están pendientes de los pedidos, por tanto el tiempo de espera también debería contar. La ley resultante debería ser de alcance nacional y no limitarse a Lima.
Esperemos que el Congreso no continúe con su indolencia ante la ola de criminalidad que azota al Perú, agravada por el hampa venezolana.
