Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado 14 de diciembre fue aprobada la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (DS-013-2018-MINEDU) buscando garantizar un servicio educativo a los estudiantes rurales que les permita desarrollar sus competencias, sin embargo, esta política no nace como una iniciativa del Gobierno ni del Ministerio de Educación (Minedu), sino por una sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente-00853-2015-PA/TC-14 marzo 2017) que ordena al Minedu el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que al año 2021 pueda asegurar disponibilidad y accesibilidad a la educación en el ámbito rural.
Mejorar la educación rural debe ser el principal desafío
Esta política se basa en el cumplimiento de 4 objetivos prioritarios (accesibilidad de servicios educativos de calidad, mejorar el desempeño docente, garantizar la trayectoria educativa, y educabilidad y bienestar) incluyendo 21 lineamientos, buscando que al 2030 el 60% de estudiantes de educación secundaria logren aprendizajes satisfactorios e incrementar del 53% al 90% la culminación de educación básica de calidad, además del desarrollo de competencia según sus necesidades, dinámicas productivas y características socioculturales, sin embargo para accionar toda esta política, respecto a su financiamiento, se dispone solo de presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
Sería imposible cumplir con los objetivos de mejorar la educación rural sin financiamiento adicional indispensable para enfrentar una problemática realmente alarmante que incluye aspectos no solucionados hace muchos años, tales como, escuelas insuficientes para educación multigrado, unidocentes y bilingües especialmente para secundaria; escasa cantidad de docentes con práctica pedagógica de baja calidad con sobrecarga laboral y baja motivación; mínima disponibilidad de recursos educativos; inadecuado currículo (enorme brecha entre lo propuesto y lo que efectivamente se enseña y aprende en las escuelas); elevada deserción de estudiantes, atraso en estudios y alta repitencia escolar; inadecuadas condiciones socioeconómicas, prevalencia de desnutrición crónica (25.3%) y tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años (22.5%).
Bajo este panorama, mejorar la formación escolar en las áreas rurales debe ser un principal desafío y prioridad del Gobierno; de los más de 6 millones de peruanos que habitan en las áreas rurales casi 2 millones están en etapa escolar y tienen el derecho de recibir una educación cualitativamente satisfactoria y una formación integral. Para ello es necesario mejorar la infraestructura educativa, la capacitación de los maestros, la gestión y planificación educativa, las redes, currículos, uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), etc., para lo cual, sin duda, se requiere mayor incremento de recursos públicos.
Expreso, Lima 19-01-2019
Artículos relacionados
¡País sin educación tiene negado el futuro!
Hallan errores en libros que Minedu entrega a niños de colegios públicos
Algunas verdades sobre la huelga magisterial y la educación
Gobierno del Perú es el que más mezquina inversión en educación en Sudamérica
Cámara de Comercio de Lima demanda firmemente el fin de la huelga de maestros por una educación de calidad en escuelas públicas
Perú es el país que menos invierte en Educación en Sudamérica, según su PIB¿Cuáles son los sueldos de los maestros en los 5 países que mejor pagan?
CCL: El Perú debe reorientar la educación para alcanzar el desarrollo
PISA: plus ultra, estamos más atrás que el último país en educación
México reprueba todos los exámenes de PISADe Ripley: Perú sigue entre los 10 últimos países en prueba PISA y adulones se alegran
Educación: actual gobierno sigue con el engaño
Ministro de Educación debe renunciar
Perú último en el mundo en calidad de la educación
Gabinete incrementará presupuesto en infraestructura y educación
El negociado neoliberal de la privatización de las escuelas públicas
Tasa de inasistencia escolar llega a 25,1% en Macro Región OrienteGobiernos abandonaron la investigación científica y tecnológica
Defensoría plantea que educación bilingüe de pueblos indígenas siga siendo atendida por el Estado
