Gobernabilidad y reforma del Estado
Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado 29 de junio el Banco Mundial dio a conocer en Washington su informe anual “Los indicadores mundiales de buen gobierno-2009”, el cual evalúa el rendimiento en materia de gobernabilidad de 212 naciones del mundo durante el año 2008, a través del cumplimiento (en porcentaje de 0% a 100%) de los siguientes indicadores que influyen sobre el desarrollo y nivel de vida de la población: 1) Voz y responsabilidad (rendición de cuentas): derechos políticos, civiles y humanos; 2) Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo: probabilidad del gobierno de estar sujeto a amenazas violentas; 3) Efectividad gubernamental: grado de competencias de la burocracia y servicios públicos; 4) Calidad regulatoria: incidencia de políticas desfavorables para el mercado; 5) Aplicación del derecho: ejecución de contratos, desempeño de la policía, tribunales, independencia del poder judicial e incidencia del delito; y 6) Control de la corrupción: abuso del poder público en beneficio privado.
Estos resultados muestran en general muy bajo nivel de cumplimiento de los principales indicadores de gobernabilidad, lo cual redunda en ineficiencia y desorden de la gestión estatal, en su capacidad para interactuar con las instituciones sociales y económicas y en formular e implementar políticas públicas sólidas, lo cual facilita y alienta la corrupción, la violencia social y el narcoterrorismo. Además dichos indicadores evalúan la autoridad que ejerce el gobierno en el país, lo que se relaciona con la legitimidad del ejercicio del poder y representación de la población, cuyo mal manejo ocasiona deficiencias de gobernabilidad para enfrentar conflictos sociales tal como lo sucedido en los graves hechos de violencia en Bagua y anteriormente en Moquegua y Puno.
En este contexto el Gobierno debería considerar que los logros económicos no son por si solos suficientes para sostener la gobernabilidad; debe entender que esta se logrará únicamente a través de una profunda reforma del Estado que tenga como objetivo central la equidad, justicia social e inclusión; impulsando políticas públicas sólidas y medidas de gestión para aumentar la transparencia y probidad; combatiendo el clientelismo y la corrupción; fortaleciendo las instituciones públicas; ordenando la pesada estructura burocrática; mejorando los recursos humanos e institucionalizando la participación ciudadana con solidaridad y equidad en sus demandas, entre otras. Solo así el Estado podrá dirigir al país hacia un desarrollo sostenido, al incremento del nivel de vida y a la mitigación de la pobreza, de forma tal que la ciudadanía pueda tener las condiciones esenciales para ejercer el libre ejercicio de sus derechos.
Publicado en el diario Expreso, 12 de julio de 2009
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