En Arequipa, Ollanta Humala burla el estado de derecho constitucional y avasalla a su pueblo con el cuento de la necesidad de mayores recursos económicos que no sabe gastar.
Dante Aurelio Martínez Palacios (*)
Viola la Constitución y la normatividad legislada, aprobando el 20 de julio del presente, un Contrato de Garantías y Medidas de promoción a la Inversión a favor de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. en relación a su Programa de Inversión EXPANSIÓN DE LA UNIDAD MINERA CERRO VERDE, sin que se haya aprobado su Estudio de Impacto Ambiental y Social, Programa de Inversión, ni se haya ejecutado sus obras, cuando de acuerdo a la Ley General de Minería y sus reglamentos, este tipo de contratos solamente se otorgan en forma posterior a los tres meses de operación continua del proyecto garantizado.
Semejante salto con garrocha del “ESTADO ATLETICO”, no tiene otra finalidad que, la de permitirle a la minera, acogerse a la ilícita extensión de beneficios del resuelto contrato de Seguridad Jurídica de 1998, que supuestamente vencería en diciembre del 2013, modificando írritamente éste último contrato en forma contraria entre otros a los Artículos 62º y 74º de la Constitución.
Lo que le permitiría a la Minera Cerro Verde, efectuar la inversión de su Expansión por US 4,000 millones, por la derogada Reinversión de Utilidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, con lo cual el Perú dejaría de percibir US $ 1,200 millones y Arequipa su 50 % por concepto de CANON MINERO, es decir perderíamos US $ 600 millones.
Pérdida que pondría en riesgo la ejecución del Proyecto Majes Sihuas II, al estar considerados dicho CANON MINERO, SOBRE CANON Y REGALÍAS MINERAS como apalancamiento financiero de este importante proyecto.
La Sociedad Civil de nuestra ciudad, ayer asistimos al Taller Participativo, convocado por el MEM en la Universidad Católica de Santa María a efecto de “manifestar” nuestra opinión, Taller que fuera interrumpido matonescamente en diferente oportunidades por las portátiles de la minera, dentro del contexto en el cual, coincidentemente no había resguardo policial, además de las continuas interrupciones del representante del MEM.
Sin embargo, fue demostrado por los diferentes ciudadanos que tomamos la palabra, que la mega expansión de Cerro Verde de 7, 455 Has en 1994 a más de 60,000 Has. a la actualidad (Desde el Río Chili hasta el Río Tambo y desde Mollebaya hasta LA JOYA), si contamina gravemente por encima de todo Límite Permisible, el medio ambiente de nuestra ciudad.
Que la Planta de Aguas Servidas de QUEBRADA ENLOZADA, que trataría 1,000 l/s, mientras que el vertimiento de aguas servidas al Río Chili es de 1,800 l/s, además de su excesivo costo de S/ 500 millones que restringiría el Impuesto a la Renta por lo menos en S/ 150 millones y el CANON MINERO en S/ 75 millones, cuyo costo de operación y mantenimiento correría de parte de la ciudadanía, para que la minera se lleve el agua tratada en forma totalmente gratuita y solo pague una propina a la Autoridad del Agua, por el derecho de reuso.
Lo que, es una ilícita sustitución de la Planta de PAMPA ESTRELLAS que trataría 4,100 l/s, con un Monto de Inversión de S/ 160 millones y su costo de operación y mantenimiento más de 60 veces inferior a la de la minera.
Y por lo que desde el 14 de agosto del 2008, la minera en complicidad de SEDAPAR S.A., obstaculizaron sistemáticamente la construcción de PAMPA ESTRELLAS, agravando la continuidad de la contaminación del Río Chili, a niveles que determinarían la Declaratoria de Emergencia Ambiental de Arequipa que, Declaratoria que fuera impedida por el ex primer ministro Óscar Valdés, para excluir de sus responsabilidades de la minera.
Además quedó demostrado que el presupuesto del PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS de US $ 72 millones para 32 años, es el vuelto del OBOLO MINERO de US $ 146 millones que no se gastó deliberadamente en cinco años, es decir US $ 72 millones, siendo que ese dinero No es de la minera sino del PUEBLO AREQUIPEÑO, entonces ¿Por qué tendrían que disponerlo para sus operaciones?, mientras que en QUELLAVECO que es una mina de menor tamaño, se asigna S/ 1,000 millones.
¿No que, este era el gabinete del dialogo?, Conste entonces que el Pueblo de Arequipa, es el que demanda un dialogo transparente e informado con veeduría del Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica y la UNASUR, que garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y un crecimiento con desarrollo y prosperidad PARA TODOS.
(*) CIUDADANO AREQUIPEÑO
