Por Gustavo Espinoza M. (*)
Durante los años del fujimorato, la lógica de la justicia era muy simple. Se basaba en el principio de condenar a los inocentes y absolver a los culpables.
Y, adicionalmente, liberar a quienes afrontan privaciones de la libertad porque, como ya pasaron los años, están viejos y afrontan problemas de salud.
Todo esto tiene sus bemoles y sus variantes, pero la esencia del tema sigue siendo la misma: escamotear la justicia y burlarse de la ley.
Acaba de ocurrir que en el México lindo y querido, ha sido intervenido y capturado el general Guido Guevara, hombre fuerte del fujimorato en los tribunales de la Justicia Militar.
Aún lo recordamos: salía en la tele entorchado y con galones pronunciando palabras duras en nombre de la democracia y de la ley.
Pero después se supo que estaba involucrado en numerosas truhanerías vinculadas al manejo de los fondos de la institución y otras similares. Era un pez gordo que a la hora de la verdad, se hizo humo.
Algo parecido ocurrió con Augusto Blacker Miller, quien fuera ministro en el gobierno de Fujimori y quien se hizo fuerte, en particular, después del Golpe del 5 de abril.
El también salió corriendo cuando le llegó la hora de dar la cara y fue cogido por las autoridades norteamericanas en el Estado de La Florida, donde suelen refugiarse -según parece- varios de los más connotados mafiosos de América Latina.
Pese a los requerimientos del Perú, este personaje aún no ha sido extraditado, de modo que ha eludido hasta hoy la acción de la justicia.
Está esperando, sin duda, que pase el tiempo y que prescriban sus delitos. Así podrá gozar de una vida muelle sin rendir cuentas ante nadie.
Y quienes lo apoyan, incuban la misma ilusión: no vaya a ser que a este personaje de la picaresca criolla se le de por hablar. Y, entonces, podrían verse otros en aprietos.
Un pariente suyo, Juan Carlos Hurtado Miller -el ministro de economía de "el paquetazo" de agosto del 2000 y candidato derrotado en los comicios municipales después- tuvo la misma idea, es decir, esperar la prescripción de sus delitos, pero optó por quedarse en el Perú, donde vive "en las condiciones de la mas absoluta clandestinidad" desde hace diez años.
Quien no lo conoce, que lo crea.
Otro, en cambio, el general Víctor Malca prefirió irse a los Estados Unidos, donde también fue intervenido.
Pero en su caso se movieron poderosas manos que borraron el tema de la captura. Hoy no se habla del caso.
Pero se sabe que está, pero nadie sabe dónde. Lo único que se sabe es que no se encuentra donde debiera estar. La celda, está vacía.
Víctor Joy Way también dejó vacía su celda, pese a que no pagó virtualmente un centavo de la caución que le fuera impuesta para ser liberado.
Y José Francisco Crousillat, el hombre fuerte del Canal 4, el que vendió su línea televisiva a la Mafia gobernante, y que ahora ha recibido la "gracia" de Alan García asegurando que tiene "los días contados".
Y los tendrá en el Perú, según parece, porque prepara su viaje a Argentina donde piensa radicar en la Pampa tranquila y sosegada. Podrìa llefar al ex viceministro Jaililí, quien recuperó su libertad por la misma vía y alegando los mismos males, y que vivo hoy sin riesgo alguno.
Y Ernesto Schutz tuvo, Casio, la misma suerte. Tmó sus millones, y se fue. Hoy vive apaciblemente en Suiza, a las orillas del Lago Lemán. Sus descendientes recuperaron el Canal 5 y lo han puesto —claro— al servicio de García.
Y, por cierto, Eduardo Calmell del Solar —el "chapulín" del Congreso en su momento— que volvió a fugar, una vez más, y hoy radica en el extranjero. La justicia sabe dónde está, pero no se toma la molestia de requerirlo.
Y el general Chacón que también se salió con la suya aludiendo que su proceso se había extendido más de lo permitido. Una buena treta, por cierto, para emprender las de Villadiego.
Hay que decir, en honor a él, que ahora está celosamente protegido: su hija es parlamentaria de la Mafia. Y lo defiende con empeño.
Hay otros, muchos otros, que han pasado "piola", como se dice cuando se quiere aludir a quien logra quedar entre la penumbra y la sombra, desapercibido para que nadie lo recuerde.
Es el caso, del general Juan Briones Dávila, por ejemplo, o del general Bergamino; comprometidos ambos en hechos de los que debieran dar cuenta al país si tuvieran vergüenza.
Pero hay otros —como el general Nicolás Hermoza Ríos— que vive privado de su libertad.
Pero eso, es un decir. Porque goza de todos sus privilegios y remuneraciones pese a que se comprobó de manera fehaciente su culpabilidad en la sustracción de una cuantiosa suma de dinero vinculado a la Defensa Nacional, y su participación activa en el contrabando de armas.
Era la tercera pata de la mesa del gobierno de Fujimori, que fuera definido en su momento por nosotros precisamente como una mesa de tres patas. Cuando se rompió una —lo retiraron a la mala— se cayó la mesa.
Eventualmente ocupa su celda, pero con frecuencia prefiere pasar los días en el Hospital Militar, con sus viejos camaradas de armas, con los que recuerda, seguramente, sus "buenos tiempos" cuarteleros y funcionales.
Hoy, la justicia tiene otro carácter. Los jueces andan más involucrados en ciertas cosas. Por eso apañan, exculpan, liberan; pero también otorgan granjerías a los corruptos de nuestro tiempo: León Alegría, Alberto Químper, los vinculados a los Petro audios o a los negociados que se deriven de los acuerdos con los grandes consorcios, las licitaciones o las concesiones.
García —como dicen algunos apristas— se ha ligado a un núcleo de operadores mafiosos, pero "eficientes".
No son eficientes, sin embargo, por lo que hacen. Pero hacen. Y tal hecho ocurre porque tienen en sus manos los recursos del Estado. Hoy, el Presidente dispone de 30 mil millones de soles (algo más de 10 mil millones de dólares) para hacer de las suyas en lo que quiera. Y sus subalternos, a la sombra del Poder, manejan a su antojo esa posibilidad.
La justicia en el Perú tiene no sólo precio, sino también medida.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / www.nuestra-bandera.com
