La razón contra la tozudez

Por: P. Luis Gaspar Uribe

Doctor en Derecho Canónico

Las autoridades universitarias persisten en ignorar los derechos de la Iglesia sobre el centro de altos estudios y de paso infringen un dictamen del Tribunal Constitucional

La frase tiene tintes explosivos: “Tendrán que usar la violencia para sacarnos de aquí”. Podría ser extraída de cualquier filme de Sylvester Stallone, sin embargo, la ha pronunciado, en entrevista con The New York Times, la vicerrectora de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Pepi Patrón, en alusión a lo que la docente “imagina” que sería la forma en que la Iglesia católica pudiera hacer valer sus derechos sobre ese centro de altos estudios.

La ruptura de la cúpula directiva de la universidad con la Iglesia ha estado ocupando en los últimos tiempos los titulares de prensa, pero en realidad ha sido un proceso acumulativo: desde hace al menos tres décadas, la Santa Sede y la Iglesia en Lima han venido solicitando al renombrado colectivo que adecue sus estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que regula el funcionamiento de los centros de educación católicos. En 2007, el propio rector en aquel entonces, Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, dio cuenta tras una visita a Roma de que, en efecto, el tema era un asunto pendiente, y se comprometió a efectuar las modificaciones pertinentes, por tanto tiempo aplazadas. 

Al día de hoy, sin embargo, el Recto­rado de la ex PUCP ha ido retrocedien­do hacia las antípodas del entendi­miento, desconociendo la ascendencia fundacional de la Iglesia católica sobre el centro educativo y los derechos in­eludibles de esta en la administración de sus bienes y en el nombramiento de sus principales cargos -potestad reco­nocida por varios gobiernos peruanos en diferentes instrumentos jurídicos nacionales y en un acuerdo con la Santa Sede-, y ha ido perfilando una deriva cada vez más alejada de la enseñanza doctrinal católica. 

Como ejemplo de esto último, se puede citar la invitación formulada por la ex PUCP a la abogada colombiana Mónica Roa, para que compareciera como conferenciante. Su “divertida” ocurrencia de disfrazarse de “obispa” en su página de Facebook es anecdótica, en comparación con lo que de ella dice la web de la organización Women Worldwide Link, donde es directora de programas: “Su trabajo la llevó a presentar una demanda ante la Corte Constitucional colombiana, lo que condujo a la liberalización de las leyes de aborto país”. 

Otra muestra ha sido el nombramiento, en mayo pasado, del padre Gastón Garatea como asesor de la Dirección Académica de Responsabilidad Social por “su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, de la igualdad y de la tolerancia”. Mediante esa promoción, inconsulta con la Igle­sia, la ex PUCP decidió ignorar que al sacerdote no le había sido renovada la licencia para ejercer su ministerio, debido a su apoyo público a los argu­mentos del lobby gay. 

En cuanto a las divergencias por la administración del patrimonio de la PUCP, el rector, Marcial Rubio Correa, ha delineado otro frente de confron­tación, al asegurar que tales bienes no pertenecen a la Iglesia. El 22 de julio, en una entrevista con un medio es­tudiantil(.edu), estimó que calificar como bien eclesiástico dicho patrimo­nio “es una afirmación inexacta. La PUCP es una institución peruana, constituida en el Perú, inscrita como asociación civil y domiciliada en el Perú, que se rige por la legislación peruana y no por el derecho ca­nónico”. Los bienes, añadió, “son nues­tros y no de la Santa Sede”. 

Salta a la vista, pues, la contradic­ción con su propio criterio, expresado en carta a los obispos peruanos el 30 de junio: “La Pontificia Universidad Cató­lica del Perú es una institución de la Iglesia católica”. 

Trinchera contra el liberalismo. La evidencia histórica y documental es abrumadora en el apoyo a la postura de la Iglesia católica en el conflicto con la directiva de la ex PUCP, y son fácilmente desmontables los argu­mentos que se esgrimen para intentar desvincular a la Iglesia del centro de altos estudios.

Primeramente, es incorrecto soste­ner que la PUCP no nace de la Iglesia. La Universidad, según es bien conoci­do, fue una iniciativa eclesial, promo­vida por el padre Jorge Dintilhac (Sa­grados Corazones), con la aprobación del arzobispado limeño y de todo el episcopado peruano, y fue fundada en 1917, curiosamente en el contex­to de una ofensiva católica contra el liberalismo y el indiferentismo ancla­dos en las universidades de finales del XIX. Respaldados por el magisterio de León XIII, los obispos de Latinoamé­rica acordaron “fortalecer la educación católica a todo nivel, tratando de que en cada país del nuevo hemisferio hubiese un centro de enseñanza superior regido por autoridades clericales”. 

Gracias a los primeros donativos, efectuados por el arzobispado local y por varios fíeles a título personal, nació la Universidad Católica con un mandato de la Santa Sede (el número 696 de las Actas del Concilio Plenario de América Latina), y con el aliento y la colaboración de la Nunciatura Apos­tólica en Perú. 

Otro despropósito es afirmar que la legislación canónica por la que debe regirse el centro es incompatible con las leyes peruanas, pero en sucesivos documentos se desestima ese supues­to. Así, el Tratado de 1980 entre el Estado peruano y la Santa Sede, que mantiene su pleno vigor, en los artícu­los 1 y 19 le otorga a la Iglesia plena independencia y autonomía para or­ganizar sus centros educativos. Más adelante, en 1983, el artículo 42 de la Ley Universitaria 23733 refrendó que en el gobierno de las universidades participan “obligatoriamente los profe­sores, los estudiantes y los graduados, así como la entidad fundadora, si se encuentra en actividad, en la proporción que deter­minen sus estatutos”. 

Es, por tanto, improcedente, que la universidad se empeñe en que la asamblea universitaria sea exclusiva­mente la que elija al rector, pese a que el reglamento por el que se rigen los centros católicos de altos estudios es­tablece que la asamblea debe dar a co­nocer una terna de tres posibles candidatos. Según los Estatutos de 1956, corresponde al Gran Canciller de la PUCP (el arzobispo de Lima) nombrar de entre estos al rector, y someter di­cho nombramiento a la aprobación de la Santa Sede. 

Para finalizar esta parte, se puede hablar del empeño puesto por la di­rectiva de la ex PUCP en desacreditar al arzobispo limeño, el cardenal Juan Luis Cipriani, a quien culpa de querer“acaparar” la economía. “Nos han dicho: Entréganos el dinero y obedece”, ha llega­do a expresar el rector Marcial Rubio en una reunión con profesores y alum­nos. 

No tiene en cuenta el rector, al querer singularizar el conflicto en la persona del cardenal Cipriani, que el arzobispo limeño está sencillamen­te ejerciendo su potestad como Gran Canciller, y que la razón de fondo, en la que se basa no solo el cardenal sino toda la Iglesia, es que los bienes de la Universidad, como persona jurídica eclesiástica, son de naturaleza ecle­siástica, lo que queda ratificado en el canon 1257 del Código de Derecho Ca­nónico. 

Los cardenales Guevara, Landázuri y Vargas Alzamora, que precedieron en el cargo al cardenal Cipriani, defen­dieron, cada uno a su manera y según las circunstancias que les tocó vivir, la dependencia de la ex PUCP a la Santa Sede, a pesar de la reticencia de los di­rectivos de esa universidad para aca­tar las observaciones a los estatutos que la rigen.

Contra la Iglesia y contra los tribu­nales. La tozudez de las autoridades de la ex PUCP, que no permite exa­minar con serenidad las bases sobre las que se ha erigido esa casa de altos estudios; el alejamiento doctrinal y la ausencia de sintonía con el magisterio eclesial; las salidas de tono de algunos ejecutivos del centro de estudios, al estilo del ya mencionado “tendrán que usar la violencia para sacarnos”, así como la andanada de insultos y caricaturizaciones de la que han hecho blanco pre­dilecto al arzobispo de Lima, han con­ducido el diferendo entre el rectorado y la Iglesia peruana a una encrucijada lamentable. 

La Santa Sede, parte firmante, junto con el Estado peruano, de las norma­tivas relativas a la PUCP, ha tomado cartas en el asunto, luego de años de venir pidiendo sistemáticamente, sin éxito, las adecuaciones estatutarias pertinentes. 

En tal sentido, el pasado 22 de julio, la Secretaría de Estado vaticana deci­dió, de conformidad con la legislación canónica, retirarle a la PUCP los títu­los de “Pontificia” y “Católica”. 

Según la declaración de la San­ta Sede, “recientemente, mediante dos cartas dirigidas al Emmo. Secretario de Estado, el Rector ha manifestado la impo­sibilidad de realizar cuanto se le requería, condicionando la modificación de los Esta­tutos a la renuncia por parte de la archidiócesis de Lima al control de la gestión de los bienes de la Universidad”.

 “La participación de la archidiócesis de Lima en el control de la gestión patri­monial de esta entidad ha sido confirma­da en varias ocasiones con sentencias de los tribunales civiles del Perú”, añade el texto, en alusión inclusiva del vere­dicto emitido por el Tribunal Consti­tucional peruano en marzo de 2010, tras examinar la cuestión a petición del rectorado y otorgar la razón a la Iglesia; una conclusión que, se ve, las autoridades universitarias quieren ca­prichosamente desconocer.

 La preocupación va calando enton­ces en padres y estudiantes, quienes optaron por la hoy ex PUCP con la confianza depositada en la excelencia académica y el prestigio del claustro de profesores que han contribuido por décadas a labrar el buen nombre del centro. Los títulos con el nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú han sido prácticamente orgullosa carta de presentación de los egresados, pero una lógica elemental señala que si los directivos de la ins­titución van de lleno contra la Iglesia, esta puede sencillamente retirar los apelativos de “Católica” y “Pontificia”, que le son relacionados. 

Pese a ello, el rector Marcial Ru­bio ha insistido en que “este es nuestro nombre oficial y a través de él somos re­conocidos nacional e internacionalmente. Tenemos el pleno derecho a seguir utili­zándolo mientras lo consideremos conve­niente. Cualquier decisión que se tome al respecto es potestad de los organismos de gobierno de la propia Universidad”.

 Si fuera a hacerse una compara­ción metafórica, la ex PUCP sería una variante de “café descafeinado”: un centro que se denomina católico y que contradice los valores, las enseñanzas y los cánones del Magisterio católico. La propuesta sería un engaño en toda regla. 

De que se preste oído a los reclamos de la Sede Apostólica y a las decisiones de los tribunales peruanos, dependerá que la  exPUCP pueda llegar a su cen­tenario (2017) como verdaderamente católica, lo cual estuvo siempre en el espíritu y el deseo de sus fundadores. Un grupo de distinguidos catedráticos de esa universidad ha planteado la fi­delidad a la Iglesia, rompiendo la apa­rente unanimidad que el rector soste­nía tener.