Las verdaderas obras de Fujimori

Por Andes Imagen Corporativa*

EL ROBO DEL SIGLO

Si se encuentra usted con un fujimorista de esos que solo saben gritar: “chino, chino, chino” y que ya aprendieron a decir “caviar”, pregúntale: ¿Dónde no robaron en el gobierno de Fujimori? Y como él, con seguridad no podrá responderle ilústrelo y dígale “robaron como quisieron, por donde pasaron y donde se metieron”.

Robaron las donaciones japonesas y las otras; robaron en las compras de armas, en plena guerra con Ecuador; robaron en las privatizaciones; robaron en los salvatajes bancarios; robaron en la compra de cuatro mil tractores y en medicinas chinas; robaron en los desayunos escolares; robaron en la Caja de Pensiones Militar y Policial que la dejaron quebrada; robaron en el manejo y liquidación de Popular y Porvenir; robaron en los papeles de la deuda externa, robaron en licitaciones y contrataciones.

Nunca se robó tanto en el Perú como en la época de Fujimorato. Ahí está en las cárceles los más altos mandos militares, están o estuvieron una Fiscal de la Nación, un Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un Vocal del Tribunal Constitucional, más de un empresario o personaje importante de su época aunque – claro está, no están todos los que debieron estar pues hay que recordar la expresión sobre las cárceles “Ahí no están todos los que son , ni son todos los que están “las leyes tienen vericuetos, escondrijos, madrigueras como la prescripción, el indulto, la amnistía la retratación y hasta la confesión sincera, sin contar al os innumerables jueces venales – para que tanto pillo pueda escabullirse.

De todos esos robos daremos información, caso por caso, para cumplir con esta batalla contra el olvido en la que estamos empeñados. Todos los robos que he mencionado tienen autores señalados y montos precisados y más de uno no tienen acción judicial, pero se conocen y se los recordaremos pues la memoria colectiva es muy corta.

Por ahora y para comenzar le daré a conocer el origen, importancia y consecuencia de lo que se me ha ocurrido llamar el “robo del siglo”.

El robo al que nos referimos es el de los fondos de FONAVI de los que se ha hablado mucho en los últimos meses, pero ningún medio de opinión menciona al autor: Alberto Fujimori.

Recordemos al lector que en Julio de 1979 el gobierno Militar creó el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) con la finalidad de satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores. “En su creación se estableció expresamente “los recursos del fondo serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas que serán vendidas o alquiladas a los trabajadores que constituyen el Fondo, mediante sorteo”.

Así funcionó el FONAVI durante lo gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Todo cambió totalmente con el Decreto Ley No. 25436 de 16 de abril de 1992 que estableció que los fondos de FONAVI se aplicarán a muy distintos fines: obras de saneamiento, electrificación, agua y desagüe, pistas y veredas y no sólo viviendas como fue el origen de la creación del FONAVI.

Tome nota el lector que el Decreto Ley tiene fecha de 16 de abril de 1992, es decir 11 días después del autogolpe de Fujimori.

Vale decir que el despojo de esos fondos se hizo con alevosía y ventajas – como se califican algunos delitos, pues en ese momento no existía ni Congreso, ni Poder Judicial, que habían sido “disueltos por Fujimori”.

Naturalmente que el atropello se mantuvo durante todo el gobierno dictatorial de Fujimori y cuando se restableció la democracia los fonavistas hicieron uso de sus derechos de iniciativa legislativa primero, y luego se acogieron a a Ley de Participación Ciudadano que culminaron con la concesión del derecho al referéndum.

No entramos en detalle del proceso de referéndum pues ha sido materia de amplia difusión y ha culminado con el éxito de los fonavistas y el reconocimiento de su derecho a la devolución de sus aportes.

Aún no se sabe el monto exacto al que alcanzarán las devoluciones. Solo se sabe que será una fuerte suma que tendrá efectos catastróficos para la economía nacional.

Solo queremos que el lector recuerde que este robo de los fondos de FONAVI es una de las “obras” de Fujimori y de la cual la señora Keiko no podrá decir “mi papá no sabía nada”.

Ahora, lector, Ud. lo sabe y los fonavistas mejor que Ud. Sus aportes se los robó Fujimori.

A parte de esta “obra” hay otras tan repudiables como esta y son las esterilizaciones forzadas, los jueces sin rostro, las privatizaciones y tantos otros atropellos a los derechos humanos de los que les daremos cuenta, a continuación.

ESTERILIZACIONES FORZADAS

En los departamentos más pobres del país y en agravio de sus más humildes habitantes —campesinas y campesinos quechuablantes— Fujimori ejecutó una de sus obras más infames: la esterilización forzada de mujeres y hombres que llamaron AQG / Anti Concepción Quirúrgica Voluntaria, que en el caso de las mujeres era la ligadura de trompas y en el caso de hombres era la vasectomía y que casi nunca fue voluntaria.

En la inmensa mayoría de los casos esas intervenciones se producían luego de amenazas, de engaños y casi siempre sin su consentimiento y hasta sin su conocimiento.

A las mujeres las coaccionaban diciéndoles “el gobierno te va a multar”, “que no iban a recibir más alimentos”; “que si tenían más de dos hijos iban a llevar presos a sus maridos” y en la gran mayoría de los casos ni se molestaban en amenazas a engañarlas. Simplemente les ligaban las trompas momentos después de haber dado a luz y muchas veces con funestas consecuencias – antes del parto.

El acto o delito señalado fue más infamante pues abusaron de la falta de defensa de sus víctimas, que en la inmensa mayoría de los casos eran analfabetas.

Al respecto hay cuadro que demuestra que entre 1993 y 2000 el Ministerio de Salud ejecutó 346,399 operaciones de ligaduras de trompa y 25,535 operaciones de vasectomía… Titulares de ese Ministerio fueron los doctores Eduardo Yong, Marino Costa Baner y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico personal de Fujimori).

Es cierto que el Perú tiene un problema demográfico. La tasa de nacimientos en una de las más altas del mundo. Es de 2.8% y si en 1940 éramos 7 millones de habitantes hoy tenemos 29 millones. Eso hizo creer a los militares peruanos que habían formulado un Plan Verde —que descubrió la revista OIGA— que pensaban ejecutar en 20 años antes de la llegada de Fujimori, que en 40 años más podríamos tener una población de 80 millones de personas hambrientas, sin educación, sin posibilidades de empleo en un clima de absoluta miseria y delincuencia avezada, y agregaba el Plan Verde que de nada servirá derrotar a la subversión si seguíamos incrementando en 500,000 personas anuales la demanda de alimentos, entre educación, servicios, empleos, vivienda, agua y energía y que esos problemas fomentarían la permanencia en el tiempo de los grupos subversión.

El análisis no tiene mucho de discutible. Lo reprochable y más que nada reprobable, y más que nada inaceptable es la solución que habían ideado y que parece se la “vendieron” a Fujimori.

La solución era lo más antidemocrática que se pueda imaginar. Consistía en esterilizar al mayor número de mujeres y si era posible con amenazas o engaños. Para ellos esa era la solución.

Algo que era contrario no solo a la Ley sino a la dignidad humana y eso era operarlas con coacción, amenazas, engaños y muchas veces sin su conocimiento.

Sin exagerar trataron a tan humildes personas peor de lo que un hacendado habría tratado a su ganado.

Pero esas mujeres tuvieron el coraje de protestar y denunciar en pleno gobierno de Fujimori y formaron la “Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas” y encontró una auténtica lideresa en Hilaria Supa, hoy congresista.

Hilaria Supa tenía una nota que la distinguía. Ella era de Anta y en esta localidad, como dice un informe, casi no hay niños comiendo en las calles. Gran cantidad de mujeres dejaron de ser fértiles porque los bisturís de los médicos no tuvieron ningún miramiento con ellas.

Personaje emblemático de la tragedia que han sufrido tantas humilde compatriotas en el de Mamérita Mestanza que murió por una esterilización forzada el 4 de abril de 1988. El hecho fue denunciado en su oportunidad y en 1999 elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que falló a su favor y ordenó al Perú indemnizar a sus familiares que recibieron 103,000 dólares.

A Mamerita Mestanza le dijeron “tienes que hacerte curar para que no tengas más hijos”. En el Centro de Salud le hicieron firmar un documento sin que conociera su contenido. Al día siguiente, y por más de quince días, se sintió mal sin recibir ninguna ayuda del Hospital de Cajamarca donde le habían ligado las trompas sin un chequeo o control médico.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Mamerita Mestanza es lo que alienta a más de 20 familias que han sufrido el fallecimiento de una víctima de esta aberrante práctica.

Actualmente y con un minucioso informe de la Defensoría del Pueblo se han detectado 2,054 casos en que los afectados han denunciado el delito pero el Fiscal Provisional para derechos humanos ha decretado al archivamiento del proceso con el argumento de que constituyen casos de negligencias médicas aisladas cuyos delitos ya habrían prescrito y no es un caso de violaciones de lesa humanidad.

En opinión del ex Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Dr. Ronald Gamarra, “no se trata de miles de negligencias aisladas cometidas por miles de médicos. Fue una práctica constante”.

Y según la Dra. Maria Isabel Cedano de DEMUS con este archivamiento del proceso el Estado Peruano incumple el compromiso asumido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Masmente Mestanza, la mujer que murió luego de que le ligaran las trompas en Cajamarca. A ella y a su esposo le dijeron que “el Gobierno había dado una ley en Lima para que se aprese a todos los que tienen más de dos hijos y no se quieran hacer la intervención”.

Así se trató a los más humildes en el gobierno de Fujimori. Con el desprecio de quien se creía nuestro Emperador.

PRIVATIZACIONES

Privatizar, privatizar. Cuanto antes y lo más que se pueda. Esa fue una de las recetas y ordenes que le dio a Fujimori, Michael Camdesus, el mandamás del Banco Mundial, cuando se trataba de arreglar el monumental desastre económico que se heredó del primer gobierno de Alan García.

Y fue económicamente importante lo que se obtuvo: nueve mil millones de dólares que eran mucho para un país que había tenido lo que los sabios economistas apristas llamaban “reservas negativas” para no decir que estábamos en la lona.

Así como son escasas las memorias personales y los ensayos políticos o económicos, sólidos y bien documentados, sobre tantas épocas de nuestra historia, en este serio asunto de la privatización se necesita y a gritos un estudio o un trabajo de un especialista o un grupo de ellos que nos ilustren –con exactitud- cuáles fueron los aciertos y los errores de ese proceso y sobretodo las irregularidades y las incorrecciones o inmoralidades del mismo.
El autor se siente limitado por su escasa preparación económica para emitir mejor juicio sobre el asunto pero hubo debate de la valiente minoría parlamentaria en el Congreso y reclamos en la prensa –sobre todo en las revistas de la época- para denunciar y pedir esclarecimientos que nunca se produjeron.

Una primera y sólida crítica a la privatización la formuló el conocido y prestigiado economista Alejandro Indacochea, quien expresó claramente que “el país no estaba realizando un proceso de privatización, sino de simple transferencia, podría decirse de un simple remate”. Dijo: “se ha partido sin una base, se está haciendo todo en el camino” y nos informó que la mina Condestable y el Banco de Comercio se vendieron por debajo del precio ofertado y que la subasta de Conchan tuvo que declararse desierta por falta de postores.

Nos ilustró Indacochea –aunque nadie en el gobierno le hizo caso que Inglaterra, Chile, Mexico, Venezuela y Brasil hicieron privatizaciones antes que nosotros y en todos esos procesos –sin excepción- los fondos obtenidos fueron destinados a programas específicos, diseñados y dados a conocer con debida antelación. Se aplicaron a investigación científica, tecnológica, reinversión industrial, programas de investigación de las universidades, fondos de contingencia social o amortización de la deuda externa.

Fue notable la transferencia del destinó de los fondos en Venezuela: 20% para programas sociales, 30% pago de la deuda, 10% financiamiento de investigación científica y 35% nuevos procesos de privatización y reestructuración.

Aquí no solo se ignoró olímpicamente esas experiencias, sobre todo la de Venezuela, sino que lo verdaderamente increíble ocurrió cuando todo el mundo quería saber en que se había invertido el dinero o simplemente donde estaba. Casi al final del gobierno se admitió que 1,500 millones se habían gastado en armamentos, lo que demostraremos más adelante, fue la gran oportunidad para la recepción de coimas, por las que están purgando prisión casi todos los que fueron nuestros más altos mandos militares.

Otro aspecto de las privatizaciones que nunca se tuvo en cuenta es que los ingresos provenientes de las privatizaciones son ingresos únicos. Se reciben por una sola vez y después perdimos el bien que privatizamos.

Esa característica tan especial debió obligar a un estudio muy serio para decidir que bienes era necesario privatizar y sobretodo determinar con precisión los precios mínimos a obtener para no terminar malbarateando los bienes y se propagó esa frase que ya corría. “Vendimos las joyas de la abuelita” que después la ampliaron en la Argentina agregando que “luego se venden las fantasías de la tía”.

El congresista Carlos Chipoco solicitó información sobre los gastos en que se había incurrido en la privatización y encontró que en los primeros dos años se habían gastado 45 millones de dólares en asesorías. Aquí no importa el monto que es el normal. Lo que importaba es que esa suma, se gastó en personas o empresas no elegidas en concursos públicos sino como decía un artículo periodístico “sumando muertos y heridos, primos y amigos del gobierno se ha contratado por 45 millones de dólares”.

Aparte de los casos de la mina Condestable, el Banco de Comercio y la subasta de Conchan, ya citados hubo otros que se debatieron por la minoritaria oposición, luego fueron materia de investigación por comisiones parlamentarias y quizá hayan ido a instancias judiciales pero como ocurre casi siempre solo han quedado en un vago recuerdo. Nunca se profundizó en algún caso. En todos ha primado la conclusión tan peruana del “hecho consumado”. Ahí quedaron sin esclarecerse y posiblemente nunca se esclarezcan porque vivimos en el reino de la impunidad.

Pero no hace daño a nadie el recordarlos.

En un artículo de OIGA del 14 de Noviembre de 1994 nos enteramos del asombro y la amargura de Juan Gris, seudónimo del autor del artículo, que comenta la privatización de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla. El primer asombro es que lo que, según cifras oficiales, costó 309 millones de dólares, ha sido rematado a un postor que va a pagar 193 millones de dólares, 40 millones en papeles de la deuda y el saldo en 14 años en cómodas cuotas mensuales de 4 millones de dólares.

Los beneficiados fueron los japoneses de Marubeni Corporation que se presentaron con la fachada de un consorcio canadiense.

El artículo de Juan Gris es valioso porque él fue testigo, desde su iniciación de la construcción de la Refinería cuando era gerente de Relaciones Públicas de Minero Perú y nos cuenta todo el esfuerzo económico y humano que significó construirla en 1973, para que ahora el Estado se desprenda de tan valioso bien, con mengua de su precio. Recuerda que las obras de infraestructura fueron ejecutadas por Cosapi y JJ Camet, por lo que el ministro Jorge Camet debe saber bien lo que costó la obra y finalmente nos recuerda que en 1977 el Perú ya había ingresado al grupo de países productores de zinc que integraban Japón, EE.UU., Canadá, Alemania, Bélgica y Francia.

La pregunta elemental es ¿valió la pena mal baratear bien tan valioso?

Igual pesar ha debido sentirse cuando se remató la Refinería de la Pampilla, obra del primer gobierno de Belaúnde y construida especialmente para liberarnos de la dependencia, en ese momento de la IPC.

Informaciones periodísticas también dieron noticia de casos escandalosos. La mina Condestable fue adquirida al 64% de su valor contable, lo cual no tenía sentido, luego de una hiperinflación.

El astillero INASA no se quedó atrás. El comité de Privatización fijó el precio base en 1’739,000 dólares.

Sin embargo, recién en el lance 21 hubo una propuesta o sea que el precio se rebajó en 21 ocasiones y al final lo adquirió el Sindicato Pesquero de Isaac Galdsky por 727.000 dólares. Ni siquiera un millón.

¿Qué sentido tenía valorizar las empresas si luego se malbareteaban?

Otro acaso notable fue el remate de Química del Pacífico (QUIMPAC) que se remató a lo dos días del atentado de Talara y se tomó en cuenta el valor nominal. Como si alguien se le ocurriera vender su casa al valor de las escrituras. Total, se vendió en tres millones de dólares. El comentario, muy grave, que hace la revista que comenta esta privatización es que cuando esta empresas se vendió en 3’300,000 dólares tenía en los cajones del escritorio del gerente medio millón de dólares, en cuentas por cobrar a sus clientes cuatro millones de dólares y como si esto fuera poco edificaciones en más de veinte mil metros cuadrados.

Estos datos parecen increíbles, pero el autor recuerda que el caso de QUIMPAC fue muy cuestionado en su momento.

Hubo dos casos muy notorios por el cambio de las reglas del proceso y con la misma irregularidad.

El primero fue el de la empresa china Shogung que compró lo que fue la Marcona al precio de 120 millones de dólares, asumiendo una deuda al Estado de 42 millones de dólares, pero después de la subasta el gobierno le condonó tan valiosa deuda. Fue, sin duda, una notable ventaja para Shogung, que durante tantos años ha incumplido sus obligaciones de reinversión y continuamente tiene quejas y reclamos del personal nacional que se siente maltratado por Shogung.

El otro caso, más escandaloso fue el de la privatización de Aero Perú cuya primera subasta la ganó Faucett a un grupo mexicano que representaba Roberto Abusada. Esa primera subasta fue anulada por presión del Ingeniero Camet que en ese tiempo era presidente de Copri y la siguiente subasta la ganaron los mexicanos que nombraron presidente de las empresas al señor Abusada. Luego de esa segunda subasta el gobierno peruano le condonó a Aero Perú una deuda de 23 millones de dólares, que se suponía que tendrá que haber pagado la empresa que ganó la subasta.

En este asunto hay dos hechos que no deben pasar el olvido. El primero es que el señor Abusada fue siempre asesor del Ing. Camet, como años antes había sido vice Ministro de Manuel Ulloa y el segundo hecho es que pese a estar gollerías Aero Perú quebró en forma escandalosa dejando a 1,600 trabajadores en la calle.

En un libro que se titula “El pacto infame” y con el subtítulo de “Estudios sobre la corrupción en el Perú” se encuentra el trabajo de tan prestigiado analista Francisco Durand que nos recuerda algo que muchos han olvidado: el negocio de la recompra de los papales de la deuda externa en los que una información confidencial, privilegiada, podía enriquecer a un solo golpe a sus dueños. Y nos recuerda que uno de los grandes compradores fue el Peru Privatization Fund (PPF) constituida el 18 de junio de 1994 en la famosa isla Grand Cayman donde tenían sus dolares Alan García y Alfredo Zanatti. Los socios principales eran el Banco de Crédito del Perú con 42.9% de las acciones, el HongKong and Shangai Bank Corporation (HSBC) con 42.9% y el Chase Maniatan Bank con 14.2%.

Lo único “curioso” en este asunto es que un abogado Francisco Moreyra había sido contratado con la fórmula del PNUD como asesor del Ministro Camet, pero también era abogado del Midland Bank que había sido absorbido por el HSBC. Lo que se cuestionó -y con razón- al Ing. Camet que tuviera como principal asesor en asuntos de la deuda a quien era, a la vez abogado de un acreedor.

Camet y Moreyra declararon ante la Comisión Investigadora del Parlamento. El Ministro Camet afirmó que “Moreyra era un profesional de mucho nivel, un hombre digno, honorable, correcto” y que no veía “un conflicto de intereses en su contratación”.

Nos quedamos con esa declaración y el recuerdo de que antes que se iniciara la recompra al precio de la deuda externa era de 23% de su valor en Marzo de 1994 y un año y medio después pasó a más de 67%.

Este caso, como tantos, quedó en el limbo, en el que los peruanos ya se acostumbraron a vivir.

Todo lo hasta aquí relatado puede parecer, a más de uno, simples especulaciones, pero ha quedado un libro que es imposible refutar porque es testimonio personal de un protagonista central de la privatización y que goza de un merecido prestigio. El ingeniero industrial Daniel Saba fue testigo de excepción de cómo se proyectó la venta por partes de Petroperu que fue debidamente calificada como “la canibalización de Petroperu”, experiencia que vivió entre el 23 de mayo de 1992 y mayo de 1944 cuando fue miembro del comité de privatización de PetroPerú y que trasladó a un libro que tituló “Memoria de un confeccionista- Historia del proceso de privatización de PetroPerú” en el que detalla cómo era el sometimiento del gobierno peruano a los dictados del Banco Mundial y como la improvisación y el oportunismo campearon en asunto tan delicado y estratégico y como los intereses privados se unen con el poder de turno sin tomar en cuenta “los sagrados intereses de la patria”, un lugar común pocas veces respetado.

Relata Saba un viaje a Washington y haber conocido un argelino, Khelil, que representaba al Banco Mundial y de quien se enteró, por primera vez, de la intención de vender PetroPeru´por partes. A la objeción de Saba de que esa posición no se había aún tomado, el señor Khelil le mostró un oficio firmado por el Ing. Yoshiyama, en su calidad de Ministro de Energía y Minas ofrecía al Banco la venta de PetroPerú en forma fraccionada.

Como Saba insistiera en que era irracional esa posición, Khelil le replicó que el oficio que le había mostrado era la posición oficial del gobierno peruano y representa para nosotros un compromiso”. La afirmación más grave que contiene el libro es cuando Saba cuenta que en otras ocasión en tono confidencial y a solas Khelil le dijo: “Esta carta la escribimos aquí”.

En palabras de Saba: “esto si me sorprendió mucho, sabía y sé que lamentablemente somos un país dependiente de los organismos multilaterales, tal vez ahora más que nunca. Pero nunca pensé que nos daban servicio de secretariado, lo que bromas aparte resulta extremadamente peligroso”.

El último párrafo trascrito es el testimonio de un profesional tan serio que fue “renunciado” sin su conocimiento, justo cuando él pensaba hacerlo.

Como sabrán muchos lectores la venta de Petro Perú no se llegó a concretar ni integra, ni por partes, pero queda el testimonio irrefutable de un protagonista serio de como el gobierno de Fujimori había prácticamente decretado vender “a pedazos” un valioso bien nacional.

Reiterando mi opinión que es necesario establecer una “comisión de la verdad” para aclarar con certeza lo bueno y lo malo del proceso de privatización algo hemos establecido
1.- no aprovecharon las experiencias que hemos mencionado de otros países y los ingresos no tuvieron fines específicos, en consecuencia no fueron productivos.
2.- más de 200 mil personas quedaron sin puestos de trabajo.
3.- Muchas empresas se subvaluaron y otras se vendieron sin necesidad como el caso de Electrolima.
4.- Más escandaloso fue el caso de Popular y Porvenir que sirvió para la actuación delictuosa de Augusto Miyasuku, de la que trataremos más adelante y
5.- y final: lo inconcebible fue que hasta el mismo 1999 el gobierno, despreciando a todos los gobernados nunca informó ni donde estaban los fondos ni en que se habían invertido. Lo único que reconoció fue que habían gastado 1,500 millones de dólares en compra de armamentos, fuente de rapiña como demostraremos más adelante, en detalle y por lo cual hay tanto generales detenidos y otros prófugos.

No en vano, en un país a un artículo sobre el Perú le pusieron un titular de vergüenza: “Perú, país en subasta” y otro no menor infamante decía: “compre el Perú, está barato”.

Y como una curiosidad trascribimos para el lector una frase, casi de antología, de un defensor de Fujimori quien al referirse a las críticas que se hicieron de las privatizaciones solo dice y muy campante “las empresas permanecen en el país. No se ha perdido nada” y para defenderse de lo indefendible, la corrupción, dice como gran justificación. “En el Perú se funciona a base de la corrupción”.

LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA Y SUS FUNESTAS CONSECUENCIAS

Una decisión totalmente personal de Fujimori que tuvo funestas consecuencias para miles de modestos compatriotas – muchos de los cuales aún no han sido reparados en sus derechos – fue la arbitraria y abusiva legislación anti terrorista que se implantó en el país justo al mes del autogolpe.

El día del autogolpe, el 5 de abril de 1992 Fujimori había dado como uno de sus argumentos para la ruptura del orden constitucional la situación de avance incontenido del terrorismo.

Y el día 5 de mayo, Fujimori dio otro mensaje al país en el que con el tono de arrogancia y soberbia que lo caracterizaba anunció que en vista de que la legislación vigente no bastaba para detener la subversión había decidido dictar normas más severas e hizo conocer al país que se restablecería la pena de muerte, la que estaba prohibida en convenio internacionales, que como los jueces se sentían intimidados o se acobardaban en lo sucesivo todos los juicios a terroristas serían vistos y sentenciados por Tribunales Militares y la gran novedad que introdujo es que habría “jueces sin rostros”.

Los partes policiales, muchos “sembrados”, serían considerados como pruebas incriminatorias. Los presos terroristas no harían lo que quisieran en las cárceles. Serían recluidos en pequeñas celdas de las que saldrían solo unos minutos al día. Los Abogados ya no podrían defender a más de un terrorista. Los menores de 18 años serían tratados y sentenciados como adultos. Se inventó la figura de la “colaboración” para que un terrorista apresado pudiera denunciar a otros y se estableció el nuevo delito terrorista de “traición a la patria”.

Desde el día siguiente de este último mensaje comenzaron a publicarse los Decretos Leyes 25475, 25659, que contuvieron las normas principales aún que también sin importantes los Decretos Leyes 25499, 25564 y el 25728.

Recuérdese que se estaba en plena dictadura de Fujimori, a un mes del golpe y sin Congreso, ni Poder Judicial ni institución alguna que representara a la oposición. Todo el poder lo tenía Fujimori.

Todos estos Decretos Leyes tuvieron, de inmediato, rechazo de la escasa oposición por ser manifiestamente anti constitucionales y atropellar los derechos humanos más elementales.

Como comentamos anteriormente al analizar el galardón que muchos la atribuyen a Fujimori de haber acabado con el terrorismo. Fujimori cayó en el juego del terrorismo. Lo que busca el terrorismo – aquí y en todos lados – es acosar de tal manera al Estado que éste reaccione de manera tan agresiva e intolerante, que al final actúa como los mismos terroristas. Entonces, creen los terroristas y no les falta razón, la población verá que el Estado llega a ser tan abusivo como el terrorista.

Ningún Estado civilizado combate al terrorismo con terrorismo como se aprecia en España, Irlanda, Italia que han tenido y tienen aún fuertes movimientos terroristas. Se respetan los derechos humanos de los mismos terroristas y se les somete al debido proceso.

Con los Decretos Leyes de Fumijori no se detuvo en nada al terrorismo. Siguió actuando con más ensañamiento cada día y la prueba de ello es que en Junio de ese año se realizaron 291 atentados (record en ese momento) según informes de la revista Ideele.

Lo que si se produjo y con secuelas que hasta hoy subsisten fue el atropello a miles de personas humildes como se demostrará a continuación.

Para debida calificación de las arbitrariedades contenidas en esos Decretos Leyes nos basamos en el documentado informe del Dr. Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal – IDL y uno de los más destacados defensores de los derechos humanos quien nos informa que desde el Decreto Legislativo 46 de 1981 (Primera Ley Terrorista) son más de cuarenta las normas expedidas y que comprenden los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori y que la mayoría de ellas – promulgadas durante el gobierno de Fujimori, solo significan un incoherente manejo de la política contrasubversiva y una sistemática presentación de la Ley penal como instrumento salvador frente al terrorismo. Y remarca Rivera que esto resulta particularmente importante si tenemos en cuenta la naturaleza democrática de los dos primeros gobiernos y abiertamente autoritaria del tercero.

Nos ilustra el Dr. Rivera Paz que desde 1987 en la Ley 24651 se incorporó el delito de terrorismo en el Código Penal la investigación y el juzgamiento de las personas comprendidas en tales delitos se desarrollaban sobre la base de las reglas generales y comunes del Código de Procedimientos Penales que aplicaba a todos los delitos y que a pesar de la crítica situación que vivía el país ya en 1987 logró desarrollar elementales principios de un Estado de derecho para la administración de justicia como la conducción de la investigación por el Ministerio Público, la subordinación de la Policía al Ministerio Público, el reconocimiento de la participación de la defensa, la creación de jueces especiales entre otros.

Hasta ese momento la normatividad antiterrorista aun cuando se trataba de una legislación especial se había desarrollado dentro de los parámetros de un Estado de derecho. Eso cambió radicalmente tras el golpe de Estado de Abril de 1992.

De los Decretos Leyes mencionados el más importante fue el 25475 que desde entonces sería conocido como la nueva Ley antiterrorista.
A diferencia de las anteriores no solo comprendía normas penales sino también normas procesales, normas de organización judicial y normas penitenciales. En materia penal no solo se tipificó la figura básica del terrorismo sino también el denominado terrorismo agravado, los actos de colaboración, la asociación ilícita, la instigación y la apología del terrorismo.

La característica común en la tipificación de las figuras delictivas del decreto 25475: son tipos penales esencialmente abiertos. Son de tipos penales abiertos los que no precisan con claridad el delito y eso hizo con mala intención. Este decreto rompió las reglas de la precisión y la claridad de los tipos penales con la evidente finalidad de comprender en cada uno de ellos la mayor cantidad de hechos o actos humanos posibles de ser perseguidos penalmente. Así tenemos que el artículo 2 del Decreto establece que comete delito de terrorismo : “el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio o la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamento, materiales o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años”.

Hemos trascrito íntegramente tan largo artículo para que el lector pueda apreciar que cualquier acto o hecho de los señalados lo consideran como acto de terrorismo y con pena no menor de veinte años. Era evidente que se pensaba romper violentamente las reglas de la precisión y claridad de tipos penales para achacar a cualquiera la comisión del delito de terrorismo, por causas tan diversas y todas penalizadas con esa severidad mínima de veinte años. Si se quiso con ello amedrentar o atemorizar a los terroristas estaban equivocados pues estos, en su mayoría estaban concientizados tanto en “la necesidad de matar para aplicar la estrategia acordada y como premisa necesaria de lo anterior, la decisión, más aún la expectativa de entregar la vida propia. Esta última es “la cuota”.

“El concepto mismo de “la cuota” y la forma febril, el fulminante fervor con que fue expresado le dieron en los años siguientes la apariencia de un culto tanatófilo antes que la de un partido marxista la inspiración de las acciones senderistas no se encontraban en Marx, Lenin o siquiera Mao, sino en el reverendo Jones y la paila de cianuro en Guyana”. Así se refiere Gustavo Gorriti al fanatismo homicida de Sendero Luminoso en su documentado libro: “Sendero Historia de la guerra milenaria en el Perú”.

El Decreto Ley 25475 no solo estableció penas muy elevadas de veinte y treinta años como mínimos para varios delitos sino que también reinstaló la cadena perpetua para los delitos más graves.

En lo que se respecta a los procesos también transformó radicalmente la situación anterior al golpe de Estado ya que decidió otorgar un poder sin control a la policía durante la etapa de la investigación preliminar. La norma señala textualmente que la Policía investiga estos delitos “disponiendo que su personal intervenga sin ninguna restricción que estuviera prevista en sus requerimientos institucionales”. Por otro lado concedió a las Fuerzas Armadas facultades para detener a personas presuntamente vinculadas con actos de naturaleza terrorista. La norma también dispuso que, en la etapa de la investigación preliminar la Policía tenía la atribución de incomunicar al detenido hasta por diez días. Esto fue interpretado por la Policía como una restricción a la posibilidad de que el detenido se entreviste con su abogado defensor. Otra limitación fue que el abogado defensor solo podía entrevistarse con su patrocinado después de que éste era interrogado.

En cuanto a la organización judicial el Decreto Ley 25475 estableció la creación de Tribunales especiales o tribunales sin rostro porque la identidad de los magistrados eran secretas. Se construyeron ambientes especiales para el juzgamiento de personas acusadas por el delito de terrorismo que impedían observar el rostro de los magistrados a cargo del caso. Y en materia procesal consagró no solo los procesos judiciales sumarín, en especial la etapa del juicio oral (los casos oralmente se resolvían en tres días) sino también la eliminación de diversos medios de defensa técnica de los procesados.

De esta manera la nueva norma terminó configurando un proceso penal en el cual el procesado estaba totalmente desprotegido y sin ninguna posibilidad de ejercitar efectiva y ciertamente ningún derecho fundamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta legislación antiterrorista era, per se, violatoria de los derechos humanos.

Pero el régimen fujimorista avanzó más allá y se promulgó el Decreto Ley 25659 que tipificó el delito de traición a la patria y entregó a las Fuerzas Armadas su juzgamiento y sanción. Este Decreto definía como traición a la patria algunas de las más graves figuras del delito de terrorismo pero simplemente las recalificó como delito de traición a la patria y entregó a las Fuerzas Armadas su juzgamiento y sanción.

Otras normas a destacar son los decretos leyes 25499, 25564 y 25728 que establecieron los procedimientos de colaboración eficaz (comúnmente denominadas normas de arrepentimiento) facultaron al Poder Judicial para el juzgamiento de menores de edad y dieron la atribución a los jueces de condenar personas en todas las normas reseñadas y cuyo estudio acucioso hemos recogido del Dr. Carlos Rivera Paz nos muestran que Fujimori configuró un nuevo modelo de legalidad caracterizado por el desconocimiento y la restricción sustancial de los derechos fundamentales de los procesados o de las personas sometidas a investigación.

La legislación antiterrorista de Fujimori provocó que miles de peruanos fueran acusados sin pruebas, sometidos a juicio y sentenciados por jueces a quienes ni podían ver ni oír porque las voces estaban distorsionadas. Fue no solo una pesadilla sino una verdadera tortura que supera en exceso lo que se siente al leer la famosa obra El Proceso de Kafka y que se les aplicara penas de veinte y treinta años por acusaciones falsas de algún terrorista que quiso beneficiarse para conseguir mejor pena o por que simplemente encontraron su nombre y dirección en la libreta de algún terrorista o por cualquier simple presunción estúpida.

Prueba evidente de los abusos increíbles que se cometieron al amparo de tan irritas leyes fue que la Comisión que presidiera el padre Lansiers luego de revisar esos casos ordenó la liberación de sentenciados en época de Fujimori, en época de Paniagua y en época de Toledo. Lo que debemos imaginar es la cantidad que existirá de gentes procesadas a penas tan severas que no han recibido el beneficio de la revisión de sus procesos y que puedan estar aun sufriendo pro una concepción equivocada del Estado que creyó que al terror se le combate con el terror.

Condenar a niños con las mismas reglas con que se condenan a los adultos, condenar en ausencia y someter a las personas a procesos en lo que los jueces no solo no tenían rostro, no tenían ni siquiera nombre y se identificaban con números, todo eso es el mas brutal atropello a los derechos humanos.

La total ausencia de derechos para todos los infelices que por los motivos más estúpidos simplemente fueron sometidos a procesos y condenados es algo en lo que debería meditar Alberto Fujimori quien pese a todos los delitos por los que se le acusó tuvo derecho a lo que se llama el debido proceso con todas las garantías que establecen las leyes en los países civilizados y que siempre reconociera su abogado defensor.

El debido proceso lo debe hacer la opinión pública a quienes representen el fujimorismo.

Fue tan injusta ésta legislación que el propio Fujimori tuvo que ordenar la liberación de 513 inocentes. En el gobierno de Paniagua se liberó a 146 y en el de Toledo a más de 100.

Nunca se liberó a terroristas. Se liberó a gente humilde que sufría condenas injustas por infames procesos.

Pero el señor Rafael Rey, Giampietri y otros de su calaña repiten siempre lo mismo: “liberaron terroristas”.

Consulten las cifras. El mismo Fujimori liberó a 513.

Piense el lector cuántos cientos o miles de personas humildes no tuvieron el privilegio de haber obtenido el apoyo del padre Lansiers y habrán sufrido o sufrirán aún, injustamente.

DECRETOS SECRETOS Y MAL USO DE FONDOS PÚBLICOS

Casi todo de lo que se enterará el lector, en este capítulo, tiene el muy documentado respaldo de los frutos de la Comisión Investigadora de los delitos económicos y financieros (CIDEF) cometidos entre 1990 – 2001 que presidiera el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros (UPD) y cuyos más destacados miembros fueron Walter Alejos (PP) Maximo Mena (PP), Juan Valdivia (APRA) y Kuenen Francesca Marabolto (UN).

Esta comisión multipartidaria contó con la valiosa colaboración de destacados profesionales como la doctora Beatiz Mejía, doctores Walter Alván, Oscar Ugarteche y tantos otros que sería muy extenso mencionar.

CIDEF publicó, auspiciada por el Fondo Editorial del Congreso un informe final, lamentablemente no muy difundido.

La escrupulosa investigación de la CIDEF nos ha eximido de buscar mayores fuentes para ofrecer al lector el cuadro de increíble corrupción que caracterizó los diez años del fujimorato.

Las conclusiones principales de la CIDEF fueron estas:

1.- El gobierno de Fujimori fue el peor fenómeno de corrupción de nuestra historia republicana y principal legado nefasto que nos ha dejado.
2.- El país fue gobernado por una red corrupta de altos funcionarios, mandos militares y algunos grupos de poder económico.
3.- Para actuar con más impunidad esa red corrupta controló y atropelló la autonomía de las instituciones, especialmente aquellas encargadas del control político.
Así controlaron y manejaron, a su gusto, el Parlamento Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría de la República y medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y TV).
Casi nada escapó a su control. Todo lo manejaba Montesinos, aunque la señora Keiko diga : “mi papá no sabía nada”.
4.- Otra conclusión indiscutible de la CIDEF y motivo principal de su investigación fue que para mantener la impunidad construyeron una “legalidad ad hoc”. Precisamente el mejor instrumento para esta inmoralidad fueron los decretos de urgencia y decretos supremos secretos que se analizan exhaustivamente el mencionado informe.
5.- Principalísima conclusión del informe de CIDEF es que este grupo corrupto de poder se constituyó desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori en 1990, contó con la participación expresa de la cúpula militar, hecho que se hizo más evidente a partir del auto golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y que el trípode que lideró el núcleo de corrupción estuvo conformado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolas de Bari Hermoza Ríos.

La labor de la CIDEF para procesar la gran cantidad de información existente se vió multiplicada pues investigando un tema determinado de corrupción encontraban que éste estaba ligado a otro tema de corrupción.

Así dicen que mientras investigaban las pérdidas del Estado en la empresa agro-industrial Pucalá, se abrió otro tema que era el Fondo Especial de Promoción Agraria.

La investigación de CIDEF abordó los temas de las privatizaciones, las operaciones de salvataje bancario, las principales licitaciones y adquisiciones, el uso de fondos públicos para la red de corrupción la recepción y destino de las principales donaciones y programas de cooperación internacional, el financiamiento de las instituciones de control como la SUNAT Contraloría y Aduanas, la liquidación de empresas públicas como Popular y Porvenir y otras vinculadas al sector Defensa.

El primer hallazgo importante de la CIDEF es que apreció como una constante común en todos los casos el uso abusivo de los Decretos de Urgencia, en su mayoría de orden secreto.

Por ello, se investigó con especial énfasis la compra de armamento y de productos de origen chino.

A la vez se identificaron una serie de enmarañados procedimientos para alcanzar objetivos pocos transparentes en los casos de privatización y quiebra de Aero Perú, la privatización de Electro Lima y sus implicancias tributarias, la corrupción en la gestión de las empresas aseguradoras Popular y Porvenir, el salvataje del Banco Latino, la privatización de la empresa azucarera Pucalá y el manejo del proyecto del rio Cachis.

El uso indiscriminado de dispositivos de urgencia, muchos de carácter secreto, fue instituido por la mafia fujimorista como una modalidad para amparar gastos irregulares, via compras destinadas a favorecer a las empresas vinculadas a la red de corrupción. Así se destinaron mil trentidos millones de dólares provenientes de la privatización en la compra de armamentos y equipos militares de dudosa calidad.

El agravante de estas operaciones ilegales es que se realizaron con mayor énfasis durante la época del conflicto con el Ecuador. A la mafia no le interesó el país ni el conflicto bélico. Solo les interesó lucrar pese a que la mayoría de los implicados eran militares.

Nunca se ha esclarecido como es que habiendo más de siete mil millones de dolares como ingresos por la privatización solo quedaban 143 millones en caja.

Lo que si quedó claro según la investigación CIDEF es que de las privatizaciones y a través de esos Decretos Supremos Secretos se invirtieron 1,800 millones de dólares para comprar armas de mala calidad, como los MIG que no funcionaban y otras, armas, caballos, automóviles, equipos de radio. De ahí salieron las fortunas en los bancos suizos de los generales sentenciados y de los prófugos como Víctor Malca, ex embajador en Mexico al que no se puede encontrar desde hace diez años.

Sin duda el engranaje de la mafia había copado todas las esferas del poder de manera que apenas hubiera una denuncia se ponían en funcionamiento los mecanismos para desactivarla. El Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría operaban con una coordinación sintonizada, cada una cumpliendo su papel de acuerdo al libreto preparado por el asesor.

De esta manera, ninguna denuncia podía prosperar.

Una conclusión muy importante del informe de la CIDEF es: el que suscribe el Ing. Javier Diez Canseco cuando dice: “No es posible emitir un decreto supremo de emergencia secreto sin la firma del Presidente de la República y menos para las compras de armas” por lo que es contundente que “Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de todo lo actuado por la red mafiosa que él integraba y que decir desde su comodo de parlamento de Tokio que fue sorprendido por su asesor es risible”.

Otro hecho muy importante que investigó y comprobó la CIDEF fue que el gobierno peruano abusó de la figura de la asistencia internacional y trasladó y aun traslada fondos públicos a un programa de las Naciones Unidas que se conoce con el nombre de PNUD con lo que se pagó la “planilla” de los funcionarios responsables de las privatizaciones, miembros de la COPRI y las CEPRI, que eran muy jugosas y que por tanto oficialmente “no salen” del Tesoro Público. Para esta artimaña legal se emplearon 295 millones de dólares. Tómese nota que para realizar esto el gobierno debía pagar 3.5% como concepto de comisión de agente.

Conclusión muy importante y de la que rogamos al lector, le dé la debida importancia en cuando dice textualmente: “La elite empresarial privada hasta donde hemos podido constatar participó en forma activa en la corrupción estudiada. Hay una corresponsabilidad estudiada entre el Estado, los funcionarios públicos y algunas empresas privadas”.

“Lo que observamos en el caso de la Contraloría General de la República es que durante la década pasada el 75% de sus acciones fueron dirigidas a controlar municipios que sólo manejan el 4% del presupuesto nacional. El contralor caso Lay no acogió fiscalizaciones ni denuncias”.

Coincidiendo totalmente con lo expresado en la introducción del informe del CIDEF por el reconocido economista Dr. Oscar Ugarteche nos permitimos transcribir sus acertados conceptos que el autor los hace suyos: “Lo descrito en estas páginas representa solo una muestra de lo que realmente corresponde a la magnitud de lo ocurrido en el Perú durante la década de la corrupción. Los daños causados por la mafia que nos gobernó son incalculables y siguen surtiendo sus funestos efectos pues trastocaron delictivamente no solo el ámbito económico, político, social, sino fundamentalmente, el moral impusieron la corrupción como la forma de gobernar al país”. “Y lo que puede ser más grave aún es que queden impunes”.

“Es preciso por ello, sancionar los delitos identificados a la par que es preciso también incorporar al cuerpo legal tipificaciones que sancionen específicamente los delitos económicos y financieros que en otros países son castigados con suma dureza, puesto que cometerlos implica comprometer no solo el presente sino el futuro de vida de generaciones de peruanos y especialmente de los peruanos y especialmente de los peruanos más pobres”.

La primera acusación constitucional presentada al Congreso de la República por la CIDEF fue la denuncia a diversos Ministros de Estado, jefes militares y otros altos funcionarios del gobierno de Fujimori por el uso y abuso de los denominados dispositivos de urgencia y en particular aquellos que tuvieron carácter de secretos.

Sería demasiado extenso y fatigoso para el lector hacer relato minucioso de los delitos contenidos en esos Decretos por lo que los resumiremos en los siguientes datos:

1.- Durante el gobierno de Fujimori se expidieron 22 Decretos de Urgencia Secretos de disposición de fondos públicos de los cuales 14 fueron de fondos de la privatización.
2. Esos decretos no se publicaron en el diario oficial, no tuvieron, en la mayoría de los casos, aprobación del Consejo de Ministros y sólo ocho de ellos se enviaron al Congreso para su aprobación. El secreto fue total.
3.- En muchos casos no se encontró los documentos físicos que contenían los decretos. Tampoco se encontró actas de aprobación del Consejo de Ministros.
4.- La mayoría de los Ministros desconoció la existencia de esos Decretos. Publicamos fotocopia de ellos para conocimiento de los lectores.
5.- Primero cometían el delito, luego lo regularizaban. Es decir, primero aprobaban la operación, disponían del dinero y luego expedían el Decreto.
6.- Antes de expedir el decreto se creaban empresas de proveedores cuyos accionistas eran testaferros o miembros de la asociación delictiva como en el caso de la compra de aviones de Bielorrusia.
7.- Los decretos fueron principalmente para la adquisición de bienes y servicios de los Ministerios de Defensa y del Interior.
8.- Se cometieron los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal, peculado, falsificación de documentos públicos, negociación incompatible, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos y omisión de denuncia.

Para asombro del lector los Ministros implicados en la Comisión de tantos delitos sólo recibieron condenar en el poder judicial de cuatro años de prisión, suspendida.

Vale decir que no pasaron ni un solo día en la cárcel, en la que debieron estar algunos años.

Quizá muchos tengan la osadía de postular para parlamentarios el 2011, por que ahora 2010, vivimos casi una “cultura de la corrupción”.

Son tres los casos emblemáticos de esos 22 decretos:
1.- Decreto 046-95 Disponen de 67’800.00 de soles para compra de un avión presidencial BOEING 737.

Es escandaloso porque a) no se podía disponer de recursos de la privatización para comprar un avión al Presidente b) estábamos en pleno conflicto con el Ecuador. Lógicamente ese avión no tenía ninguna prioridad c) no hubo licitación, ni concurso de precios d) no tenía nada de urgente y e) todo se hizo en menos de un mes.
2.- Decreto 02896 se dispuso de 252’052.420 dólares para comprar 3 aviones MIG de segundo uso en Bielorrusia.

Este saqueo a los fondos públicos se inició cuando una empresa de Ucrania presentó una propuesta, Montesinos la bloqueó y forma con Alberto Venero la empresa W21 INTERTECHNIC para representar a la compañía TREVES INTORA que también era de un amigo y socio de Montesinos.

Con fecha 6 de mayo de 1966 emiten el Decreto y el 13 de mayo firman el contrato.

Este Decreto no fue de conocimiento del Congreso de la República, ni del Consejo de Ministros.

En conexión con este Decreto se encuentra el 075-96 que fue más escandaloso por el que se destinan 150 millones de dólares para comprar 18 SU-25 a Bielorrusia también.

En ambos casos los decretos se expidieron después de arreglado el “negocio”. Según declaraciones de Venero Montesinos recibió 30 millones de dólares por esta compra.

3.- El caso más escandaloso y por el que Alberto Fujimori fue sentenciado por la Corte Suprema fue el último Decreto el 081-00 por el que Montesinos recibió 15 millones de dólares en concepto de CTS pero que por indicación expresa de Fujimori se expidió para “ejecución de acciones en la frontera con Colombia”.

Así con ese desprecio y desaprensión se disponía de los fondos públicos, por el propio Presidente de la República.

Este acto que es ejemplo de desvergüenza se agravó más cuando Fujimori se vió obligado a devolver esa suma y entregó 15 millones de dólares que tenía en Palacio. Pero se descubrió que los 15 millones que se llevó Montesinos eran distintos de los que “devolvía” Fujimori, simplemente porque eran billetes de distinta denominación.

Demostración simple y sencilla del volumen de la “caja chica” de Fujimori en el mismo Palacio de Gobierno y prueba de su cinismo.

 *andes54@hotmail.com