Hubo una vez en la que los gobiernos regionales fueron involucrados en un problema irresuelto de larga data, al otorgárseles la responsabilidad directa de conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. La ley 27651 del 2002, reconoció la existencia de la pequeña minería y minería artesanal y les delegó la tarea de acompañar y supervisar la formalización, mediante autorizaciones y asistencia técnica.
Como suele suceder en nuestro país, la inexistente eficacia del armatoste normativo con el agregado de una gestión regional cercana a ningún resultado, condujo a un “proceso extraordinario de formalización” (2012–2016) en el que, nuevamente, la falta de recursos técnicos y financieros en las regiones y las crecientes presiones políticas y sociales (muchos gobiernos regionales estaban cerca de los gremios mineros y cedían a sus demandas), se tradujo en avances muy limitados, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los mineros inscritos no logró culminar el proceso.
En el 2017 se crea el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), para “superar el impase”, centralizando el proceso en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Se buscaba que los mineros artesanales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y tributarios, intentando diferenciar la minería informal en proceso de regularización de la minería ilegal, permitiendo a los primeros continuar operando mientras cumplían las etapas del trámite. Sin embargo, la mayoría no logró completar el proceso por su complejidad y costos.
Desde este momento lo que se escenifica alrededor del REINFO, fue simplemente una farsa. Nació como una medida transitoria con el Decreto Legislativo 1293 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; se da una primera prórroga (2018–2019), que ampliaba el plazo inicial para permitir que más mineros completaran el proceso; luego tendremos una segunda prórroga (2020–2021), bajo el gobierno de Martín Vizcarra, debido a la baja tasa de formalización; seguirá una tercera prórroga (2022–2023), durante el gobierno de Pedro Castillo; vendrá la cuarta prórroga (2024–2025) con Boluarte; y en noviembre de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027, reincorporando a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.
Una lectura del proceso seguido por el REINFO que no se detenga en la superficie, nos mostrará inmediatamente cómo ámbitos centrales de la legalidad y formalidad del país –el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo–, no encontraron una fórmula válida para la formalización y expusieron sin ambages su permisividad frente a la ilegalidad. En teoría, lo que debió ser un puente hacia la formalización, se convirtió en la práctica en un espacio ambiguo que blinda la ilegalidad, promovido desde el vértice mismo de “la legalidad” del país.
Pero, no es solamente un problema de gestión. Además de una coyuntura favorable impulsada por el espectacular precio del oro, la minería ilegal es una economía política compleja, sostenida por vacíos institucionales, pobreza estructural, corrupción y redes criminales.
Así, el REINFO, lejos de ser una vía hacia la formalidad, terminó siendo un incentivo adicional para permanecer fuera de los marcos normativos por la alta rentabilidad que ofrecen las operaciones informales/ilegales, algo que sabemos hasta la saciedad con el ejemplo del narcotráfico y otras actividades que operan “fuera de la ley”. Dicho de otra manera, permite que mineros ilegales se inscriban y operen bajo una cobertura “legal” sin cumplir requisitos. Esto genera un incentivo perverso porque mantenerse en la informalidad resulta más rentable que formalizarse.
Parte importante de la minería ilegal en Perú funciona como una economía criminal organizada, con una estructura empresarial que combina pequeños productores, plantas de procesamiento, muchas de ellas formales, redes de financiamiento y comercialización internacional. No es un fenómeno caótico, sino un sistema con jerarquías y roles definidos que le permiten sostenerse y expandirse.
Es decir, se comporta como una empresa criminal descentralizada pero articulada, con múltiples niveles: extracción, procesamiento, financiamiento, comercialización y exportación. Cada nivel refuerza al otro, creando una cadena de valor ilícita que compite directamente –y muchas veces se complementa– con la minería formal. De esta manera, no es sólo un inmenso problema ambiental, sino un sistema empresarial criminal que afecta simultáneamente la cohesión social y la legitimidad política, además de los factores del mercado.
Aún más, es una economía criminal integral porque no solo produce oro, sino también violencia estructural que atraviesa lo social, lo ambiental y lo político. En suma, es un fenómeno que reconfigura el poder en territorios rurales, desplazando al Estado y a las comunidades por mafias armadas y redes ilícitas, mostrando claramente que la violencia no es un efecto colateral, sino el producto central de esta economía.
Esta grave situación no vamos a amenguarla con performances televisivas inútiles, sino con una estrategia que involucre, además de múltiples dimensiones, la activa participación de la ciudadanía. Por lo que vemos, esto no fue una demanda que tomaran en cuenta los que han gobernado en los últimos veinticinco años, como tampoco parece serla para los que aspiran a gobernarnos desde el 2026. En realidad, cada vez más operadores políticos, pero también económicos y sociales, que se ubican en la “legalidad”, se deben y adecuan a la contundente realidad de lo que con precisión cada vez menos denominamos “ilegalidad”.
desco Opina / 12 de diciembre de 2025
