La muy polémica institución Caja Militar y Policial prosigue en prácticas cuestionadas de acoso, amenaza judicial, remate ilegal de bienes inmuebles contra decenas de propietarios que adquirieron años atrás y con legitimidad sus departamentos, los mismos que fueron, a su vez, vendidos —revendidos es el término apropiado— por dicha Caja Militar.
¡Urgente que el nuevo Congreso investigue hasta las últimas consecuencias a las bandas que han perjudicado a cientos de ciudadanos, a los que se despojó con ardides y presiones, de sus propiedades!
El gobierno de Keiko Fujimori no debe pasar estos latrocinios en perjuicio de ciudadanos honrados. Y el titular de Defensa, Rafael Belaunde si no conoce el tema pues que pida toda la información pública y judicial sobre estos bribones.
Cada vez que el ministro Belaunde guarda silencio o indiferencia en este caso, incurre en nueva injusticia que ningún desconocimiento o falta de experiencia puede avalar “inocentemente”.
¿Qué hace Indecopi convalidando la venta de departamentos que ya tenían dueño y que fueron sorprendidos por la inefable Caja Militar Policial y sus testaferros?
¿No parece una rara coicidencia que las sentencias judiciales favorezcan siempre a la demandada testaferro Administradora de Comercio S.A., perjudicando ya por más de 30 años, a los clientes que obraron de buena fe, pagaron sus cuotas iniciales y confiaron en una empresa que demostró luego caminar por rutas sucias y tramposas?
¿Cuánto debe Administradora de Comercio S.A. a la Sunat? ¿En qué estado están los procesos en Indecopi? ¿Es cierto que estaría pagando con algunos de estos departamentos que “compró” de manera impugnable y por artes vedadas?
Múltiples despachos periodísticos, desde hace largos años, han dado cuenta de maniobras judiciales, sentencias incomprensibles, injusticias manifiestas contra los clientes engañados sin que se logre arribar, siquiera, a posibilidades de arreglo y cierre, en buenos términos, de las situaciones.
Los ex directivos de la Caja Militar Policial delinquieron y fueron a dar con sus huesos a la cárcel. Es decir si se trata de certificados de buena conducta, no los tienen. En cambio, crearon Administradora de Comercio S.A. y a través de ella, presuntamente, persisten en hacer negocios que siempre dejan muertos y heridos, y una sola empresa favorecida.
¿Cuántas firmas comerciales, vía intermediarios y cómplices, han seguido actuando y copiando modalidades delictivas, con los resultados que venimos comentando?
Cuando se compra un bien mueble o inmueble se debe inscribir la adquisición en registros públicos. Digamos, un vehículo tiene que salir con su nombre en la tarjeta de propiedad.
En su pronunciamiento el Tribunal Constitucional avala el quehacer mañoso de una entidad testaferra de la Caja Militar Policial, Administradora de Comercio y convalida la anulación de contratos de compra-venta legítimos, avala el despojo de propiedades inmuebles y permite que se salgan con la suya unos facinerosos contra la propiedad de más de 300 dueños genuinos.
Los más de 26 mil millones de soles que debe por concepto de penas, multas, resarcimientos, la Administradora de Comercio (testaferrato de la Caja Militar Policial), estarían siendo pagadas con la venta de departamentos esquilmados a cientos de usuarios perjudicados.
¿Qué clase de institución, como la que fue la Caja Militar Policial, cuyos dirigentes estuvieron tras las rejas largos años, puede dar visos de honorabilidad en sus actos?
Los documentos de compra y venta no fueron elevados a escrituras públicas por la mala fe de directivos que, por eso, entre otras cosas, fueron apresados. Y, vía la Administradora de Comercio, persisten, esta vez con la alianza al Tribunal Constitucional, en sus abusos.
Una de las entidades en que la corrupción funcionó -y funciona- a su antojo es la Caja Militar Policial. Decenas de perjudicados, los socios, pagaron por propiedades que nunca fueron inscritas y ¡que encima! tienen los contratos resueltos por cláusulas mañosas.
¿Y quiénes son los autores, mediatos e inmediatos de estas tropelías? Una Administradora de Comercio que “obtuvo” la representación de los antiguos dirigentes, el 98% de los cuales fue a dar con sus huesos ¡a la cárcel!
El dinero de los asociados de la Caja de Pensiones Policial Militar, financia estudios de abogados cuyo arte consiste en demoler, destruir, obstruir y cancelar todas las demandas, civiles o penales que se formulen contra la institución.
No hay demanda, pedido de nulidad, casación y todas las figuras jurídicas disponibles que hagan mella al criterio de los jueces que en sus respectivas sentencias terminan, casi siempre, dando la razón a la posición de la Caja Policial Militar.
Pasado negro
La Caja Militar fue manoseada por la mafia, cuyo jefe Vladimiro Montesinos, echaba mano de cientos de miles de soles, de los que no dio cuenta jamás. Se pudiera pensar que preso el ex capitán traidor, los vicios merecieron corrección. ¡Todo lo opuesto!
Mañosos y aviesos
El asunto puede resumirse de este modo: el denunciante adquiere en 1995 un departamento en Miraflores; hasta 1999 la Caja de Pensiones Militar Policial se negó a elevar a escritura pública el contrato de compra-venta, hecho que motivó que el propietario mandara carta notarial exigiendo dicha acción; con pretextos mil nunca se satisfizo la demanda legítima del propietario; en el camino la Caja Militar Policial vende a su empresa Administradora de Comercio S.A., la propiedad simulando una venta a su favor la cual se encuentra inscrita, constituyendo un engaño o ardid ante las autoridades que no hacen nada por el estafado.
En buen castellano, la Caja Militar Policial vendió a su empresa subordinada o asociada, Administradora de Comercio, cuya gerencia general corresponde a Carola Martorellet Lumbreras, un bien ajeno.
¿Otro caso Orellana con sus magistrados ad hoc, simpatizantes, parcializados y con prisas apuradas?
19.10.2026
hcmujica@gmail.com
Señal de Alerta
1 comentario
Banco de comercio es propiedad de caja en parte ,es mayoritario. , ellos nombran sus directores y gerentzsa dedo.