La Comisión Permanente aprobó el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1293, norma que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, con el fin de ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral.

El dictamen, correspondiente a los Proyectos de Ley 11871/2024-CR, 11885/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CRS, realizó una en segunda votación que sumó 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Durante la sustentación del dictamen, el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JPP–VP–BM), presidente de la Comisión de Energía y Minas, precisó que la propuesta no compromete recursos públicos adicionales ni requiere partidas presupuestales extraordinarias, ya que su implementación se realizará con cargo a los presupuestos institucionales vigentes de las entidades competentes.

Asimismo, explicó que la iniciativa genera costos administrativos vinculados principalmente a la ampliación del plazo de formalización y al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y otras entidades responsables, lo que implica la necesidad de personal técnico especializado, sistemas de información y acciones de supervisión ambiental y laboral.

No obstante, sostuvo que los beneficios superan ampliamente los costos, en la medida en que la norma permitirá garantizar el derecho al trabajo de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad minera, incrementar la culminación de los procesos de formalización, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal por concepto de impuestos, regalías y canon. Además, contribuirá a reducir la conflictividad social, fortalecer la trazabilidad de la producción minera artesanal y de pequeña escala, y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y otras actividades ilícitas asociadas.

El artículo único de este dispositivo legal señala que “el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.

En el debate, la congresista Gladys Echaiz Ramos (bancada HyD) cuestionó la ampliación del régimen, al considerar que se estaría legislando en beneficio de un grupo reducido en perjuicio del interés general. Señaló que esta situación se arrastra desde el año 2012 sin una evaluación integral de su impacto en el país. Asimismo, advirtió que mantener tratamientos especiales podría contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

En contraste, el congresista Guido Bellido Ugarte (bancada PP) señaló que no se trata de un grupo minoritario, sino de cerca de medio millón de peruanos, y aproximadamente cuatro millones de personas que participan directa o indirectamente en la cadena productiva minera. Subrayó la necesidad de diferenciar entre minería informal y minería ilegal, y recordó que más de 31 mil registros en el REINFO se encuentran actualmente en procedimientos administrativos vigentes.

Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) afirmó que la norma consolida un marco favorable a la economía ilegal, cuestionando la exención de responsabilidad penal por daños ambientales para quienes se encuentran en proceso de formalización y denunciando la exclusión de las poblaciones indígenas del debate legislativo.

Desde la bancada Avanza País, la congresista Diana Gonzales Delgado sostuvo que la ampliación otorga oxígeno a la minería ilegal y debilita la autoridad del Estado de derecho. Indicó que el Pleno rechazó el retorno de más de 50 mil mineros cuyo proceso de formalización venció en junio, así como disposiciones que habrían impedido nuevas exclusiones del proceso.

El congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) advirtió que no aprobar la ampliación habría generado un grave conflicto social, al dejar a más de 30 mil personas en situación de ilegalidad automática a partir del próximo año. Reconoció que, en los últimos años, el Congreso y los distintos gobiernos no han logrado aprobar una ley integral que ordene la pequeña minería en el país.

En la misma línea, la congresista Patricia Juárez Gallegos (bancada FP) destacó la complejidad del tema y señaló que su bancada impulsó reducir el plazo inicial propuesto, logrando finalmente que la ampliación sea solo por un año, como una medida transitoria frente al problema social existente. Recalcó la necesidad de trabajar una ley integral que recoja la diversidad de realidades de la pequeña y minería artesanal a nivel nacional.

Finalmente, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña (bancada AP), manifestó su oposición a la ampliación del REINFO, al considerar que se viene promoviendo la permanencia en la informalidad. Señaló que la informalidad es un problema estructural del país que debe ser enfrentado con soluciones de fondo y no mediante ampliaciones reiteradas del proceso.

El Poder Judicial (PJ), a través de su Primera Sala Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda constitucional presentada por la exmandataria Dina Boluarte contra el proceso de vacancia del que fue objeto por parte del Congreso el 10 de octubre de este año.

Dicha sala señaló su competencia según lo establecido en el artículo 42,° del Código Procesal Constitucional, que dispone que las Salas Superiores Constitucionales tienen autoridad para resolver demandas de amparo contra decisiones de los órganos del Congreso de la República dentro de procedimientos parlamentarios.

En virtud de lo arriba mencionado, la sesión en la que se debatirá el caso fue programada para el 12 de marzo de 2026 a las 09:00 h, donde ambas partes deberán participar mediante el enlace digital proporcionado por la corte. En consecuencia, el tribunal requirió al representante legal del Congreso entregar su contramemoria en el plazo de diez días hábiles, utilizando las casillas de correo electrónico registradas ante las autoridades judiciales.

El abogado defensor de Boluarte, Joseph Campos, dijo a RPP el 24 de noviembre que el Congreso otorgó a su cliente un plazo insuficiente para preparar su defensa legal, violando así los derechos establecidos en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La demanda indica que se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada lo que merecía un debate para quitarle al presidente, “a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada. Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue. Entonces, tenemos dos momentos: un momento en el cual hay indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención; y el segundo momento era por voto, poner la imputación”,.

Campos indicó que con esta acción legal se busca evitar que futuras administraciones presidenciales enfrenten procedimientos acelerados de destitucion que no respeten los derechos procesales de los implicados. Además solicita eliminar la calificación de incapacidad moral permanente de Boluarte en este proceso y que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de “vacancias exprés”, sin respetar derechos fundamentales, y sobre todo buscar una normalización.

El abogado subrayó que mientras otros tipos de sanciones permiten la rehabilitación una vez cumplido el plazo establecido, la declaratoria de incapacidad moral por destitucion se mantiene sin fecha de término. Dada la deficiencia en el procedimiento que enfrentó Boluarte, sus representantes reclaman la revocación de esa etiqueta permanente.

“Si yo cometo un delito al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado, pero [la] vacancia por incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente porque eso es lo que corresponde», manifestó.