La Comisión Permanente aprobó el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1293, norma que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, con el fin de ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral.
El dictamen, correspondiente a los Proyectos de Ley 11871/2024-CR, 11885/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CRS, realizó una en segunda votación que sumó 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Durante la sustentación del dictamen, el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JPP–VP–BM), presidente de la Comisión de Energía y Minas, precisó que la propuesta no compromete recursos públicos adicionales ni requiere partidas presupuestales extraordinarias, ya que su implementación se realizará con cargo a los presupuestos institucionales vigentes de las entidades competentes.
Asimismo, explicó que la iniciativa genera costos administrativos vinculados principalmente a la ampliación del plazo de formalización y al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y otras entidades responsables, lo que implica la necesidad de personal técnico especializado, sistemas de información y acciones de supervisión ambiental y laboral.
No obstante, sostuvo que los beneficios superan ampliamente los costos, en la medida en que la norma permitirá garantizar el derecho al trabajo de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad minera, incrementar la culminación de los procesos de formalización, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal por concepto de impuestos, regalías y canon. Además, contribuirá a reducir la conflictividad social, fortalecer la trazabilidad de la producción minera artesanal y de pequeña escala, y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y otras actividades ilícitas asociadas.
El artículo único de este dispositivo legal señala que “el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.
En el debate, la congresista Gladys Echaiz Ramos (bancada HyD) cuestionó la ampliación del régimen, al considerar que se estaría legislando en beneficio de un grupo reducido en perjuicio del interés general. Señaló que esta situación se arrastra desde el año 2012 sin una evaluación integral de su impacto en el país. Asimismo, advirtió que mantener tratamientos especiales podría contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
En contraste, el congresista Guido Bellido Ugarte (bancada PP) señaló que no se trata de un grupo minoritario, sino de cerca de medio millón de peruanos, y aproximadamente cuatro millones de personas que participan directa o indirectamente en la cadena productiva minera. Subrayó la necesidad de diferenciar entre minería informal y minería ilegal, y recordó que más de 31 mil registros en el REINFO se encuentran actualmente en procedimientos administrativos vigentes.
Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) afirmó que la norma consolida un marco favorable a la economía ilegal, cuestionando la exención de responsabilidad penal por daños ambientales para quienes se encuentran en proceso de formalización y denunciando la exclusión de las poblaciones indígenas del debate legislativo.
Desde la bancada Avanza País, la congresista Diana Gonzales Delgado sostuvo que la ampliación otorga oxígeno a la minería ilegal y debilita la autoridad del Estado de derecho. Indicó que el Pleno rechazó el retorno de más de 50 mil mineros cuyo proceso de formalización venció en junio, así como disposiciones que habrían impedido nuevas exclusiones del proceso.
El congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) advirtió que no aprobar la ampliación habría generado un grave conflicto social, al dejar a más de 30 mil personas en situación de ilegalidad automática a partir del próximo año. Reconoció que, en los últimos años, el Congreso y los distintos gobiernos no han logrado aprobar una ley integral que ordene la pequeña minería en el país.
En la misma línea, la congresista Patricia Juárez Gallegos (bancada FP) destacó la complejidad del tema y señaló que su bancada impulsó reducir el plazo inicial propuesto, logrando finalmente que la ampliación sea solo por un año, como una medida transitoria frente al problema social existente. Recalcó la necesidad de trabajar una ley integral que recoja la diversidad de realidades de la pequeña y minería artesanal a nivel nacional.
Finalmente, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña (bancada AP), manifestó su oposición a la ampliación del REINFO, al considerar que se viene promoviendo la permanencia en la informalidad. Señaló que la informalidad es un problema estructural del país que debe ser enfrentado con soluciones de fondo y no mediante ampliaciones reiteradas del proceso.
