La supuesta «periodista» o «comunicadora» Juliana Oxenford

Arístides Ferrer

En vista de que Ricardo Belmont Cassinelli, candidato presidencial del Partído Cívico Obras se encuentra en rápido ascenso en las preferencia electorales, intereses torcidos mueven a ciertos medios y “periodistas” a recurrir a la difamación para intentar golpearlo con el refrito del caso de las acciones del Canal RBC, como el Fujimontesinismo hacía hace más de un cuarto de siglo.

Estos sujetos hablan con ignorancia supina. Debemos tener claro que no existió nunca una estafa:

• Belmont ofreció al público comprar el 7% de las acciones de su canal
• Pese a su entusiasmo, el fujimotesinismo impidió que RBC tenca utilidades porque no solo le quitó la publicidad estatal sino que amenazaba a las empresas que intentaran colocar avisos en ese canal. El resultado inevitable fueron las pérdidas, a diferencia de los otros canales que se sometieron a Vladimiro Montesinos y se sentaron a recibir torres de millones de dólares en la salita del SIN, Belmont nunca se sometió y el costo fue el estrangulamiento económico del canal.
• Si uno compra acciones de una empresa y ve que no le conviene, no tiene que ir a exigir que le devuelvan su dinero. Lo que tiene que hacer es buscar compradores para vender sus acciones, cosa que titulares de acciones no hicieron y en lugar de eso denunciaron por estafa a Belmont.
• Por lo anterior es ignorancia supina decir que Belmont no les quiso devolver el dinero. Él nunca les impidió vender sus acciones. Las acciones permanecen en el registro donde debe estar y quien quiera venderlas puede hacerlo. Lo cierto es que cuando una empresa es exitosa las acciones se venden como pan caliente, pero si está en pérdidas es muy difícil atraer compradores, a menos que el comprador calcule que las compre por un precio bajo con la expectativa de tomarlas como una inversión que sabe que en el futuro ganará valor.

Vemos que diversos sujetos que fungen de “periodistas” o bien son periodistas a quienes les regalaron el título, que recurren a este argumento contra la candidatura de Belmont, probablemente movidos por actores desesperados porque su candidato ya perdió opción.

Además, todo periodista que se precie de tal, al lanzar una acusación contra alguien, tiene la obligación de obtener su descargo, regla en la cual se han zurrado estos individuos, siendo mucho más grave por acusar de un delito grave en un momento cercano a las elecciones donde el tiempo juega en contra de las aclaraciones, que llegarán tardíamente a los ciudadadanos que desconocen la verdad y pueden caer en el engaño antes de emitir su voto, lo cual es ya infamia.

Juliana Oxenford

Una de las más deplorables fue Juliana Oxenford, quien en un vídeo de La República titulado “LAS ESTAFAS DE BELMONT…”  se lanzó teatralmente diciendo que hizo un reportaje hace muchos años y que si hubiese sido falso César Hildebrandt la hubiese “ahorcado” y otras sandeces más. Presentó como prueba de la estafa de Belmont a una mujer que compró acciones, estaba en extrema necesidad y enferma y exigía que se le devuelva el dinero que entregó.

Con esa “prueba de estafa” Oxenford no sólo pone en evidencia una vez más su falta de inteligencia sino su terrible ignorancia. Como vimos arriba, a una empresa no se le pide “devuélveme mi dinero”. El accionista tiene que vender sus acciones. Si lo logra bien, si no, no es responsabilidad de la empresa.

No llama la atención que Oxenford haya podido transmitir como prueba de estafa un vídeo del tiempo en que trabajaba con Hildebrandt, pues él también ha incurrido en la difamación e ignorancia contra Belmont vía Tiktok esgrimiendo el caso de las acciones.

Otros sujetos desconocidos que han caído en la misma ignorancia o perversión lo han hecho desde otros portales como Infobae o Perú21, así como algunos ignorantones productores de vídeos.

Demanda

El partido OBRAS anuncia que demandará a todos los “periodistas” o productores de vídeo que están incurriendo en difamación, delito que es sancionado con prisión.

Los políticos difamados deben defenderse, no puede ser que se haga costumbre la carnicería de recurrir al delito para destruir el buen nombre y la honra de los candidatos en elecciones. Se trata de un delito peor que el latrocinio porque restaurar el buen nombre y la honra es más difícil que reponer un robo material.

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Hizo noticia estos días la revelación de la detención de Alfonso López Chau Nava por el asalto al banco Wiesse en los años 70, hecho que en realidad no sorprende viniendo de este sujeto, debido a sus antecedentes, entre los cuales mostramos algunas perlas.

Tras el triunfo de Pedro Castillo en 2021, Perú Libre invitó a la prensa para mostrar a sus posibles nuevos ministros. Los preparativos transcurrían con normalidad, cuando de pronto algo terrible sucedió. Los nominados comenzaron a presentarse y fue allí donde López Chau de pronto se introdujo en el grupo de posibles ministros sin haber sido invitado, hecho que sorprendió a los partidarios de Castillo. Se supo después que López Chau estaba codiciando el ministerio de Transportes y hasta había comentado que sería el nuevo ministro de ese sector y que ya le habían encargado la transferencia.

López Chau es una carta del fujimorismo. En 2008 fue seleccionado por la Comisión de Economía del Congreso como uno de los tres candidatos al Directorio del BCR y contó con el respaldo del Grupo Parlamentario Fujimorista, Unidad Nacional y Alianza Parlamentaria en un planteamiento calificado de “dictatorial” por el entonces congresista Miro Ruiz del Partido Nacionalista. En el BCR participó de escandalosos hechos con otros directivos.

El ahora candidato no ha aclarado una supuesta denuncia en la Fiscalía por los “delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir”, Caso 506010103-2012-163-0, en la 3.a Fiscalía Provincial Penal (denuncia derivada).

En la UNI, donde fue rector, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de colusión al imponer, sin contar con los requisitos para ello, a Sonia Anapan Ulloa en el cargo de secretaria general, a quien se señala por favorecimientos.

Por estos hechos ya no llama tanto la atención que este sujeto haya sido detenido en los años 70 por el asalto al Banco Wiesse de Sol de Oro. Junto con el subversivo ‘Camarada John”, López Chau fue detenido en La Punta con otros sujetos. El latrocinio no sólo fue una forma de enriquecerse, en las décadas de terrorismo, fue una constante que los subversivos perpetraran delitos muy graves como asaltos, secuestros y narcotráfico, no solo para gozar de una buena vida sino para financiar sus acciones terroristas.

Hay que tener en cuenta que López Chau, en el caso del asalto al Banco Wiesse, fue amnistiado años después. Ojo: la aministía no es para inocentes sino para culpables. Tras el debate de esta semana, abordado por la prensa por este asalto, no aclaró nada, solo levantó la mano con desdén.

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El hampa congresal es la responsable de permitir que cualquier aventurero, corrupto o incapaz pueda postular a la Presidencia, el Congreso, así como a alcaldías y gobiernos regionales debido a que legislan en función a sus intereses, es decir, quieren que resulten elegidos gente como ellos.

Los esperpentos congresales son los que tienen que legislar y cambiaron muchos puntos de la Constitución de 1993, que no cambió los requisitos de la Constitución de 1920, por lo cual basta ser peruano de nacimiento y tener al menos 35 años de edad. Es decir, tenemos atraso de más de un siglo, donde había altos niveles de analfabetismo, muchos no terminaban la primaria ni la secundaria.

Pero estamos en el siglo XXI, donde la educación escolar llegó incluso a las alejadas comunidades selváticas donde los ciudadanos que se esfuerzan si desean también envían a sus hijos a la universidad peruana o extranjera. Es un anacronismo permitir que alguien que conducirá nuestros destinos no tenga al menos estudios universitarios terminados y eso ha permitido que un cómico con solo estudios secundarios, como Carlos Álvarez (como advirtió su hermano), quien toda su vida solo se ha dedicado a los chistes, pretenda gobernarnos.

¿Qué criterio puede tener para gobernar alguien con esa escasa formación? Lo más probable es que se entregue en las manos sucias del fujimorismo, a quien sirvió hasta en sus momentos más criminales bailando al ritmo de la telebasura.

Peor, la mugre congresal permite que postulen sujetos con investigaciones fiscales por toda clase de delitos, incluso graves, lo que expone a nuestro país a que se puedan instalar en el poder corruptos, violadores, terroristas, asesinos, rateros. Para ello establecieron que para impedir postular a una persona tiene que existir una sentencia firme, lo cual es celebrado por los delincuentes, porque para que un juez emita una sentencia firme pueden pasar años y hasta décadas, tiempo en el cual los delincuentes se enquistan y hacen metástasis enfermando gravemente al aparato estatal.

El derecho a ser elegido no debe ser tratado como el derecho a la vida en un mundo moderno. Todos tienen derecho a la vida, pero tratandose de gobierno el bien principal es la seguridad y bienestar de los ciudadanos y el país y para ocupar el cargo más alto debe haber restricciones básicas.

Por ello, la ciudadanía debe exigir que para ocupar cargos de elección el candidato no solo debe tener estudios universitarios terminados (salvo en elecciones rurales) y un pasado limpio de delitos, no solo con sentencia sino en proceso, es decir, en investigación fiscal.

Además, deben ser prohibidos de postular todos aquellos que perpetren actos de incivilidad que no son delitos, como deber a la Sunat, deber alquileres, ensuciar las vías o el medio ambiente, vivir de la prostitución, etc. Esto porque políticos como Verónika Mendoza, relacionada con el candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, en las pasadas elecciones inscribió a una prostituta confesa de candidata al Congreso.

Una prostituta es una persona que necesita ayuda del Estado, no que debe ser colocada para gobernarnos ni promulgar leyes. Estas personas son ejemplo de lo que el Estado debe evitar que suceda con los seres humanos, una grave degradación moral empujada ya sea por la necesidad material o las carencias educativas y morales.

Demostrando total carencia de vergüenza, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga compite en las elecciones presidenciales, pese a que es responsable la peor gestión municipal de la capital del Perú.

Prometió hacer de Lima una “potencia”, pero vemos que solo ha dejado una ciudad potencia en:

• Vías sin reparar
• Basura
• Desorden
• Prostitución callejera venezolana
• Delincuencia, etc.

También será recordado por los trenes chatarra contaminantes por los cuales gastó más de 24 millones de dólares.

Dejó endeudada a Lima con más de S/ 4 mil millones de soles, por lo cual es investigado por la Fiscalía.

Pese a que en estos años la situación económica del Perú se encuentra mejor que en otros años, no se ve ninguna obra importante.

Buscó lucirse con la extensión Vía Expresa Sur, pero no tiene punto de comparación con la Vía Expresa que construyó Luis Bedoya Reyes, muchísimo más larga y con mayor trabajo, pues se excavó para que vías transversales pasen por encima.

En cambio, López Aliaga deja una vía plana y un plan de combinarla con horribles viaductos que tugurizarán el espacio aéreo. Por si fuera poco, la puso en marcha sin expediente técnico y la abrieron sin estar terminada la señalización y puentes peatonales, lo cual causó muertos y heridos. Además muchos de los desalojados de forma abusiva de la zona eran propietarios a quienes ni siquiera se les pagó el justiprecio por expropiación.

Mucho se criticó a Pedro Castillo por sus reuniones en la famosa casa de Zarratea, pero la prensa no criticó a López Aliaga por sostener frecuentes reuniones fuera de la municipalidad.

Deudor de la Sunat

Este candidato debe  S/ 13 millones. El pestífero congreso no quiso incluir como impedimento para postular a elecciones el ser deudor de la Sunat.

Rafael López-Aliaga ha amasado una gran fortuna gracias a que es co-propietario de PeruRail, la empresa que explota el tren a MachuPicchu gracias a una privatización hecha por Fujimori. ¿Será que es testaferro de Fujimori y por eso Keiko Fujimori, alias “señora K” le hace guiños para unir sus partidos en la contienda electoral?

Finalmente, hay que tener en cuenta que López Aliaga es miembro fanático de la mafiosa y peligrosa secta Opus Dei, cuyo miembro Juan Luis Cipriani, acusado de abuso sexual, fue expelido fuera del Arzobispado de Lima por el Vaticano. A su hermano, Javier Cipriani, López Aliaga lo benefició con contratos por S/ 54 mil con fondos municipales.

Disfrazado de campesino cajamarquino con el sombrero de Pedro Castillo, el congresista Roberto Sánchez Palomino busca con voracidad el sillón presidencial en estas elecciones 2026, sin embargo, lo que le sobra en ambición le falta en honradez y tiene en su haber diversas investigaciones y acusaciones.

Usó personal de su despacho para campaña política

Pese a conocerse los antecedentes del sobrino de Pedro Castillo, Gian Marco Castillo, investigado por la Fiscalía, lo contrató en su despacho congresal, con una remuneración pagada por todos los peruanos.

Al sobrino de Castillo se le investiga  por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de las infraestructuras peruanas, caso que comprende  a Bruno Pacheco.

Roberto Sánchez utilizó al sobrino de Castillo y a otro trabajador de su despacho, Ernesto Zunini Yerren, para realizar trabajo de proselitismo político, por lo cual fue acusado por el Jurado Electoral Especial (JEE), lo acusó de infracción a la neutralidad electoral.

Delitos

Contracorriente señala que según la Disposición Fiscal N.° 248-2022, Sánchez es investigado por su presunta participación en una red de corrupción que incluye delitos de negociación incompatible y otros relacionados con la administración pública cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, donde habría usado su influencia para designar funcionarios sin el perfil adecuado y permitir prácticas corruptas. Además se revela un entramado complejo de presunta malversación de fondos y corrupción dentro de ese ministerio. Sánchez habría no solo desviado recursos de su partido que lo respaldó, sino que habría cobrado cupos de 20%, dentro de su despacho construyendo una red de corrupción que involucraba a varios funcionarios.

Sánchez también es investigado junto con su hermano Ricardo Sánchez por fraude administrativo al haber depositado fondos de su partido en cuentas personales sin haber sustentado estos movimientos ante la ONPE. Cuarto Poder, detalló que sería la suma de S/ 500 mil, cobrados  a los miembros del partido que querían inscribirse como precandidatos a las elecciones regionales y municipales de 2018. Para postular de gobernador pagaban 500 soles, para alcalde 1000 soles, alcaldía de región 700 soles, alcaldía rural 400 soles y consejero 300 soles. Estos fondos iban a la cuenta de su hermano.

Roberto Sánchez, en las elecciones 2020 se falsificó la firma de uno de los militantes de Juntos por el Perú para inscribirlo sin su consentimiento como y  está involucrado en otra pesquisa en su contra por el delito de falsedad ideológica, liderado por la Fiscalía de Huaura, indica La República.

Este hambreado candidato también es acusado de comer él y su familia con dinero del Estado, según Panorama. Por eso come contento los suculentos platos en los que el Congreso derrocha el dinero de los peruanos. También gastó dinero del Estado para lavar su camisa.

Traición

Yehude Simon acusó de traición política a Sánchez al haber aprovechado de una licencia partidaria para quedarse con el partido Juntos por el Perú. También, en Perú21, advirtió que Sánchez es como un camaleón pues cambia de ideología dependiendo de la persona a la que se dirige y así puede parecer de derecha o izquierda.

Ahora Sánchez aprovecha el sombrero de Pedro Castillo para tratar de sumar esos votos, pero lo traicionó al no votar contra su vacancia.

El peligro de la minería ilegal

En 2020, en las elecciones complementarias, Sánchez también se postuló sin ser elegido, pero para su campaña recibió un sospechoso aporte en especie equivalente a S/ 6,000 soles, según lla  ONPE. La donante, Zoila Yauri, intentaba inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera, el peligroso Reinfo, con su proyecto minero en la provincia de Churcampa, Huancavelica.

El periodista Wilber Huacasi informó que, cuando Sánchez fue elegido congresista contrató en su despacho a Zoila Yauri en su despacho. Ahora se entienden las movidas de Sánchez con la minería ilegal e informal extendiendo el Reinfo para ilegales.

Su copartidario, el congresista Víctor Cutipa, en la Comisión de Energía y Minas, busca entregar las concesiones mineras a la informalidad, en la que en parte se camuflan los ilegales.

Para colmo, Zoila Yauri postula  a la Cámara de Diputados con el número 5 por Lima con Juntos por el Perú.

Sánchez también cuenta con el apoyo político de Antauro Humala, condenado por el “Andahuaylazo”, que causó la muerte a varios policías.

Juntos por el Perú también se mueve con los profesores de la Fenatep (el sindicato de maestros llamado anteriormente Conare-Movadef). Como se sabe, el movimiento magisterial que acompañó a Castillo, tras ocupar curules en el Congreso, su principal afán fue conseguir beneficios monetarios para los profesores y nada bueno para los escolares.

Doblez político

Sánches y otros sujetos de su partido, como Sigrid Bazán, se opusieron a la bicameralidad y reelección, pero ahora, por ejemplo ella, busca la reelección en la Cámara de diputados.

Finalmente, se vincula a Sánchez con la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho, donde se le acusa de ser cómplice de las autoridades y del clan Alcántara-Paredes, corrupción en contrataciones y falta de transparencia en la administración de la universidad.

A pesar de las denuncias y exigencias de reestructuración de la universidad, Roberto Sánchez intervino en la Comisión de Educación del Congreso, acompañado por el rector, para oponerse a un proyecto de ley que buscaba corregir estas irregularidades.