Religioso Paul John McAuley apelará por residencia en el Perú
Frente Patriótico de Loreto realiza plantón contra expulsión
Tras rechazar las imputaciones del ministro Javier Velásquez Quesquén, de soliviantar a la población y realizar actos políticos contra el Gobierno, el religioso británico anunció que apelará la resolución que pone fin a su permiso de residencia en nuestro país.
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Tras rechazar las imputaciones del ministro Javier Velásquez Quesquén, de soliviantar a la población y realizar actos políticos contra el Gobierno, el religioso británico anunció que apelará la resolución que pone fin a su permiso de residencia en nuestro país.
Sus abogados inician hoy la apelación de la resolución que le formula cargos por parte de la División de Seguridad del Estado, por haber presuntamente violado la Ley de Extranjería.
Tiene sólo siete días desde la orden de expulsión y su defensa deberá hacer malabares desesperados pues lo acusan, pero abusivamente no le entregan el atestado policial para enterarse de los fundamentos de la acusación para así defenderse refutando los cargos con precisión.
El acusado asegura que la Red Ambiental Loretana (RAL) que preside no es una ONG, sino una asociación civil integrada por voluntarios, siendo el único que gana sueldo el encargado de la página web (http://www.redambientalloretana.org/) y que todo su trabajo en calidad de miembro de la Iglesia en favor de las comunidades amazónicas se circunscribe dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Manifestó que los obispos de la amazonía y el vicariato de San José, Iquitos, le han expresado su respaldo y se pronunciarían en las próximas horas contra la medida del gobierno.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestó que McAuley no ha cometido falta alguna contra la Ley de Extranjería, por tanto, el Gobierno debe revocar la medida.
La RAL es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva y visita colegios y universidades para realizar campañas de concientización.
El Gobierno acusa a la institución que preside McAuley de manejar fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.
La Conferencia de Religiosos del Perú condenó la expulsión del hermano McAuley calificando la medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. “Es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”, indicaron.
La secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, aseguró que es una arbitrariedad la expulsión del religioso, que sólo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.
El Frente Patriótico de Loreto realiza hoy un plantón contra esta expulsión y aseguran que el hermano Paul no ha cometido delito alguno y, por el contrario, siempre ha estado presente en la defensa de los bosques amazónicos, de la vida y de la salud. “Ha realizado una labor noble en la defensa de los hermanos indígenas. Hombres como él hay pocos”, expresó Vásquez.
Tiene sólo siete días desde la orden de expulsión y su defensa deberá hacer malabares desesperados pues lo acusan, pero abusivamente no le entregan el atestado policial para enterarse de los fundamentos de la acusación para así defenderse refutando los cargos con precisión.
El acusado asegura que la Red Ambiental Loretana (RAL) que preside no es una ONG, sino una asociación civil integrada por voluntarios, siendo el único que gana sueldo el encargado de la página web (http://www.redambientalloretana.org/) y que todo su trabajo en calidad de miembro de la Iglesia en favor de las comunidades amazónicas se circunscribe dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Manifestó que los obispos de la amazonía y el vicariato de San José, Iquitos, le han expresado su respaldo y se pronunciarían en las próximas horas contra la medida del gobierno.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestó que McAuley no ha cometido falta alguna contra la Ley de Extranjería, por tanto, el Gobierno debe revocar la medida.
La RAL es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva y visita colegios y universidades para realizar campañas de concientización.
El Gobierno acusa a la institución que preside McAuley de manejar fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.
La Conferencia de Religiosos del Perú condenó la expulsión del hermano McAuley calificando la medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. “Es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”, indicaron.
La secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, aseguró que es una arbitrariedad la expulsión del religioso, que sólo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.
El Frente Patriótico de Loreto realiza hoy un plantón contra esta expulsión y aseguran que el hermano Paul no ha cometido delito alguno y, por el contrario, siempre ha estado presente en la defensa de los bosques amazónicos, de la vida y de la salud. “Ha realizado una labor noble en la defensa de los hermanos indígenas. Hombres como él hay pocos”, expresó Vásquez.
