Poder Judicial abre puerta a subdesarrollados chilenos ideologizados

cesar_san_martin_3.jpgEl Poder Judicial está abriendo las puertas a los subdesarrollados chilenos que pretenden dar clases con ideología orientada a hacer escarnio de militares y policías y defender a los terroristas de Sendero Luminoso.

Como se sabe, entre los cabecillas terroristas tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, las fuerzas del orden peruanas capturaron chilenos infiltrados para emprender una acción de destrucción del Perú, para beneplácito de las FF. AA. chilenas.

Recordemos que cuando la terrorista chilena Sibila Arredondo, que purgó cárcel tras ser detenida con un cargamento de dinamita, fue liberada por Fujimori y recibida en Chile con honores por el ministro de Relaciones Exteriores, por los caros servicios prestados contra el Perú y a favor de Chile, país que se benefició con el caos social y económico: las trasnacionales se fueron del Perú a Chile dejando sin empleo a personal calificado peruano. Posteriormente Chile arremetió comprando traidores y corruptos para introducirse en las empresas estratégicas en el Perú.
 
¿Por qué tenemos que contratar capacitación con un país subdesarrollado como Chile, habiendo prestigiosos especialistas europeos? ¿De qué vale un posgrado de última categoría con profesores chilenos?
 
Ahora vienen a defender a los terroristas tratando de ideologizar el Poder Judicial, como lo denuncia  hoy el diario La Razón:
Caviares chilenos se infiltran en Poder Judicial y acuerdan “capacitación” en Derechos Humanos


Ofrecen viaje y estadía si demuestran “capacidad para defenderlos”

César Rojas

Una vez más el Poder Judicial, por medio de la ONG Justicia Viva, ha suscrito un documento para que la izquierda caviar brinde un curso de “postítulo” a los actuales jueces en materia de Derechos Humanos, pretexto que ha servido para acusar a militares y policías que lucharon contra el terrorismo.

Tanto en el portal del organismo financiado por la donación internacional (justiciaviva.org.pe) como en el de la Corte Superior de Lima (http://historico.pj.gob.pe/CorteSuperior), se promociona un denominado “Diploma de postítulo Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”.

“Funcionarios del Poder Judicial podrán postular a partir del 1 de marzo hasta el 29 de abril, para mayor in formación ingrese a la web http://www.programamujerescdh.cl o dirigir sus consultas a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.”, señala el sitio web del Estado peruano.

Este curso se dictará entre el 18 de julio y el 2 de diciembre del presente año, y originalmente está dirigido a abogadas y abogados de América Latina. Una singularidad es que se realizará en Santiago de Chile, con personal de la ONG Centro de Derechos Humanos (CDH), que a su vez tiene un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

A favor de SL

Como si fuera poco, se publicita el diplomado como un programa que otorgará “becas completas y parciales para abogadas y abogados que demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos”. Todo un atractivo para que los jueces peruanos “defiendan” los principios que les impartan ciudadanos chilenos, previo viaje con todos los gastos pagados.

Entre los ponentes de este ofrecimiento figuran los chilenos Cecilia Medina y José Zalaquett Daher, ambos directivos de CDH, pero que pertenecieron a la cuestionada Corte Interamericana de Derechos Humanos –la primera entre el 2002 y el 2009, y el segundo del 2000 al 2005– en los tiempos que esta instancia anuló los juicios contra el genocida Abimael Guzmán y la emerretista Lori Berenson.

Además de obligar a que nuestro país les pague millones de soles a este tipo de gente, ambos han tenido actuaciones condenatorias contra militares que combatieron al comunismo radical en Chile, e incluso Zalaquett llegó a decir que en su país nunca existió terrorismo.

El año pasado, se descubrió que la ONG caviar IDL, miembro de Justicia Viva, también había impartido cursos a los jueces y fiscales peruanos, ante quienes luego se presentaban como abogados litigantes.