La migración masiva del hampa venezolana a los Estados Unidos tiene algo de un año y ya hace unos días el estado de Texas ha declarado organización terrorista extranjera al venezolano “tren de Aragua”, como medida para aplicarles con rigor las leyes de su país.
Venezolanos capturados con arma de fuego y machete
En el Perú el hampa venezolana migró de forma masiva antes de la pandemia, siendo más de cuatro años, sin embargo, pese a que a diario azotan a los peruanos indefensos con miles de asaltos y cada mes con decenas de secuestros y asesinatos, el Congreso no ha sido capaz de aprobar una ley que tipifique el delito de terrorismo urbano, que además a ellos no se les ocurrió, sino a diversas personas que lo exigieron.
Con ese fin hay un proyecto de ley, pero el Congreso prefiere proteger a sus pares, hampa con hampa, promulgando leyes en favor de la delincuencia, como la que obstaculiza los allanamientos contra investigados de integrar organizaciones criminales, al punto que ya la Policía y la Fiscalía están viendo fugas de delincuentes amparados en la espera de un abogado de parte.
No sólo hace falta promulgar esta ley, sino preparar los mecanismos legales para otras medidas contra el hampa extranjera, como:
- Prohibir el ingreso y permanencia de extranjeros que no tengan contrato de trabajo, salvo a los casados con peruanos.
- Expulsar a los extranjeros que residen en el Perú sin contrato de trabajo. Si en varios años no han conseguido un trabajo formal, crece la posibilidad de que se dediquen a actividades delictivas, así tenemos por ejemplo a la pareja venezolana del abatido “maldito Cris”, que con todo desparpajo declara que en el Perú se dedicó a un trabajo informal. Es decir, el “trabajo informal” se ha convertido en un pretexto para que la delincuencia extranjera siga atacando a los peruanos. Por ello, como el Estado tiene como primera obligación defender la vida de los peruanos, sólo queda la expulsión de aquellos extranjeros que carecen de trabajo formal.
- Reservar los trabajos informales exclusivamente para peruanos. En muchos casos, informales como ambulantes y otros son amenazados por venezolanos para cobrarles cupo o para que se retiren de zonas que ellos ambicionan.
- Prohibir la prostitución callejera y limitarla a espacios físicos en las afueras de las ciudades, pues campean los proxenetas que convierten calles decentes en nauseabundos prostíbulos. Para ello se requiere de varias modificaciones del marco legal.
- Prohibir el ingreso de extranjeros con fines de prostitución, lo cual debería conducir a la expulsión sumaria de extranjeros ilegales, prostitutas extranjeras y cárcel para los proxenetas . La ley de prisión para proxenetas existe, pero “extrañamente” hay impunidad, probablemente porque hay fiscales y autoridades que no ven "nada malo" en que les refieran que alguien es proxeneta y por eso entablan "amistad" con ellos, como la fiscal Elizabeth Peralta.
- Incrementar las condenas para autoridades y empleados coludidos con el delito.
Barrios y calles antes tranquilos hoy hieden con la prostitución de miles y miles de venezolanas, colombianas y ecuatorianas, para felicidad de los proxenetas que de tanto en tanto protagonizan en las calles peleas a balazos, algo nunca antes visto en el Perú
El gobierno debe exigir participación a los Estados Unidos, atizador de la migración venezolana
Países como Colombia, ansiosos por recibir dinero de los Estados Unidos a cambio de tolerar a los venezolanos, gestionaron ayuda estadounidense y al gobierno colombiano le llovió cientos de millones de dólares de los EE. UU. para estos migrantes.
El Perú no es un país que históricamente haya pedido dinero y es correcto no pedirlo, sin embargo, el gobierno peruano debe exigir a los EE. UU. acciones que alivien la pesada e indeseable carga que significan los venezolanos, porque ese país alentó la migración venezolana y por ello Pedro Pablo Kuczinsky (aplaudido por el aprofujimorismo, los caviares y oenegeros que reciben sueldos para promover las migraciones) abrió estúpidamente sin control las fronteras, en lugar de poner un tope, como hacen los países europeos, por ejemplo 50 mil migrantes sin antecedentes policiales y de preferencia mujeres y niños.
Eso no se hizo y hoy tenemos cerca de 2 millones de venezolanos, contando legales e ilegales. En consecuencia, los EE. UU. debe colaborar principalmente con dos acciones concretas:
- Transportar a los venezolanos deportados por el Perú a Venezuela, puesto que Nicolás Maduro se niega a recibir a su lacra social, burlándose de países como el Perú y Chile al negar autorización de aterrizaje en su aeropuerto a las aeronaves que deberían regresarlos a ese nefasto país. En cambio, el gobierno venezolano, autoproclamado antiimperialista sí se arrodilla ante los EE. UU. y recibe sin murmurar a los venezolanos deportados desde los EE. UU.
- Recibir a los venezolanos y otros migrantes procesados y condenados a prisión en el Perú por haber perpetrado delitos en nuestro país. Los EE. UU. tiene un amplio, seguro y moderno sistema carcelario con participación privada y debería colaborar dando cabida a estos sentenciados, porque día a día se requiere utilizar un espacio carcelario para los venezolanos, colombianos, ecuatorianos y otros extranjeros y los establecimientos penitenciarios nacionales no sólo que están en hacinamiento, sino que tienen otros problemas que afectan su eficiencia.
Esperemos que se actúe con urgencia, dada la gravedad e incremento de los delitos que perpetran los extranjeros.
