Debe ser debatido en el Pleno
Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que crea la figura de la unión civil entre homosexuales o del sexo opuesto, promovido por el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País).
Cavero es homosexual declarado, por lo cual, habiendo muchísimos asuntos importantes que el país demanda, está promoviendo una norma para sus intereses personales recargando las funciones del Congreso con leyes innecesarias, porque las leyes peruanas permiten a cualquier persona mayor de edad vivir con otra, heredar sus bienes, dar poder para actuar en situaciones médicas, etc. La diferencia es que con esta ley recargarían los servicios de salud y tendrían pensión, pues exigen que la pareja homosexual tenga derecho a atención de salud de un seguro por el hecho de haber firmado un documento de unión civil.
Si a dos homosexuales que dicen tener una unión civil se les dará seguro, entonces es una discriminación que eso no se haga con grupos verdaderamente familiares, como hermanos. Hay hermanos mayores que ante la falta de sus padres mantienen a sus hermanos menores. Si algo sucede con este hermano mayor, los menores no tienen derecho a pensión ni seguro de salud. De igual manera, hay grupos de primos, sobrinos y tíos, abuelos y nietos, deciden compartir una vivienda, convivencia que puede durar décadas e incluso ser hasta que la muerte los separe.
Además, el parentesco familiar es incambiable, en cambio, un homosexual de un momento a otro puede decidir ya no serlo. De otro lado, hay homosexuales que forman trío o grupos de mayor número en convivencia. por lo que se está legislando solamente teniendo en cuenta una conducta que puede ser temporal.
El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 02803/2022-CR que busca garantizar los derechos y garantías de los bienes y de la propiedad de las parejas del mismo sexo que hacen una vida en unidad.
Otra promotora de esta ley es la congresista fujimorista Martha Moyano Delgado (FP), quien retiró su Proyecto de Ley 05584/2022 para que la iniciativa de Cavero Alva continue con su proceso. Aclaró que su inspiración se basó en las iniquidades que sufren las personas homosexuales, por ser objetos de discriminación.
En el debate fue rechazada una cuestión previa para un mayor estudio y presentación de un nuevo dictamen, formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), por 14 votos en contra y 11 votos a favor; y un pedido de reconsideración a la votación que aprobó el dictamen, presentado por el mismo parlamentario, en la que obtuvo 12 votos en contra, siete a favor y tres abstenciones.
El planteamiento, con cargo a redacción, incluyó modificaciones al artículo 1 de la iniciativa legislativa, planteadas por el congresista Cavero Alva “para que no haya discusión de si se involucra o no la concepción o constitución de familia”. En ese sentido, dijo que define la unión civil como un acuerdo de voluntades.
Dijo que para evitar que se diga que se pretende cambiar el estado civil de las personas, la unión civil se constituye en registro de personas naturales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; y se propone que los bienes que adquiera cualquiera de los dos convivientes civiles durante la unión civil, se rigen por lo dispuesto en el numeral 5 del referido registro, que estipula que se puede optar por un régimen común o por separado.
Tras esta decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Isaac Mita (PL), el referido dictamen deberá ser incorporado a la agenda del Pleno para ser debatido y votado por la representación nacional.
Cavero Alva afirmó que es totalmente posible que un acuerdo de voluntades constituya ámbito patrimonial y otros derechos que los sucesorios, como la pensión por si uno de los dos fallece, decidir medicamente en caso de gravedad, poder visitar en un establecimiento penitenciario a su conviviente civil y otros.
Destacó que éstos y otros aspectos deben ser regulados a través de la ley, lo cual es reconocido como una necesidad en la sociedad.
La congresista Gladys Echaíz (HyD) sostuvo que no puede calificarse la unión civil como concepto de familia y consideró que no se debe legislar en forma contraria a lo establecido por la Constitución. Asimismo, que se puede regular de otra manera para evitar la discriminación existente. En esa misma línea se pronunció la congresista Tania Ramírez García (FP).
Dicen una cosa y redactan otra
Echaíz consideró que la exposición verbal del proyecto argumentaba una cosa, mientras el texto señalaba otra, lo cual tenía que ser aclarado para no confundir a los integrantes de la comisión.
No fue de la misma opinión el legislador José Jerí Oré (SP), quien sostuvo que en la propuesta no se plantea el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino el derecho patrimonial al que tienen derecho todos los miembros de la sociedad y aborda un tema que es parte de la realidad y es reconocida en diversas partes del mundo.
Sin embargo, lo que no dice Oré es que una persona soltera, sea homosexual o no, puede decidir dar en herencia su patrimonio a quien quiera, no necesitan ley para ello.
El congresista Muñante Barrios (RP), por su lado, indicó que la propuesta vulnera la Constitución, porque equipara y hace equivalente los derechos a la institución del matrimonio y uniones de hecho, establecidos en la Constitución.
