Niegan propiedades incautadas a la niñez desprotegida
Propiedades del narcotráfico, ¿quiénes se benefician, además de Francisco Távara?
En las operaciones contra el narcotráfico es usual que el estado se incaute de propiedades inmuebles y otros bienes, sin embargo, a la ciudadanía se le oculta la información sobre el destino de estos bienes y acerca de quiénes están usufructuándolos. Para saber si es fácil para una institución seria solicitar estos bienes en favor de la labor humanitaria por los niños, consultamos con María Pía Hermoza, representante de Acción por los Niños, quien arroja algunas luces respecto de esta situación.
Por un tiempo estos bienes se destinaban a los niños en abandono. Conforme han pasado los años, la infancia ha sido dejada de lado para dar paso a otras instituciones que niegan estos bienes a los pequeños necesitados y a otros grupos humanos que requieren de la solidaridad de la sociedad.
Para el solaz del presidente de la Corte Suprema sí hay casas
No obstante, hace poco hemos visto por ejemplo que uno de estos inmuebles había estado siendo disfrutado nada menos que por el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, quien lejos de renunciar, se mantiene en un cargo que debería ser ejemplo de rectitud, limpieza y transparencia para todo el Perú, pues es la cabeza de la administración de justicia.
María Pía Hermoza señaló que su institución ha intentado en vano solicitar una de estas propiedades para víctimas de trata de personas y se le hizo pasar por muchos trámites burocráticos sin que finalmente se les haya concedido el inmueble. “Lamentablemente sucede y estas situaciones tienen que ser de permanente vigilancia de la ciudadana para evitar que se les dé un uso inapropiado”, manifestó.
Niños sufren con la falta de identidad y el tráfico humano
María Pía señaló que, según el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), 110 mil nacimientos no son inscritos cada año en el Perú. Como habíamos señalado anteriormente, una de la causas de este desamparo social es resultado del “deporte” nacional de los varones de embarazar mujeres y no reconocer a sus hijos, “es una situación bastante dramática y grave porque un niño indocumentado no existe para el estado, por lo tanto, no cuenta para ser acogido por los programas sociales del gobierno, pero además, es pasible de ser víctima de redes organizadas, tanto de explotación sexual como de trata de personas o de cualquier otra red criminal que utilice a niños y adolescentes; es un grave problema social, la identidad es un derecho básico”, deploró.
Sobre este aspecto, indicó la necesidad de que no se desvincule el trabajo del Reniec del de las municipalidades. En nuestro país esta tarea de inscripción antes estaba a cargo de las municipalidades, ahora el Reniec tiene mandato para consolidar la información de las Demunas, que, aunque sea de manera mediatizada, contribuyen a que los niños accedan al registro cuando no se hizo de manera oportuna.
No obstante, las Demunas atienden casos que ocasionalmente encuentran, por ejemplo, mediante el trabajo social que realiza la municipalidad, sin embargo, no hay una verificación domicilio por domicilio para saber si existe un menor indocumentado, situación que los puede hacer víctimas de la trata de personas, como arriba se ha explicado.
Nos parece incomprensible la indolencia y lentitud del gobierno peruano manteniendo el estado de cosas que denunciamos, que dificulta la identificación vía DNI (que ahora pueden tener los menores) de las personas, pues la omisión favorece el tráfico humano hacia el extranjero. ¿Se pretende disminuir así un excedente poblacional de “perros del hortelano” o “futuros revoltosos”?
Los ciudadanos exigimos que vía internet se publique un listado del dinero y de los bienes muebles e inmuebles incautados en los últimos 25 años a traficantes de droga y otros delincuentes (por ejemplo secuestradores), con indicación exacta del destino de cada uno de los bienes incautados (casas, edificios, automóviles, avionetas, joyas, artefactos electrodomésticos, etc.). Existe la fundada sospecha de que las incautaciones en muchos casos favorecen a personas “bien relacionadas” o a instituciones que consideran botín de guerra estas incautaciones. ¿Dónde está la Contraloría, dónde está la farsesca ONA, que en lugar de ocuparse de estos asuntos se prestan, mediante maniobras psicosiciales, a encubrir tremendas inmoralidades?
