Perú requiere una ley de seguridad alimentaría para garantizar derecho a la alimentación
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, exhorta a congresistas electos a crear ley de seguridad alimentaria para enfrentar el hambre y la desnutrición crónica infantil que afecta al Perú, especialmente en las zonas rurales.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el hambre y la subnutrición en América Latina y el Caribe afectan a 52,5 millones de personas, lo cual evidencia que –a pesar de los esfuerzos que están realizando los Gobiernos en la Región– no se ha logrado reducir significativamente la inseguridad alimentaria y nutricional de su población más vulnerable, especialmente en el medio rural.
Con el fin de garantizar el derecho a la alimentación reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y adoptado por el Perú en el marco de los acuerdos internacionales suscritos, esta mañana el Gobierno peruano presentó una propuesta de Lineamientos de Política en Seguridad Alimentaria en la V Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, en la cual participan 15 países.
Durante la reunión de trabajo, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, exhortó a los congresistas electos a crear una ley de seguridad alimentaria para enfrentar el hambre y la desnutrición crónica infantil. En el Perú, en la zona rural, 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica. En el área urbana, 1 de cada 10 niños.
El evento es realizado por el Gobierno de Perú, a través de los Ministerios de Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Relaciones Exteriores, Salud y Educación, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que provee la secretaría técnica de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre.
En el Perú existe una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria aprobada por Decreto Supremo en el año 2004 y que se encuentra vigente hasta el 2015. Es importante destacar que la Seguridad Alimentaria es entendida como el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos.
Esta definición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de alimentos. En el caso de Perú se dieron a conocer los programas de intervenciones articuladas de las entidades públicas a nivel latinoamericano como la Estrategia Nacional CRECER conformada por el Gobierno nacional, regional y local, y las entidades privadas, la cooperación internacional y la sociedad civil en general.
Grupos vulnerables
La inauguración del evento estuvo a cargo del Ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, quien señaló que se requiere políticas focalizadas orientada a los grupos vulnerables para reducir la desnutrición crónica y la pobreza, priorizando los programas de seguridad alimentaria descentralizados que permitan mejoras en la nutrición, la salud y la educación de las madres y los niños.
La población en situación de pobreza en el año 2004 ascendía al 48.6% y en pobreza extrema 17.1%, al 2009 se han reducido ambos niveles a 34,8% y a 11,6%, respectivamente. Lo que aún representa un porcentaje considerable de personas en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
Los principales riesgos que enfrenta el país, respecto al suministro de alimentos, depende fundamentalmente de la vulnerabilidad en la producción de alimentos nacionales debido a los cambios climatológicos. En las últimas 12 campañas agrícolas se han perdido alrededor de 445 mil hectáreas de cultivos por eventos climáticos extremos, lo que equivale a 37.3 mil hectáreas por año.
En la conferencia se dio a conocer que los temas del evento son: Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria, Políticas Sociales, Políticas de apoyo a la agricultura familiar y los pequeños productores, el papel de la comunicación y la educación alimentaria y nutricional y el alza de precios de los alimentos.
El hambre y la subnutrición en la Región
Según estimaciones de la FAO, en 2010 el hambre y la subnutrición afectaban a 52,5 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo cual evidencia que, a pesar de los esfuerzos que han realizado los gobiernos en la región, no se ha logrado reducir significativamente la inseguridad alimentaria y nutricional de su población más vulnerable, especialmente en el medio rural.
“Este encuentro es muy importante ya que permite que los países hermanos dialoguen y discutan sobre las experiencias y progresos de cada país en el combate al hambre. A pesar de los obstáculos, desde la FAO creemos que hay lugar para esperanzarse, ya que los países participantes están comprometidos a garantizar el derecho a la alimentación para todos. La Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre nació de ese compromiso de los países para aunar esfuerzos, persiguiendo la completa erradicación del hambre y la desnutrición en una generación, garantizando además la seguridad alimentaria”, manifestó Juan García Cebolla, Coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.
Un factor común entre los países de América Latina y el Caribe es que el principal obstáculo para garantizar la seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos, ya que las familias más pobres no siempre disponen de los recursos necesarios para comprarlos. Esto se agrava durante situaciones de alza de los precios de los alimentos como la actual.
“Estamos atravesando un periodo especialmente complejo en términos de seguridad alimentaria, caracterizado por la alta volatilidad de los precios de los alimentos. Hay una tendencia estructural a que los precios se mantengan elevados. Los alimentos representan el 40% del índice general de los precios. Hay una relación directa entre el precio de los alimentos, la inflación y el acceso a los alimentos. La población destina hasta el 70% de su presupuesto a la compra de alimentos. Esta reunión permitirá un intercambio de conocimiento y experiencias en materia de leyes y políticas públicas que contribuyen a alcanzar el compromiso de los países de la región de erradicar el hambre dentro de una generación”, dijo Fernando Soto Baquero, director de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Para enfrentar esta situación, los países han implementado una serie de medidas que incluyen la creación de marcos legales para el derecho a la alimentación, el fortalecimiento de las redes de seguridad sociales y el apoyo a la agricultura familia. Según la FAO, estos son elementos claves de un conjunto de políticas para promover la seguridad alimentaria en los países.
Desde el 2005 en que se lanzó la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, 6 países han aprobado leyes de seguridad alimentaria y nutricional como son: Guatemala (2005), Brasil (2006), Venezuela (2008), Ecuador y Nicaragua (2009), y Honduras (2011). Igualmente, 9 países tienen proyectos de ley en tramitación parlamentaria.
Por otro lado, El Salvador, Haití, República Dominicana y Panamá han establecido en los últimos años órganos de coordinación de políticas y espacios de participación de la sociedad civil para la discusión de políticas de seguridad alimentaria y nutricional.
Colombia, Costa Rica y Perú han aprobado políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional con rango normativo y en el Caribe, CARICOM aprobó en el año 2010 una Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Asimismo, el Derecho a la Alimentación ha sido reconocido explícitamente en la constitución de Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
