Pérdida de dominio: arma del gobierno para persecución política
Autoridades regionales y locales serán perseguidas apelando al delito de extorsión, denuncia congresista Cayo Galindo
El vocero del Grupo Parlamentario Nacionalista, Cayo Galindo Sandoval, denunció que el gobierno podría utilizar la discutida Ley de Pérdida de Dominio como herramienta política para acallar a los presidentes regionales y alcaldes de las diversas localidades del país.
Galindo Sandoval explicó que “el gobierno, avalándose en los decretos legislativos N.º 982 y 992, podría solicitar la pérdida de dominio de cualquier autoridad regional o local, acusándolos del delito de extorsión, pues, como señala el artículo 200.° del decreto N.º 982, las autoridades que participen en huelgas, movilizaciones o paros, serán denunciados por este delito.
“Una vez que el gobierno logre denunciarlos por el delito de extorsión podrá aplicar dicha causal, contemplada en el inciso A del artículo 2.° del decreto Nº 992, como pretexto para solicitar la pérdida de dominio de dicha autoridad”, agregó Galindo.
El legislador manifestó que “este juego sucio que emprendió el partido de gobierno con la dación de este tipo de normas le permitirá acallar a cualquier autoridad que proteste en contra de las políticas aplicadas por el gobierno”.
Finalmente, Galindo Sandoval, instó a las autoridades locales y regionales a pronunciarse sobre estos decretos inconstitucionales que privan la libertad de movilización de los ciudadanos y que atentan contra los derechos de propiedad y la presunción de inocencia de todo ciudadano.
“Una vez que el gobierno logre denunciarlos por el delito de extorsión podrá aplicar dicha causal, contemplada en el inciso A del artículo 2.° del decreto Nº 992, como pretexto para solicitar la pérdida de dominio de dicha autoridad”, agregó Galindo.
El legislador manifestó que “este juego sucio que emprendió el partido de gobierno con la dación de este tipo de normas le permitirá acallar a cualquier autoridad que proteste en contra de las políticas aplicadas por el gobierno”.
Finalmente, Galindo Sandoval, instó a las autoridades locales y regionales a pronunciarse sobre estos decretos inconstitucionales que privan la libertad de movilización de los ciudadanos y que atentan contra los derechos de propiedad y la presunción de inocencia de todo ciudadano.
