Acción Popular rechaza acusación fujimorista de asesinatos
Gobiernos de Acción Popular nunca incurrieron en crímenes de lesa humanidad
Consultado sobre las declaraciones del vocero fujimorista Jorge Trelles, con relación a la frase que ellos “mataron menos que los dos gobiernos que les antecedieron”, el Congresista Yonhy Lescano, Secretario General del partido Acción Popular, rechazó enfáticamente dicha desatinada frase vertida.
“Acción Popular como partido con 56 años de historia, de tradición democrática inspirada en el respeto de las libertades civiles y los derechos humanos jamás ha incurrido en ejecuciones extrajudiciales, ni crímenes de lesa humanidad o violaciones a derechos humanos ni durante el gobierno del ex presidente Fernando Belaúnde Terry ni durante el gobierno de Valentín Paniagua, como pretende ahora imputar el señor Trelles, fujimontesinista que ahora se jacta de haber matado gente.
No olvidemos que Acción Popular mantuvo una posición opositora que se tornó más intensa a raíz del autogolpe del 5 abril de 1992, en el que Fujimori disolvió el Parlamento y violó la Carta Magna, iniciándose una violación sistemática de los derechos humanos. Esa férrea posición de defensa mantuvo Acción Popular hasta fines del año 2000, cuando Valentín Paniagua asumió, de manera transitoria, la Presidencia de la República, y no cesó hasta la recuperación de la independencia y separación de poderes y de los derechos y libertades ciudadanas”, señaló Lescano.
Finalmente, el parlamentario a la vez de lamentar la reprochable conducta de Trelles, que afrenta la memoria de su padre Oscar Trelles Montes, honorable y leal acciopopulista defensor de la democracia, invocó a la opinión pública a no prestar importancia a las desatinadas e impropias declaraciones del señor Jorge Trelles, recordando que el Congreso de la República en agosto del 2001, resolvió inhabilitarlo para el ejercicio de toda función pública hasta por 5 años por las graves inconductas por él cometidas vulneradoras de los principios democráticos y de respeto a las atribuciones de los Poderes del Estado y demás órganos constitucionales autónomos.
