Caso Azparrent: traidor pacto tácito Aprodeh-Gobierno Alan García
por Luis Alberto Pacheco; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APRODEH, la ONG que lidera Francisco Soberón, a petición de las dirigencias nacionales del MNI, ha asumido la defensa de Carmen Azparrent y compañía. Pero tal defensa ha sido asumida a regañadientes y con desgano. Y es que sabido es que la ONG de Soberón, que defiende los derechos humanos que más le convienen, ha pactado tácitamente (esto es vox populi) con el gobierno de Alan García: si ellos no fastidian, él no fastidia. Azparrent, quien sufre además de un extraño cáncer linfático, está en manos, no de incompetentes, sino, peor aún, de desganados que llevan el caso, sin quererlo.
Recordemos este caso nada ejemplar para la justicia peruana.
El 3 de marzo de 2008, Carmen Azparrent (hija del conocido dirigente ayacuchano del PC-Unidad y alcalde en ejercicio de Huamanga, Fermín Azparrent, que fue brutalmente asesinado en 1989, según se sabe, por las huestes senderistas que "reprochaban" el "revisionismo de los pseudocomunistas de izquierda unida"), llamaba insistentemente por teléfono a María Socorro Gabriel, su compañera de partido (ambas pertenecen al MNI), para comunicarle que pronto cruzaría, de retorno al país, el puente internacional que une al Perú con Ecuador. El teléfono celular no contestaba. De ahí la insistencia de las llamadas.
Finalmente, María Socorro Gabriel contestó al llamado telefónico, pero para avisar a Azparrent que se encontraba, conjuntamente con Guadalupe Hilario (una dirigente campesina de Huancayo), detenida en el control policial de Aguas Verdes, sin saber cuáles eran los motivos. Carmen, expresando su compañerismo y amistad, acudió inmediatamente en su ayuda. La PNP que la recibió "muy amablemente", terminó deteniéndola. Horas más tarde se enteraban que se les acusaba de "tener vínculos con las FARC y el MRTA" y de hallarse en esa condición infiltradas y "direccionando políticamente a las casas ALBA".
La "prueba irrefutable" de estas imputaciones: haber asistido como invitadas al "Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana", que se llevó a cabo en el Ecuador y que reunió a representantes de los movimientos y partidos políticos progresistas de América Latina que se identifican con el ideal del libertador.
El gobierno, a través de Alva Castro, no ha desaprovechado la ocasión y, dada la coyuntura que aquél mismo (a modo de cortina de humo ante el problema del fantasma de la inflación que recorre al Perú) ha generado, al "investigar" quién financia a las Casas Alba, presentó de inmediato a las "tres peligrosas terroristas del MRTA" que, con apoyo de las FARC, dirigen las Casas Albas en Perú. ¡Qué mejor anillo al dedo le podía haber tocado a Alva Castro! Y qué mala suerte la de estas tres mujeres, mayores de 50 años, que han tenido que "convertirse" en terroristas, para dar tranquilidad al gobierno.
La tercera semana del mes de marzo, las "terroristas" han sido recluidas en el penal Santa Mónica de Lima, por orden del "juez de jurisdicción supraespecial". El auto apertorio de instrucción señala que se presume que son terroristas porque "tienen ideas marxistas, maoístas, guevaristas".
El contenido de esta Resolución de inicio de proceso judicial, desde ya, revela la ignorancia e intencionalidad política del juez de la causa: ignorancia porque si se les acusa judicialmente de ser emerretistas, no puede ser posible que ellas, como tales, puedan profesar ideas maoístas, pues tal ideología era, como "expresión cualitativamente superior del marxismo", propia de Sendero Luminoso y no del MRTA, evidentemente el juez no tiene la menor idea de lo que habla y sólo responde a dictados ajenos a él; intencionalidad política, también, de utilizar a las detenidas como chivos expiatorios en contra de Casas Alba, a través de una evidente forma de terrorismo de Estado, de creación de miedo por inminente persecución a los "bolivarianos", el mensaje a éstos es totalmente claro.
Además, el juicio, per se, ya revela serias violaciones a los principios garantistas que un verdadero Estado de Derecho debe cautelar para ser tal. En este caso, el principio del juez natural, según el cual ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, cualquiera sea su denominación (art. 139°, inciso 3., Const. Política). Asimismo, se ha dictado orden de detención contra Azparrent y sus compañeras sin indicio ni prueba alguna más que por la imputación de que "tienen ideas marxistas, maoístas, guevaristas". Aún cuando esto último fuera cierto, profesar estas ideas no constituye delito, sino sólo cuando dichas ideas son la causa eficiente de acciones que van en contra del orden social y de la seguridad nacional, lo que no sucede en este caso.
Sin prueba alguna y nada más que contando con la especulación del Fiscal y del Juez que se prestan al juego político del gobierno (que los ha puesto en el cargo a través del Presidente del Poder Judicial), la detención de Azparrent resulta de una violación flagrante al artículo 135°, inciso 1., del Código Procesal Penal in vacatio legis que establece que para que el juez pueda dictar orden de internamiento a un penal deben existir indicios probatorios que vinculen al imputado con el delito que se le atribuye haber cometido. ¿Es un Estado de Derecho el que se vive en Perú?
El 3 de marzo de 2008, Carmen Azparrent (hija del conocido dirigente ayacuchano del PC-Unidad y alcalde en ejercicio de Huamanga, Fermín Azparrent, que fue brutalmente asesinado en 1989, según se sabe, por las huestes senderistas que "reprochaban" el "revisionismo de los pseudocomunistas de izquierda unida"), llamaba insistentemente por teléfono a María Socorro Gabriel, su compañera de partido (ambas pertenecen al MNI), para comunicarle que pronto cruzaría, de retorno al país, el puente internacional que une al Perú con Ecuador. El teléfono celular no contestaba. De ahí la insistencia de las llamadas.
Finalmente, María Socorro Gabriel contestó al llamado telefónico, pero para avisar a Azparrent que se encontraba, conjuntamente con Guadalupe Hilario (una dirigente campesina de Huancayo), detenida en el control policial de Aguas Verdes, sin saber cuáles eran los motivos. Carmen, expresando su compañerismo y amistad, acudió inmediatamente en su ayuda. La PNP que la recibió "muy amablemente", terminó deteniéndola. Horas más tarde se enteraban que se les acusaba de "tener vínculos con las FARC y el MRTA" y de hallarse en esa condición infiltradas y "direccionando políticamente a las casas ALBA".
La "prueba irrefutable" de estas imputaciones: haber asistido como invitadas al "Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana", que se llevó a cabo en el Ecuador y que reunió a representantes de los movimientos y partidos políticos progresistas de América Latina que se identifican con el ideal del libertador.
El gobierno, a través de Alva Castro, no ha desaprovechado la ocasión y, dada la coyuntura que aquél mismo (a modo de cortina de humo ante el problema del fantasma de la inflación que recorre al Perú) ha generado, al "investigar" quién financia a las Casas Alba, presentó de inmediato a las "tres peligrosas terroristas del MRTA" que, con apoyo de las FARC, dirigen las Casas Albas en Perú. ¡Qué mejor anillo al dedo le podía haber tocado a Alva Castro! Y qué mala suerte la de estas tres mujeres, mayores de 50 años, que han tenido que "convertirse" en terroristas, para dar tranquilidad al gobierno.
La tercera semana del mes de marzo, las "terroristas" han sido recluidas en el penal Santa Mónica de Lima, por orden del "juez de jurisdicción supraespecial". El auto apertorio de instrucción señala que se presume que son terroristas porque "tienen ideas marxistas, maoístas, guevaristas".
El contenido de esta Resolución de inicio de proceso judicial, desde ya, revela la ignorancia e intencionalidad política del juez de la causa: ignorancia porque si se les acusa judicialmente de ser emerretistas, no puede ser posible que ellas, como tales, puedan profesar ideas maoístas, pues tal ideología era, como "expresión cualitativamente superior del marxismo", propia de Sendero Luminoso y no del MRTA, evidentemente el juez no tiene la menor idea de lo que habla y sólo responde a dictados ajenos a él; intencionalidad política, también, de utilizar a las detenidas como chivos expiatorios en contra de Casas Alba, a través de una evidente forma de terrorismo de Estado, de creación de miedo por inminente persecución a los "bolivarianos", el mensaje a éstos es totalmente claro.
Además, el juicio, per se, ya revela serias violaciones a los principios garantistas que un verdadero Estado de Derecho debe cautelar para ser tal. En este caso, el principio del juez natural, según el cual ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, cualquiera sea su denominación (art. 139°, inciso 3., Const. Política). Asimismo, se ha dictado orden de detención contra Azparrent y sus compañeras sin indicio ni prueba alguna más que por la imputación de que "tienen ideas marxistas, maoístas, guevaristas". Aún cuando esto último fuera cierto, profesar estas ideas no constituye delito, sino sólo cuando dichas ideas son la causa eficiente de acciones que van en contra del orden social y de la seguridad nacional, lo que no sucede en este caso.
Sin prueba alguna y nada más que contando con la especulación del Fiscal y del Juez que se prestan al juego político del gobierno (que los ha puesto en el cargo a través del Presidente del Poder Judicial), la detención de Azparrent resulta de una violación flagrante al artículo 135°, inciso 1., del Código Procesal Penal in vacatio legis que establece que para que el juez pueda dictar orden de internamiento a un penal deben existir indicios probatorios que vinculen al imputado con el delito que se le atribuye haber cometido. ¿Es un Estado de Derecho el que se vive en Perú?
