Denuncian encubrimiento de ministros en informe de masacre en Bagua
Afirma que la responsabilidad recae en el presidente García y ex ministras como Cabanillas y Mercedes Aráoz.
El líder indígena Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sostuvo que el Congreso trata de encubrir la responsabilidad del presidente Alan García y sus ministros en la muerte de 34 policías y civiles en el año 2009, en Bagua, al culpar a los organismos no gubernamentales, a los medios de comunicación y hasta a oficiales de la Policía y relevar a los miembros del gobierno de responsabilidad penal.
El dirigente nativo censuró la decisión del pleno de aprobar el informe de la Comisión Investigadora, que solo encontró responsabilidad política en la extitular del Interior Mercedes Cabanillas y los exministros Mercedes Aráoz, Yehude Simon y Antero Flores-Aráoz.
Radicales
“Para justificar la agresión hacia los pueblos dicen que han intervenido las ONG o movimientos radicales. Esto no tiene lógica desde el pensamiento de los pueblos y lo único que hacen es tratar de justificar los hechos irresponsables que cometieron y que siguen cometiendo en relación a los derechos humanos”, dijo.
| DETALLE La ex ministra del Interior reconoció que “se pudo hacer más” para tener más diálogo e informar mejor a la población awajún y así evitar los hechos sangrientos ocurridos en Bagua, que costaron la vida a 34 peruanos. |
Pizango calificó el informe aprobado como contrario a los pueblos de la Amazonía, al tiempo que lamentó que algunos parlamentarios no entiendan que el gobierno vulneró los derechos de los indígenas y que la protesta fue para reclamar una vida digna.
En otro momento, consideró que el presidente electo Ollanta Humala debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y los convenios y tratados internacionales firmados por el Perú, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen el derecho a consulta.
Pizango añadió que el nuevo gobernante debe poner en vigencia el Convenio 169 de la OIT, que consagra el derecho de consulta previa, y hacer viable políticas públicas que incluyan sus propuestas para buscar el desarrollo armónico del país.
Decreto nefasto
La noche del último jueves, el Congreso solo estableció la responsabilidad política de la extitular del Interior Mercedes Cabanillas y los exministros Yehude Simon y Mercedes Aráoz en los luctuosos sucesos registrados tras una larga protesta amazónica provocada por el intento gubernamental de entregar las tierras de las comunidades indígenas a empresas mineras, petroleras y forestales.
El informe aprobado indica que los enfrentamientos entre los nativos awajún, que protestaban por la derogatoria del decreto legislativo 1090, y la Policía en la llamada “Curva del Diablo”, fueron azuzados por organismos no gubernamentales, con información falsa y exagerada. Entre las responsabilidades directas están la del entonces general PNP Luis Muruguza Delgado.
Para la congresista aprista Mercedes Cabanillas, el informe no constituye una sanción. “Yo no he recibido ninguna sanción, ya que la responsabilidad política se materializa poniendo el cargo a disposición. Eso yo lo hice, tuve que renunciar en pleno trabajo de modernización policial”, afirmó.
Cabanillas declaró que el Baguazo no fue provocado por la Policía o un ministerio. “Su origen fue un conflicto socioambiental, que data del año 2008, entre la población y las empresas mineras que se encuentran en la zona, las mismas que hasta el momento no saben convivir con las comunidades, ya que hay quejas de contaminación y temores de expropiación”, indicó.
Cabanillas dijo que “pone el pecho” por los policías que intervinieron en el Baguazo, ya que ellos no fueron a matar, sino que cayeron en una emboscada. También denunció que hubo elementos “entre congresistas y organizaciones de la sociedad civil” que interfirieron en el diálogo con las comunidades.
“Es una vergüenza”
Nada impedirá que el próximo Congreso y el nuevo gobierno sigan investigando la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en el conflicto ocurrido en Bagua, el 5 de junio del año 2009, sostuvo el congresista Guido Lombardi, expresidente del grupo de trabajo que indagó en los hechos.
“Nada impedirá, y espero que así sea, que el próximo Congreso y el gobierno sigan investigando las responsabilidades de Bagua, no por ánimo de venganza, no solo por justicia, sino porque lo que ha ocurrido en el Congreso a mí me da vergüenza, es no haber entendido nada”, expresó.
Dijo que el informe no visibiliza a los compatriotas que viven en la Amazonía y que tienen una cultura distinta, una cosmovisión distinta y, con legítimo derecho, aspiraciones distintas sobre lo que quieren que sea el desarrollo y búsqueda de felicidad. “Esa diversidad es lo que no se ha tolerado en el Congreso”, refirió.
Cuestionó que se responsabilice a la Iglesia y a las organizaciones no gubernamentales en los sucesos, tras recordar que el presidente Alan García intentó desvirtuar el hecho al acusar a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
“Entonces cuando se acusa a las ONG se dice ‘estos nativos no se pueden organizar solos, no, no se van a movilizar solitos, alguien los tiene que haber azuzado´. Según el presidente García era Chávez a través de las casas del ALBA quien azuzaba, ahora resulta que no es el chavismo, sino las ONG y la Iglesia”, argumentó.
Lombardi sostuvo que la ex ministra Cabanillas no reconoce la diversidad cultural del país, al referirse a las conclusiones del informe que fue aprobado por 44 votos a favor, y 21 en contra. La Primera.
