Ministerio de Trabajo se burla de los trabajadores
El editorial de este jueves del periodista César Lévano nos muestra una preocupante realidad: pese a las multas que se les impone, ciertas empresas inhumanas como Topy Top extrañamente no cumplen con pagarlas.
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| Manuela García |
El editorial de este jueves del periodista César Lévano nos muestra una preocupante realidad: pese a las multas que se les impone, ciertas empresas inhumanas como Topy Top extrañamente no cumplen con pagarlas.
En los últimos meses escuchamos a la ministra de Trabajo, Manuela García Cochagne, aparecer constantemente en televisión, donde anuncia pomposamente que realiza campañas de inspecciones e informa de multas impuestas por muchos millones.
Lo que no dice la ministra es lo que hace cuando los empleadores no pagan ni quiénes son. Realidades como la denunciada por Lévano demuestran que hay ciertos explotadores que gozan de extraños privilegios y roban al Estado al no pagar la multa, con la complacencia de la ministra de Trabajo, lo que si no se explica por incapacidad entonces sería un indicativo de corrupción.
Y que la ministra sea incapaz no es creíble, porque no es una improvisada que recién ingresa a ese ministerio. Es una profesional de carrera que sabe lo que hace y lo que hace es propiciar la burla de la ley por parte de las empresas que violan las leyes laborales, pues las invita a explotar al quedar impunes.
Escopeta de dos cañones
Bien podríamos también suponer que la ministra sólo acata la voluntad del Presidente de la República, pues tanto él como su partido son conocidos por practicar el arte de la escopeta de dos cañones: dicen una cosa y hacen otra. Y el ministerio y el gobierno dicen una cosa (que hacen cumplir la ley) y hacen otra: incentivar a los malos empleadores a burlar la ley pisoteando a los trabajadores.
Incluso, cuando ciertos empleadores han acumulado enormes deudas en multas no pagadas, ocurren extrañas y oportunas amnistías con un maloliente olor a faenón, como si el ministerio no necesitase esos recursos para sus funciones.
Ley faculta al ministerio a realizar cobranzas coactivas a los empleadores que no pagan las multas. Entonces, ¿por qué no cobran? ¿Sobornan a algún funcionario para no pagar? Si así, es, ¿a quién, a un jefe, un director o a la ministra? La respuesta debe conocerse y debe investigarse.
Burla olímpica a los trabajadores y al erario nacional
Otra prueba más de la escopeta de dos cañones es la increíble escena que protagonizó la ministra cuando acudió al velatorio de Lucho Barrios y declaró que estos días iniciará una campaña de inspecciones de obligaciones laborales, que se realizará en las clínicas y que abarcará los distritos de Surco, Jesús María y Santa Beatriz, información que además fue ampliada en los diarios.
Lo dijo con una risa burlona, y en efecto, es una burla a los trabajadores y al erario nacional porque una campaña de inspección se realiza en forma sorpresiva, no pregonando públicamente con tanta precisión no sólo a dónde irán, sino la clase de empresa que visitarán.
Es burla al erario nacional porque se destinarán recursos en la movilización de inspectores, los cuales prácticamente irán de paseo, pues habiendo sido tan bien avisados, los malos empleadores tomarán las precauciones para mentir a los inspectores, como sucede en estas empresas, que cuando se filtra la información, piden no asistir a los trabajadores que mantienen en condición ilegal.
¿Hará algo esta vez el Congreso de la República, cuya función es la fiscalización del poder ejecutivo? Deberían poner coto a esta burla, pues el sector Trabajo es fundamental en la economía y el sostenimiento de la equidad en las relaciones laborales.
El siguiente es el artículo mencionado de Lévano en La Primera:
Topy Top siniestro
Ni siquiera el Primero de Mayo descansó la mano cruel de Topy Top. Ese día despidió a 35 trabajadores (30 sindicalizados y cinco no afiliados al sindicato).
Esta acción inhumana exhibe la irresponsabilidad de una empresa cuyos métodos resumen el ánimo y el comportamiento de un empresariado que ha prosperado mediante la explotación inmisericorde, las jornadas de 12 horas y la ausencia de derechos laborales, incluido el de la libre sindicalización.
Topy Top es la empresa que en 2007, cuando se fundó allí el sindicato obrero, despidió a todos los sindicalizados. Esto suscitó una protesta del sindicalismo internacional, que logró una reposición luego burlada.
El abuso del 1 de mayo se ha producido horas antes de que Alan García, presidente de la República y del Apra, pronunciara un discurso en que afirmó: “Mi pedido es permanente y exigente: siempre debemos fomentar la sindicalización, que es instrumento de defensa de los trabajadores”.
“Hay que contar —agregó García— con sindicatos sólidos que colaboren con la redistribución de la riqueza”.
Palabras, palabras, palabras. Porque Topy Top, un consorcio que explota a 7,500 trabajadores, es reincidente pertinaz en despedir obreros, sobre todo si son sindicalizados, y más aún si son dirigentes sindicales.
Los 35 trabajadores recién lanzados a la calle son padres o madres de familia, algunos tienen seis años de contratos sucesivos, por lo cual resulta ridículo el argumento de que se les despide por “mala actitud”.
Mala actitud es la de los ejecutivos de Topy Top, que han rebajado a la tercera parte el valor de las horas extras o desnaturalizado los contratos de trabajo e implantado el salario mínimo como tope de ingresos.
Entre los “crímenes” del sindicato de Topy Top figura el haber presentado al Ministerio de Trabajo documentos que prueban que los despedidos tenían derecho a la estabilidad laboral.
¿Y el Ministerio de Trabajo? También dice fomentar los sindicatos. Hasta ha creado una oficina para la promoción sindical. Pero Topy Top sigue haciendo lo que le viene en gana.
En sólo este año, el Ministerio ha aplicado a Topy Top dos multas, cada una de 72 mil soles. Una por prácticas antisindicales, otra por obstrucción de la labor inspectiva sobre los contratos desnaturalizados y por no dar prueba de éstos a la autoridad de Trabajo.
El Ministerio ha citado cuatro veces a los representantes de la empresa, pero ellos no se han presentado. Tampoco pagan las multas.
Los abusos de esta empresa son intolerables, no sólo por el daño que causan a los despedidos, sino también porque atemorizan a los obreros de ese centro, y a la clase obrera en general.
Urge por eso la solidaridad, en especial de las ramas textil y de confecciones, y la apelación al internacionalismo sindical, como en 2007.
Lo que no dice la ministra es lo que hace cuando los empleadores no pagan ni quiénes son. Realidades como la denunciada por Lévano demuestran que hay ciertos explotadores que gozan de extraños privilegios y roban al Estado al no pagar la multa, con la complacencia de la ministra de Trabajo, lo que si no se explica por incapacidad entonces sería un indicativo de corrupción.
Y que la ministra sea incapaz no es creíble, porque no es una improvisada que recién ingresa a ese ministerio. Es una profesional de carrera que sabe lo que hace y lo que hace es propiciar la burla de la ley por parte de las empresas que violan las leyes laborales, pues las invita a explotar al quedar impunes.
Escopeta de dos cañones
Bien podríamos también suponer que la ministra sólo acata la voluntad del Presidente de la República, pues tanto él como su partido son conocidos por practicar el arte de la escopeta de dos cañones: dicen una cosa y hacen otra. Y el ministerio y el gobierno dicen una cosa (que hacen cumplir la ley) y hacen otra: incentivar a los malos empleadores a burlar la ley pisoteando a los trabajadores.
Incluso, cuando ciertos empleadores han acumulado enormes deudas en multas no pagadas, ocurren extrañas y oportunas amnistías con un maloliente olor a faenón, como si el ministerio no necesitase esos recursos para sus funciones.
Ley faculta al ministerio a realizar cobranzas coactivas a los empleadores que no pagan las multas. Entonces, ¿por qué no cobran? ¿Sobornan a algún funcionario para no pagar? Si así, es, ¿a quién, a un jefe, un director o a la ministra? La respuesta debe conocerse y debe investigarse.
Burla olímpica a los trabajadores y al erario nacional
Otra prueba más de la escopeta de dos cañones es la increíble escena que protagonizó la ministra cuando acudió al velatorio de Lucho Barrios y declaró que estos días iniciará una campaña de inspecciones de obligaciones laborales, que se realizará en las clínicas y que abarcará los distritos de Surco, Jesús María y Santa Beatriz, información que además fue ampliada en los diarios.
Lo dijo con una risa burlona, y en efecto, es una burla a los trabajadores y al erario nacional porque una campaña de inspección se realiza en forma sorpresiva, no pregonando públicamente con tanta precisión no sólo a dónde irán, sino la clase de empresa que visitarán.
Es burla al erario nacional porque se destinarán recursos en la movilización de inspectores, los cuales prácticamente irán de paseo, pues habiendo sido tan bien avisados, los malos empleadores tomarán las precauciones para mentir a los inspectores, como sucede en estas empresas, que cuando se filtra la información, piden no asistir a los trabajadores que mantienen en condición ilegal.
¿Hará algo esta vez el Congreso de la República, cuya función es la fiscalización del poder ejecutivo? Deberían poner coto a esta burla, pues el sector Trabajo es fundamental en la economía y el sostenimiento de la equidad en las relaciones laborales.
El siguiente es el artículo mencionado de Lévano en La Primera:
Topy Top siniestro
Ni siquiera el Primero de Mayo descansó la mano cruel de Topy Top. Ese día despidió a 35 trabajadores (30 sindicalizados y cinco no afiliados al sindicato).
Esta acción inhumana exhibe la irresponsabilidad de una empresa cuyos métodos resumen el ánimo y el comportamiento de un empresariado que ha prosperado mediante la explotación inmisericorde, las jornadas de 12 horas y la ausencia de derechos laborales, incluido el de la libre sindicalización.
Topy Top es la empresa que en 2007, cuando se fundó allí el sindicato obrero, despidió a todos los sindicalizados. Esto suscitó una protesta del sindicalismo internacional, que logró una reposición luego burlada.
El abuso del 1 de mayo se ha producido horas antes de que Alan García, presidente de la República y del Apra, pronunciara un discurso en que afirmó: “Mi pedido es permanente y exigente: siempre debemos fomentar la sindicalización, que es instrumento de defensa de los trabajadores”.
“Hay que contar —agregó García— con sindicatos sólidos que colaboren con la redistribución de la riqueza”.
Palabras, palabras, palabras. Porque Topy Top, un consorcio que explota a 7,500 trabajadores, es reincidente pertinaz en despedir obreros, sobre todo si son sindicalizados, y más aún si son dirigentes sindicales.
Los 35 trabajadores recién lanzados a la calle son padres o madres de familia, algunos tienen seis años de contratos sucesivos, por lo cual resulta ridículo el argumento de que se les despide por “mala actitud”.
Mala actitud es la de los ejecutivos de Topy Top, que han rebajado a la tercera parte el valor de las horas extras o desnaturalizado los contratos de trabajo e implantado el salario mínimo como tope de ingresos.
Entre los “crímenes” del sindicato de Topy Top figura el haber presentado al Ministerio de Trabajo documentos que prueban que los despedidos tenían derecho a la estabilidad laboral.
¿Y el Ministerio de Trabajo? También dice fomentar los sindicatos. Hasta ha creado una oficina para la promoción sindical. Pero Topy Top sigue haciendo lo que le viene en gana.
En sólo este año, el Ministerio ha aplicado a Topy Top dos multas, cada una de 72 mil soles. Una por prácticas antisindicales, otra por obstrucción de la labor inspectiva sobre los contratos desnaturalizados y por no dar prueba de éstos a la autoridad de Trabajo.
El Ministerio ha citado cuatro veces a los representantes de la empresa, pero ellos no se han presentado. Tampoco pagan las multas.
Los abusos de esta empresa son intolerables, no sólo por el daño que causan a los despedidos, sino también porque atemorizan a los obreros de ese centro, y a la clase obrera en general.
Urge por eso la solidaridad, en especial de las ramas textil y de confecciones, y la apelación al internacionalismo sindical, como en 2007.
