Derrumbe de Miraflores: copia fiel del de Gamarra

 

No podían pasar de peor manera su día los infortunados albañiles y sus familias, tras la desgracia sucedida en vísperas del Día del Trabajador. Inclusive, uno de ellos tenía lista su ceremonia de matrimonio, que esperaba realizar ese trágico día, después de sus labores.

Pero este caso es más grave que el de Gamarra, pues, no obstante ser semejantes los hechos, el antecedente de la tragedia en La Victoria ya debería haber sido mucho más que suficiente argumento para que todas las municipalidades, autoridades y las propias empresas constructoras tomen las previsiones del caso.

Al igual que en Gamarra, hubo queja de los vecinos ante la municipalidad por el daño a sus viviendas ocasionado por los trabajos iniciales de la obra de excavación, lo cual fue seguido por la negligencia o corrupción de la municipalidad, que, lejos de actuar de inmediato, permaneció en sospechosa inacción, permitiendo la continuación de lo que se convertiría en gigantesca tumba de cuatro esforzados obreros.

También es semejante el derrumbe, pues en ambos casos se trataba de un muro o calzadura que no cumplía con características mínimas de estructura y resistencia que asegurasen la estabilidad de las casas contiguas y la seguridad de la propia excavación.

La situación laboral de los trabajadores hasta el momento no se ha esclarecido debidamente, pues Mario Huamán, dirigente de la CGTP, aseguró que no estaban planilla, como en el caso victoriano; no obstante, la abogada de la empresa aseguró que sí tenían registrados en planilla a sus trabajadores.

El silencio administrativo

¿Cuántos muertos más, de gente del pueblo (la indiada) se necesitarán para entender que es negligencia criminal el silencio administrativo en el caso de construcciones? Tras la tragedia de Gamarra ya habíamos señalado este grave defecto de la irresponsable propuesta presidencial de dar alegremente luz verde a las construcciones —sin importar si cumplen con mínimos requisitos de seguridad—, como lo había mencionado en su artículo El Perro del hortelano (ver Alcalde de La Victoria pretende eludir responsabilidad).

Indeci

Por otro lado, las municipalidades cuentan con, por lo menos, un representante de Defensa Civil para verificar el estado de estas obras. ¿Qué hicieron? Al igual que el alcalde Manuel Masías, se han burlado de los vecinos que presentaron sus quejas.

Recordemos que los funcionarios de Defensa Civil gozan de una planilla dorada con pagos de hasta 42 mil soles mensuales en la modalidad de servicios no personales. No obstante, en el Ejecutivo ni en el Congreso se ve alguna acción para poner punto final a las desigualdades remunerativas que permiten que los peruanos mantengamos a grupúsculos de funcionaros con privilegios que no tienen justificación¹. Desde el 2001 todos los políticos prometen establecer una escala remunerativa única, pero, como siempre, no son más que promesas.

Medidas que hacen falta

Debe tomarse con cuidado la ley 29060, que norma el silencio administrativo, pues éste no debería ser aplicable a las construcciones, demoliciones ni remodelaciones, que son trabajos peligrosos que deben tener supervisión profesional y contar con la licencia respectiva.

Antes que silencio administrativo para otorgar licencias de construcción a ciegas, se debe endurecer las sanciones contra todos los funcionarios públicos lentos, pues la demora en la atención al público ha demostrado en todas las instituciones ser el origen de actos corruptos, donde los usuarios se ven obligados a pagar coimas para acelerar sus trámites. La ley de la coima no ha cambiado: donde hay un trámite lento, allí hay un coimero y un coimante.

Una falta recurrente es la no inclusión en planillas de los trabajadores. En vista de que, por lo menos por ahora, existe una grave carencia de inspectores laborales, las licencias deberían reformularse. Así, una primera etapa debería ser la aprobación del proyecto, la cual debería autorizar el inicio de la obra durante la primera semana, pero la empresa debería comprometerse a presentar copia de la planilla de sus trabajadores (incluyendo el ingeniero colegiado responsable) en un plazo máximo de tres días útiles siguientes al primer día de contrato. Esta copia debería ser entregada tanto al ministerio de Trabajo como a la municipalidad, la cual recién autorizaría la continuación de la obra, de lo contrario, cancelaría la autorización hasta que el ministerio de Trabajo imponga la multa respectiva y la empresa la pague. Sólo tras la confirmación del ministerio de que la empresa cumplió con pagar la multa y formalizar a los trabajadores, entonces la municipalidad podría autorizar la continuación de la obra.

Alan García debería dejarse de una vez por todas de proponer normas según los apetitos de los chilenos, pues es sabido que ahora en el rubro de empresas de construcción están ingresando capitales chilenos con voracidad. El Presidente debería entender que Chile no es un país digno imitar, pues en allí se permiten barbaridades, como explotar a los trabajadores obligándolos a usar pañales² o fumigarlos en pleno campo desde el aire. Si algo tenemos que copiar, tal vez podríamos recurrir a modelos europeos, donde tanto el trabajador como el amiente son respetados, no a modelos de un país subdesarrollado y ladrón como Chile.

Esperemos que tanto en La Victoria como en Miraflores, se llegue a determinar con claridad a los responsables, pues tanto Alberto Sánchez Aizcorbe como Manuel Masías y sus funcionarios tienen que responder por la vida de los obreros y los daños ocasionados a las familias vecinas.
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¹ Ver: Remuneraciones en sector público: Inequidad y desorden

² Ver ¿Qué hacen Wong y Cencosud en Palacio?