Aunque parezca increíble, los cárteles del narcotráfico en el Perú han logrado disfrazar el origen de sus millonarias fortunas bajo diversas modalidades: la compra de terrenos o bienes inmuebles, pequeños depósitos en instituciones financieras a cargo de un ejército de testaferros e inversiones en pequeñas y medianas empresas de fachada son sus principales formas de lavar el dinero de la droga. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía Nacional del Perú (UIF-PNP) señala que en tan solo cuatro años, entre el 2008 y el 2011, los capos de la droga consiguieron lavar activos por encima de los US$ 4,406 millones.
La realidad es bastante clara, el lavado de activos en el Perú se incrementó entre el 2007 y el 2008 en casi ocho veces. En el 2004 se identificaron US$ 97 millones, en el 2005 fueron US$ 466 millones, en el 2006 solo US$ 21 millones y en el 2007 se rastrearon US$ 203 millones. Lo extraño es que en pleno gobierno aprista, cuando se guardó bajo cuatro llaves y en los archivos del olvido la implementación logística y una mayor dotación de recursos económicos para la Unidad de Inteligencia Financiera, la cifra llegó en el 2008 a los US$ 1,681 millones, manteniéndose desde esa fecha en casi mil millones lavados por año, según un documento de la UNODC con información de la PNP.
“Si miramos bien las cifras, en un país donde hay alto índice de informalidad e indicios de una creciente economía ilícita en base al narcotráfico, se estima que estas sumas son incipientes, pudiéndose dar muchos más casos que no sospechamos. El tráfico ilícito de drogas es la mayor fuente de este dinero ilegal”, advierte Flavio Mirella.
Ahora la misión del Estado es ir más allá, dejar de mirar solo lo evidente y concentrarse en ejecutar una mayor investigación en áreas de producción de hoja de coca y cocaína, además de las poblaciones que se encuentran cercanas a estas zonas en donde existen, obviamente, movimientos económicos crecientes y en donde no hay capacidad de registrar este tipo de operaciones sospechosas. Un paso importante es la implementación de una oficina de la SUNAT en los Valles de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero esto todavía sigue siendo insuficiente al no existir verdaderos proyectos de desarrollo con inversión social y una mejor y mayor infraestructura.
“Yo creo que en el Perú sería conveniente pensar en una legislación sobre el levantamiento del secreto bancario y la pérdida del dominio de un bien. Solo así podremos enfrentar este delito y facilitar las investigaciones de la PNP. Incluso este delito puede tener facetas transnacionales; con ello, convenios multilaterales entre los países de la región para ser más eficaces en el rastreo de este dinero ilegal y, por supuesto, para recuperar parte de estos activos”, propone el representante de la UNODC.
NARCOTRÁFICO Y MINERÍA ILEGAL
Dos serían las actividades que mueven más dinero ilegal en el Perú: el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. Ambos se enmarcan en zonas altamente conflictivas en donde el empoderamiento de los mal llamados frentes de defensa regionales, junto al narcoterrorismo y la delincuencia organizada, han generado en varias ocasiones escenarios de violencia con saldos luctuosos. Grupos que tienen su propio poder territorial aprovechando la escasa o casi nula presencia del Estado. En el 2011, ambos sectores encubrieron el origen de más de US$ 1,000 millones. Sencillamente, increíble.
“Todos sabemos que en Madre de Dios se produce más oro del que se reporta, generando una economía paralela sobre estos minerales preciosos que distorsiona el mercado y crea una dependencia muy fuerte”, advierte Mirella. Es por ello que muchos de estos grupos buscan alianzas estratégicas como en el VRAE, donde los narcotraficantes y la minería ilegal (en menor proporción) solicitan la protección del terrorismo.
SENTENCIAS EFECTIVAS
Las condenas por el delito de lavado de activos entre el 2009 y el 2011 sumaron solo 13. Las mayores penas fueron para Gerardo Vásquez Ramírez a 25 años de prisión (se le incautó dos inmuebles y no se le exigió reparación civil); José de la Jara Arrué, sentenciado a 20 años de prisión (reparación de un millón de soles); Segundo Correa Gamarra, a 16 años (reparación civil de 20 mil soles) y Eufemio Fausto Bao Romero, a seis años de prisión (se le incautó una casa, un hotel, un campo deportivo y se le exige una reparación civil de 770 mil soles), son solo algunos de los casos emblemáticos.
“Hay que decirlo claramente: el lavado de activos no es un fenómeno que solo afecta al Perú, es un fenómeno global. Entonces hay que ser más eficaces en la investigación, hay que sentar más antecedentes. Concretamente, tenemos solo 13 sentencias desde el 2009 en procesos judiciales que se iniciaron el 2005. Se requiere más sentencias y más confianza en los operadores de justicia para ir detrás de estos dineros ilícitos. Hay que empezar a sentar precedentes”, finaliza el representante de UNODC.
ERIC PEREIRA - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Diario16, 25-06-12
