Consejo de Ministros aprobó proyecto para que sentenciados por corrupción no accedan a créditos si antes no pagan reparación civil al Estado.
El Ejecutivo aprobó hoy un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a las personas que han sido condenadas por delitos de corrupción en agravio del Estado, anunció esta tarde el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor.
Durante la sesión del Consejo de Ministros se dio luz verde a una iniciativa para crear el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles que obliga a las centrales de riesgo a incorporar la información de quienes mantienen deudas con el Estado por delitos de corrupción y, de esta manera, no puedan ser sujetas de crédito.
Esta medida se suma a la establecida en febrero pasado mediante un Decreto Supremo que prohíbe que los condenados por corrupción tengan algún tipo de beneficio penitenciario si antes no cancelan la reparación civil que le ha sido impuesta en el Poder Judicial.
“La corrupción en este Gobierno no pasará, y esta es una medida clara como lo ha planteado el Presidente de las República (Ollanta Humala)”, manifestó el titular de Justicia y Derechos Humanos en conferencia de prensa desarrollada en Palacio de Gobierno.
Agregó que las deudas que existen con el Estado por concepto de reparación civil supera los mil millones de nuevos soles, de los cuales solo se ha pagado el 1%, es decir, poco más de 10 millones de nuevos soles.
“Esto es un escándalo que el gobierno no va a tolerar y esta es la razón por las cuales se están dando medidas muy drásticas”, apuntó.
Además de esto, señaló Jiménez Mayor, se está modificando la Ley Concursal a fin que las personas que no cancelen sus deudas con el Estado sean declaradas insolventes por Indecopi de manera permanente y, asimismo, impedir que tengan contratos de locación de servicios con el Estado e inclusive, puedan ocupar cargos públicos.
Dijo también que se está planteando establecer de manera más precisa la competencia territorial en materia de procesos constitucionales de Amparo y Hábeas Data validando como domicilios de las empresas el que originalmente tienen registrado en la Sunat.
Solicitud de extradiciones
En otro momento, el ministro Jiménez informó que el Consejo de Ministros también aprobó 9 solicitudes de extradición a diversos países para el requerimiento de peruanos implicados en tráfico ilícito de drogas y corrupción, y entre ellos a un ciudadano procesado por el delito de omisión de asistencia familiar.
Sobre esto último, explicó que esto forma parte de una política del gobierno para dar solución a los miles de casos de menores que no reciben una pensión de alimentación por parte de sus progenitores.
Precisó que, por este delito, actualmente existen cerca de 800 personas con penas privativas de la libertad y condenas efectivas dentro del sistema penitenciario.
“La determinación de esta extradición es un signo más del gobierno para poder impedir la impunidad de aquellos progenitores, padres irresponsables, que no están pagando los alimentos a sus hijos”, sentenció.
