La Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del gobierno anterior, oficializó su informe final sobre la investigación de la remodelación de los colegios emblemáticos, en el cual concluye que existen indicios razonables sobre irregularidades en la firma del DU 004-2009, para formular denuncia constitucional en contra del expresidente Alan García.
El informe también recomienda denunciar constitucionalmente a los expremier Yehude Simon y José Chang Escobedo, así como al exministro de Educación Víctor Raúl Díaz Chávez y Pedro Sánchez (exministro de Energía y Minas encargado de la Cartera de Economía y Finanzas) por la presunta infracción del inciso 19) artículo 118 de la Constitución.
En conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos, el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, negó algún tipo de persecución política.
Luis Llatas, Juan Pari (Gana Perú), Yonhy Lescano ( AP), Enrique Wong ( Alianza contra el Gran Cambio) y los fujimoristas Carlos Tubino y Pedro Spadaro, firmaron el informe final que se presentó al Congreso, a fin de cumplir con el procedimiento correspondiente hasta su debate en el Pleno.
Los congresistas Wong, Tubino y Spadaro firmaron con reservas, sosteniendo que tienen discrepancias en el aspecto jurisdiccional en algunas de las conclusiones y recomendaciones, como en la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 004-2009, por el cual se ordenaron 77 obras a nivel nacional a través de exoneraciones vinculadas a diversas etapas de la remodelación de 52 colegios emblemáticos por un monto de S/, 1,251 millones 203 mil 350.70 nuevos soles.
La oficialización del informe coincidió con el Día del Maestro, por lo cual todos los miembros de esta comisión saludaron a los maestros y manifestaron estar comprometidos en la lucha contra la corrupción, para dotar de mejores condiciones para su trabajo con sus alumnos en las aulas.
Según la primera conclusión, la emisión del DU 004-2009 no concordó con un estado de emergencia y, por el contrario, a su amparo se habrían producido evasión de controles y el incremento considerable de los montos involucrados en la reconstrucción y rehabilitación de las instituciones educativas priorizadas, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y otras normas orientadas a garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado.
Además, el informe recomienda denunciar constitucionalmente al exviceministro de Gestión Institucional Víctor Díaz Chávez, por presunto delito de colusión, y al exministro José Chang por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, pues habría beneficiado a la Universidad San Martín de Porres, con licencia de goce de haber en el Rectorado, porque habría favorecido con contratos a entidades privadas cuando se desempeñaba como primer ministro.
Asimismo, el informe propone derogar el DU 004-2009 y recomienda solicitar al Ministerio de Educación el procedimiento de selección y contratación regular, normado por la ley de Contrataciones el Estado, en las obras vinculadas con colegios emblemáticos en ejecución.
La Comisión continuará con el encargo del Pleno de investigar las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el gobierno del ex presidente García,como los casos de Sedapal, Business Track, concesión de puertos, Cofopri, indultos, entre otros.
DENUNCIA A FUNCIONARIOS
La Megacomisión recomienda denunciar penalmente ante el Ministerio Público contra los funcionarios Asabedo Fernández Carretero, ex secretario general del MINEDU, Jorge Luis Guevara Zapata, ex jefe de la Oficina General de Administración y de la Unidad de Abastecimiento; Luis Huaylinos Maraví, Pedro Morales Gonzáles, César Gustavo Escate Flores, ex jefes de OINFE, por la presunta comisión del delito de colusión.
También recomienda solicitar al Ministerio Público que interponga denuncia penal contra el Consorcio DHMONT C&G- JLVITTERI Ingenieros, Constructora Málaga, Consorcio San José, Acruta &Tapia Ingenieros, Huidroingeniería SRL, Pérgola SAC, Building SAC, CEDOSAC, entre otras empresas que se habrían beneficiados con contratos para la supervisión y ejecución de obras.
