Al día siguiente de la declaración, por parte del gobierno, del estado de emergencia en tres provincias del país el 4 de julio de 2012, luego de una gran protesta contra la explotación minera, cinco periodistas fueron atacados y heridos. Para muchos este grado de violencia es consecuencia de la intervención de la policía que ha instaurado una fuerte represión. Sin embargo, en algunas ocasiones también ha sido consecuencia del descontento de los manifestantes frente a la cobertura periodística que se le ha dado a los diferentes acontecimientos.
"Es necesario llevar a cabo una investigación administrativa y penal frente a algunos graves excesos de la policía, sin esperar la resolución negociada del conflicto. El estado de emergencia que significa, a grandes rasgos, la prohibición de la libre reunión, no es una excusa para atacar el labor de informar de los periodistas. Esta información es necesaria en sí misma. La respuesta de la policía no puede ocultar el debate que ésta genera en la opinión pública", declaró Reporteros sin Fronteras.
El estado de emergencia fue reinstalado por el Gobierno de Ollanta Humala luego de una jornada de enfrentamientos en la que murieron tres manifestantes y otros veintiuno fueron heridos. La situación no se ha calmado desde entonces. El 5 de julio en Cajamarca, el director del diario local El Mercurio Ramiro Sánchez, fue golpeado con la vara de reglamento de la policía. Poco después, una bomba lacrimógena, que fue lanzada hacia un grupo de colegas, hirió al fotógrafo Frank Chávez Silva, según informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Reporteros sin Fronteras pudo contactar al corresponsal del IPYS en Cajamarca, Luis Chillón, quien destacó el "enorme riesgo" para la profesión que realiza la cobertura de este conflicto. Según él, en Celendín, los constantes tiroteos obligaron a algunos colegas a recluirse. Luego de la detención de un líder de la protesta contra el proyecto minero, Marco Arana, el Grupo de Intervenciones Rápidas del Perú (GIR) de la policía respondió con golpes a tres periodistas que trabajaban sobre la noticia: Francisco Landauri Miranda, reportero del canal ATV y su camarógrafo Néstor Galazar Mandujano y finalmente Yudith Cruzado Lobato, periodista de Radio Programas del Perú (RPP).
La preocupación por el medio ambiente, en especial por los recursos hídricos, explica la fuerte oposición al proyecto de explotación de oro Conga, del cual tiene una participación mayoritaria la compañía estadounidense Newmont Mining Co. El proyecto ya había sido suspendido en 2011 debido a manifestaciones locales. La controversia ha tenido esta vez eco a nivel nacional e incluso internacional.
Reporteros sin Fronteras señala, una vez más, los peligros a los que se enfrentan los periodistas y los observadores que deben cubrir sobre el terreno estos conflictos sociales y ambientales. Esta situación se ha percibido ya en otros contextos como en Chile (http://es.rsf.org/chile-el-tabu-medioambiental-evidenciado-17-05-2011,40291.html), en Panamá (http://es.rsf.org/panama-riesgo-de-que-se-niegue-el-ingreso-30-01-2012,41786.html) , en Colombia (http://es.rsf.org/colombia-testigo-molesto-del-abuso-28-02-2012,41954.html) o en Bolivia (http://es.rsf.org/bolivia-conflictos-mineros-y-protestas-19-06-2012,42815.html).
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